El Supremo se convertirá en el dique ante medidas extremas en Brasil
Bajar la edad penal o dar poder a la policía enfrentará a Bolsonaro con el Tribunal
Jair Bolsonaro acaparará desde el próximo 1 de enero poder para llevar a cabo transformaciones sísmicas en la política brasileña. Y la única institución que puede oponérsele con efectividad será el Tribunal Supremo. Este tribunal, al que Bolsonaro ha dedicado no pocos comentarios despectivos durante la campaña, deberá ejercer ahora de muro de contención para los planes más radicales del político ultraderechista, que prácticamente no tendrá otra oposición para poner en marcha su plan de llevar a Brasil “a como era hace 40 ó 50 años”. Será, previsiblemente, un enfrentamiento inédito entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
La relación entre el Tribunal Supremo y Bolsonaro pasa, además, por el peor de los malos momentos. Hace una semana, se filtró un vídeo en el que Eduardo Bolsonaro, hijo del nuevo presidente y también diputado, aseguraba que para cerrar el Supremo no había que mandar ni un jeep con tropas, que bastaba con un “cabo y un soldado”. Añadió que no se produciría ninguna reacción popular a la medida. El decano, Celso de Mello, tildó el discurso de “golpista”.
Bolsonaro, posteriormente, remitió una carta al decano prometiendo honrar al Tribunal y a su papel de “guardián de la Constitución”. Los conflictos que vengan a partir de ahora —y vendrán varios, si Bolsonaro de verdad pretende llevar a cabo las principales promesas de su campaña— no se resolverán con diplomacia.
El exmilitar necesitará pedir reformas a la Constitución para cumplir sus principales propuestas y esto le pondrá cara a cara ante un Supremo donde no cae necesariamente bien. Su propuesta estrella es de dar inmunidad a los policías que, estando de servicio, maten a un presunto delincuente.
“Eso sería claramente declarado inconstitucional porque vulnera el derecho a la vida. No se puede dejar un bien jurídico como la vida sin protección ante la acción policial”, alerta Oscar Vilhena, profesor de Derecho Constitucional de la fundación Getúlio Vargas.
Otra de las promesas que, de llevarse a cabo, enfrentarán al Ejecutivo y al Supremo es la de recortar la edad penal de 18 a 16 ó 17 años. Esta vez no está tan claro que el nuevo presidente tenga las de perder, pero tampoco lo tendrá fácil con el Supremo. “Rebajar la edad penal, en este momento, significará poner que más personas acaben en prisión. Y el Supremo ya se ha manifestado diciendo que el sistema penitenciario brasileño está en estado de inconstitucionalidad”, reflexiona Rafael Mafei, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo.
Flexibilizar la venta de armas, tal vez la propuesta menos popular entre los votantes de Bolsonaro según los sondeos de la semana pasada, encontrará menos resistencia en el Supremo. No es, técnicamente, ilegal, aunque sea impopular y potencialmente peligrosa.
“Imagino que el Supremo dirá que, aunque no le parezca bien, no puede hacer nada porque no viola la Constitución de forma patente”, razona el profesor Vilhena
La guerra institucional que se avecina
A las propuestas de la rebaja de la edad penal, la mayor facilidad para tener armas y la inmunidad policial vendrán otras. Y el enfrentamiento entre el presidente y el Tribunal Supremo proseguirá, previsiblemente.
“Creo que, para todo lo que suponga una afrenta grave a la Constitución, el Tribunal Supremo deberá plantar cara y presionar al Gobierno. Y en muchas otras cosas, los jueces pueden incluso no estar de acuerdo personalmente pero no van a declararlas inconstitucionales”, pronostica Oscar Vilhena, profesor de Derecho Constitucional de la fundación Getúlio Vargas.
En los últimos días de campaña, ocurrió algo inusitado. Grupos de policías entraron en 35 universidades para confiscar propaganda electoral en el campus (generalmente en contra de Jair Bolsonaro). Seguían órdenes de varios Tribunales Electorales Regionales. La Fiscal General de Brasil, Raquel Dodge, pidió una medida urgente al Tribunal Supremo para defender tanto la libertad académica como la de expresión. Aceptó una de las jueces del Alto Tribunal, Carmen Lúcia, que aprovechó para publicar una resolución que se leyó en todo el país como una declaración de intenciones para la guerra que se les avecina: “Toda forma de autoritarismo es inicua. Y peor aún cuando viene de parte del Estado”.
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