Trump restringe aún más los criterios de asilo ante el avance de la caravana

Donald Trump centró buena parte de su campaña de las elecciones legislativas en el discurso contra la inmigración irregular. Pasada la cita con las urnas, la ofensiva continúa. El presidente firmó este viernes una orden ejecutiva para denegar la protección a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera, endureciendo el sistema actual que permite revisar cada caso independientemente de cómo haya entrado en el país. Además, suspende y limita la entrada de cualquier extranjero a Estados Unidos a través de la frontera con México durante 90 días, salvo a los residentes permanentes legales y a los estadounidenses. La maniobra del mandatario tiene lugar tras días de ataques a la caravana de miles de centroamericanos que se dirigen hacia la frontera de México con EE UU en busca de asilo.

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La retórica de Trump durante la campaña electoral estuvo centrada en politizar y demonizar a los cerca de 5.000 buscadores de asilo que escapan de la pobreza y la violencia en Centroamérica y que avanzan hacia Estados Unidos. Con el objetivo de tocar el nervio republicano, el presidente alertó falsamente de que el país estaba siendo víctima de una “invasión” formada por “criminales”. El Pentágono movilizó 5.200 soldados en la frontera y Trump amenazó con que podría llegar a desplegar hasta 15.000. Este viernes, a pocas semanas de que la caravana llegue a destino, el mandatario ha endurecido los requisitos para poder otorgarles protección, en una apuesta que muchos consideran que va contra la Constitución y las leyes internacionales. Diversas ONG sostienen que el decreto de Trump es ilegal.

La orden ejecutiva se apoya en una ley de seguridad del Congreso que permite frenar las protecciones humanitarias en caso de que el país corra algún riesgo o esté en una situación de emergencia. "Nuestra frontera sur está en crisis. Los cientos de miles de extranjeros ilegales que han cruzado ilegalmente nuestra frontera representan una gran amenaza para la capacidad del Gobierno de hacer cumplir efectivamente las leyes de inmigración de nuestra nación”, ha explicado este viernes el fiscal general interino Matthew Whitaker. Trump, antes de emprender su viaje a París para celebrar el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, se limitó a decir: "La gente tiene que venir a los Estados Unidos por los puntos de entrada".

Trump hará uso de la misma autoridad que utilizó para implementar su polémico veto migratorio a siete países, cinco de ellos de mayoría musulmana, apelando otra vez a la seguridad nacional. La batalla legal que se produjo para su entrada en vigor terminó en el Tribunal Supremo, que finalmente dictaminó que no era discriminatorio ni un exceso de poder presidencial. El mismo camino legal le puede esperar a esta nueva medida contra los solicitantes de asilo. "La ley es clara: las personas pueden solicitar asilo, estén o no en un puerto de entrada, e independientemente de su estado migratorio", dijo Omar Jadwat, portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). "El presidente no puede ignorar esa ley, incluso si no le gusta".

Desde 2014, las solicitudes de asilo en la frontera se han cuadruplicado, lo que se suma a una acumulación de más de 750.000 casos pendientes en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. “Nuestro sistema de asilo está sobrecargado, con demasiadas peticiones injustificadas de extranjeros que suponen una tremenda carga para nuestros recursos", señalaron la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el fiscal general interino, Matt Whitaker, en un comunicado conjunto. Como posible solución, los funcionarios del Gobierno afirmaron que los inmigrantes podrían solicitar otros dos programas menores que tienen muchas menos probabilidades de permitirles permanecer en el país.

Desde hace algunos años, el porcentaje de solicitantes de asilo que lo consiguen fluctúa en torno al 20%. Lo que ha intentado Trump desde que llegó a la Casa Blanca es elevar las exigencias para que menos inmigrantes puedan pasar el primer filtro y así poder deportarlos rápidamente y evitar que se los derive a los tribunales. Al haber tanta demanda, la cita para revisar el caso en los tribunales puede tardar hasta un año. Trump sostiene que las lagunas legales permiten que muchos inmigrantes no acudan a las audiencias y se queden a vivir de forma irregular en Estados Unidos.

En el primer semestre de 2018 fueron desestimadas el doble de peticiones de inmigrantes que en los últimos seis meses de 2017. Los tribunales determinaron que solo un 14,7% de las peticiones superaban el umbral de “miedo creíble”, según cifras oficiales obtenidas por investigadores de la Universidad de Syracuse. El “miedo creíble” es como se denomina a la primera etapa en la petición de asilo defensivo, cuando las autoridades entrevistan al solicitante para determinar si tiene un “miedo creíble de persecución”. Se prevé que este semestre la cifra pueda ser aún menor ya que desde el pasado junio, la violencia doméstica o de pandillas en el país de origen del solicitante ya no bastan como único motivo para superar el filtro que permite pedir protección en EE UU. Y a partir de ahora ya no importará la razón que sea, si es que se entró en el país ilegalmente.