ONG dedicadas al asilo sostienen que la prohibición de Trump es ilegal

El derecho al asilo, nacido en 1951 de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, está bajo creciente presión sobre todo, pero no solo, desde Estados Unidos. La decisión del presidente Donald Trump de rechazar las peticiones de asilo de prácticamente todo el que entre ilegalmenteen su territorio es solo la última de las restricciones al derecho a la protección internacional de las víctimas de persecución por su raza, nacionalidad, religión, etcétera.

Acnur (la agencia de la ONU para los refugiados) ha emitido un medido comunicado en el que recalca que todos los países, incluido EE UU, “deben dar protección internacional sin obstrucción ni dilación”. Afirma que “en un mundo ideal los solicitantes de asilo deberían cruzar las fronteras legalmente”, pero añade que “la insuficiente capacidad de los puestos fronterizos el sur de Estados Unidos (...) fuerza a personas desesperadas a cruzar ilegalmente”. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la organización cívica que lideró la lucha en los tribunales contra el veto migratorio con el que Trump estrenó su mandato, ha recalcado que “la legislación estadounidense permite a los individuos solicitar asilo estén o no en un puesto de entrada (fronterizo). Eludir eso por decreto es ilegal”.

Para el Internacional Rescue Committee (ICR) este cambio normativo “viola la legislación nacional (de EE UU) e internacional” además de suponer “un veto total a familias vulnerables que huyen de la violencia y persecución en busca de seguridad en Estados Unidos”. Trump ha insistido en la reciente campaña electoral que la caravana de migrantes centroamericanos que avanza por México hacia Estados Unidos supone una amenaza.

La nueva norma “viola directamente el artículo 31 de la convención de los refugiados de 1951, que prohíbe a los Estados penalizar a los refugiados por entrar (en el país) ilegalmente”, explica Minos Mouzourakis, coordinador de la base de datos sobre asilo del European Councilon Refugees and Exiles (ECRE). Pero existen precedentes, o circunstancias, similares de la situación adoptada por Washington, explica Mouzourakis. Este experto en asilo añade que “Hungría devuelve sistemáticamente a cualquier solicitante de asilo que entra ilegalmente a través de la valla y les obliga a entrar a través de zonas de tránsito (legales) donde, de nuevo, son ilegalmente detenidos”. Hungría es el país de la Unión Europea más abiertamente hostil a los migrantes en general y solicitantes de asilo en particular.

En sus dos primeros años de mandato, Trump se ha esforzado por restringir el derecho al asilo y limitar la política migratoria, un puntal clave de la formación del país que preside este descendiente de alemanes. Además de imponer un veto migratorio a los países de mayoría musulmana (avalado por el Tribunal Supremo), esta Administración republicana ha ido aceptando cada año menos refugiados –casi 79.000 en 2016, casi 25.000 en 2017, según Acnur-- y ha ido reduciendo la cuota anual. En septiembre anunció que reduciría a 30.000 el máximo de los admitidos para el próximo año desde terceros países. Es el umbral más bajo impuesto por EEUU desde 1980 y supone un gran recorte respecto al límite de 45.000 para el año en curso. EEUU ha sido históricamente, junto a Canadá, Australia o Reino Unido, uno de los países más generosos con los refugiados.