Amnistía Internacional atribuye a la policía de Nicaragua posibles asesinatos de varios opositores del Gobierno

No solo los grupos armados progubernamentales. Las fuerzas policiales de Nicaragua también han cometido posibles ejecuciones extrajudiciales. Esa es una de las principales conclusiones que Amnistía Internacional (AI) ha presentado en un nuevo informe hecho público este jueves en Madrid. La ONG de Derechos Humanos también denuncia en el documento que se ha estrechado la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los grupos parapoliciales para poner fin a las protestas de opositores en Nicaragua. Las turbas antidisturbios que antes operaban por su cuenta actúan ahora en coordinación con las fuerzas de seguridad. 

Más información

La nueva revolución de Nicaragua

La muerte se cruza con su verdugo en Monimbó

La parroquia que resistió contra las huestes de Ortega

El informe, de 56 páginas, es el segundo que elabora la ONG sobre la violencia en el país centroamericano desde que el pasado 18 de abril se produjeran las primeras protestas con motivo del impopular recorte de las pensiones aprobado por el Ejecutivo de Daniel Ortega, y que pronto derivaron en un pulso a la continuidad en el poder del presidente. Más de 320 personas han fallecido tras casi medio año de enfrentamientos. Las ONG denuncian que aproximadamente 300 personas han sido encarceladas de forma ilegal y más de 20.000 nicaragüenses se han refugiado de la violencia en la vecina Costa Rica. 

En el primer informe presentado el pasado junio la organización ya alertaba de posibles ejecuciones extrajudiciales en los enfrentamientos de manifestantes con fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales. Pero con el documento presentado este jueves, que analiza la violencia entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre, la ONG da un paso más allá al asegurar que cuenta con evidencias que responsabilizan directamente a la policía del asesinato de al menos tres manifestantes. 

Leyting Ezequiel Chavarría Pérez, de 16 años, Bryan Odoniel Picado Blandón, de 22, y Benito Rodríguez González, de 34, fallecieron bajo arma de fuego en la madrugada del 24 de julio en la localidad de Jinotega —a unos 150 kilómetros al norte de Managua— cuando huían de la policía y de grupos progubernamentales armados. Amnistía afirma que los tres hombres fueron ejecutados por policías nacionales antimotines. La organización basa su acusación en testimonios, vídeos y audios que asegura haber recabado. Chavarría fue disparado a escasa distancia, y junto a su cadáver se halló un tirachinas, según el relato de la ONG, 

AI sugiere también que las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos fundamentales no han sido prácticas puntuales de la policía y los grupos armados progubernamentales, sino que se han producido "posiblemente bajo el orden y control de las altas autoridades nicaragüenses". Además de las ONG, la ONU también ha denunciado ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos en el país centroamericano. El informe también recoge que "una minoría de manifestantes" ha atacado a fuerzas policiales y simpatizantes de Ortega y "en ocasiones aisladas" causado su muerte.

El Gobierno de Nicaragua y la oposición, conformada por importantes grupos de estudiantes, la patronal y la Iglesia, fracasaron en un primer intento de diálogo iniciado en mayo y que descarriló dos meses después debido a la negativa del presidente a convocar elecciones. Desde entonces las conversaciones se han estancado, Ortega ha declarado las protestas ilegales y aunque ha disminuido el número de víctimas mortales en los enfrentamientos de las últimas semanas, la situación política en el país continúa siendo frágil. 

Torturas

El policía Faber López advirtió a sus familiares por teléfono de que la conversación que mantenían el pasado 7 de julio podía ser la última. López era crítico con la actuación de las fuerzas de seguridad y había solicitado abandonar el cuerpo al que pertenecía, la policía antimotines. Los superiores del cuerpo habían rechazado la petición. "Si no llamo mañana, es que me han matado", les dijo a sus familiares.

Un día después, el trágico augurio se cumplió y la familia de López recibió la notificación de que el cadáver del policía, de 23 años, se encontraba en el Instituto de Medicina Legal. La autopsia oficial aseguró que López murió bajo fuego opositor en la ciudad de Diriamba —40 kilómetros al sur de la capital—, aunque la familia asegura, según el relato de la ONG, que una segunda evaluación independiente concluyó que en el cadáver no había restos de armas de fuego, sino múltiples signos de tortura. Creen que debido a la decisión de abandonar el cuerpo de policía, López fue primero torturado y después asesinado.

AI asegura que solo en los meses de junio y julio ha documentado 12 casos de tortura.

Falta de investigación

La ONG denuncia en el informe que los levantamientos de cadáveres y las autopsias no son realizados "de acuerdo con las diligencias mínimas e indispensables". En particular, la organización denuncia que de las seis posibles ejecuciones extrajudiciales que ha detectado, en tres casos el levantamiento del cadáver "no se realizó conforme a las directrices mínimas del estándar internacional". El informe apunta también que en cinco de los seis posibles asesinatos documentados o no se realizó la autopsia o se hizo de manera deficiente.