Italia solicita la incautación del ‘Aquarius’ por supuestas anomalías en la gestión de residuos

La pugna de Italia con los barcos de rescate de las ONG está lejos de cerrarse. La fiscalía de Catania ha solicitado este martes la incautación del Aquarius —el buque de Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterránée utilizado para rescates de inmigrantes en el Mediterráneo Central y el último de una ONG que quedaba en la zona— e investiga a 24 personas, la mayoría personal de MSF, por un supuesto tratamiento ilegal de residuos considerados peligrosos. La organización califica la decisión del fiscal como un “ataque preocupante e instrumental para bloquear el salvamento de vidas en el mar”.

La fiscalía acusa a los responsables de la embarcación de no haber clasificado y separado los residuos normales de los que se consideran peligrosos durante las escalas técnicas y los desembarcos en varios puertos italianos. E investiga un presunto tráfico ilícito de residuos. Según el informe, “hubo un tratamiento ilegal de residuos en 44 ocasiones y un total de 24.000 kilos de desechos”. Se trata de material sanitario, ropa “contaminada” que vestían los inmigrantes en el momento del rescate, restos de alimentos y otros residuos con potencial infeccioso.

El director de MSF en Italia, Gabriele Eminente, explicó en una rueda de prensa el martes por la tarde en Roma que siempre han llevado a cabo las labores de desembarco de residuos siguiendo los procedimientos estándar y de acuerdo con las indicaciones de las autoridades marítimas. “Estamos más que preparados para aclarar los hechos y somos responsables de los procedimientos operativos que seguimos, pero reafirmamos rotundamente la legitimidad y legalidad de nuestro trabajo humanitario”, dijo. Y calificó la acusación de “singular, muy desproporcionada y muy grave”, ya que “no se trata de discernir en qué bolsa dejar los despojos, sino que se habla de una cadena de tráfico ilegal de residuos”.

La fiscalía investiga a dos agentes marítimos encargados de la gestión de los residuos: el titular de la sociedad de intermediación marítima Mediterranean Shipping Agency, Francesco Gianino, del que se especifica que proponía la gestión de los residuos a menor precio si no se declaraba una posible peligrosidad de los desechos, y el representante legal de la empresa, Giovanni Ivan. El resto de los indagados es personal de la ONG que se ocupaba de la gestión de las misiones de rescate y también el comandante del Aquarius, el ruso Evgenii Talanin, y el primer oficial, el ucraniano Oleksandr Yurchenko.

Según las acusaciones, los investigados "compartieron, planificaron y realizaron un proyecto delictivo para la eliminación ilegal de un ingente cuantitativo de residuos peligrosos y con el riesgo de que fueran infecciosos, derivados de las actividades de socorro a inmigrantes con los barcos Vos Prudence (desde marzo de 2017 a julio 2017) y Aquarius (desde enero 2017 a mayo 2018)".

Eminente subraya: “Es absurdo imaginar que hemos puesto en marcha un sistema de tráfico de residuos con las autoridades subiendo a bordo cientos de veces en los desembarcos”.

La fiscalía ha dispuesto además el bloqueo de 460.000 euros en las cuentas de la ONG, que sería, según sus cálculos, el ahorro por no haber realizado una eliminación correcta de los residuos. E inmovilizará la nave si llega a aguas italianas o a algún puerto del país, ya que actualmente se encuentra atracado en el puerto de Marsella. “Piden bloquear un barco que ya está bloqueado”, dice Eminente. La autoridad marítima de Panamá retiró la bandera al Aquarius el pasado septiembre, lo que le impide navegar. Entonces la ONG denunció “brutales presiones” de Roma al país centroamericano. Este hecho, en el contexto de la política de puertos cerrados decretada en Italia por el ministro de Interior, Matteo Salvini, ha impedido que la embarcación pueda seguir con su labor de rescate.

Médicos Sin Fronteras que desde que comenzaron las operaciones en el Mediterráneo han rescatado a 80.000 personas y especificaron que estaban en el mar “para suplir una ausencia y la falta de un mecanismo eficaz de las instituciones y Gobiernos europeos”. La responsable de emergencias de MSF, Karline Kleijer, precisó que la investigación de la fiscalía de Catania es "un nuevo e inquietante intento de detener a cualquier coste la actividad de socorro y búsqueda en el mar".

Salvini, muy combativo con las ONG y los barcos que se ocupan del rescate de inmigrantes en el Mediterráneo, aplaudió la decisión de la fiscalía. “He hecho bien bloqueando los barcos de las ONG, he detenido no solo el tráfico de inmigrantes clandestinos, sino también, por lo que parece, también el de residuos tóxicos”, escribió en Twitter.

El fiscal jefe de Catania que conduce esta investigación, Carmelo Zuccaro, es conocido por su fijación con las ONG que operaban en el Mediterráneo Central para rescatar inmigrantes, contra las que ha dirigido varias investigaciones desde hace dos años y medio. Sus pesquisas sobre la presunta complicidad de estas organizaciones y los traficantes de personas hasta ahora no han arrojado ninguna conclusión. También él fue quien pidió recientemente el archivo de la investigación al ministro Salvini por detención ilegal, secuestro de personas y otros posibles delitos en su gestión del caso de la patrullera Diciotti el pasado agosto.