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Entre los cambios que ha generado la inédita rebelión popular en Nicaragua, que desde hace 43 días exige en las calles la salida del presidente Daniel Ortega del Gobierno, está el fin del modelo corporativista que durante diez años fue uno de los principales pilares que le daban estabilidad al régimen. La noche del martes el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal cámara empresarial del país, demandó a sus miembros a renunciar de “forma inmediata” a cualquier relación que mantuvieran con el Ejecutivo de Ortega, mientras que dos de los más poderosos empresarios del país, Carlos Pellas y Piero Coen, afirmaron que ese modelo corporativista “se agotó” y que es necesario un cambio de Gobierno.

El COSEP afirmó en un comunicado hecho público la noche del martes que a partir del 18 de abril –cuando Ortega desató una feroz opresión contra las manifestaciones que se oponían a una reforma a la Seguridad Social impuesta sin consenso– suspendió su participación “en cualquier reunión con las autoridades del Gobierno como consecuencia de nuestro rechazo a la represión y nuestro compromiso con la justicia y la democracia de Nicaragua”. Muchos miembros de la cámara, sin embargo, mantenían cargos en comisiones, comités o justas directivas de instituciones públicas, dentro del modelo de alianza entre el sector privado y el Gobierno desarrollado por Ortega. Desde ayer esa relación quedó rota.

Los empresarios criticaron la represión y los actos de violencia desatados desde el Ejecutivo, que no ha implementado las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió el fin de toda forma de represión, el respeto al derecho de los nicaragüenses de protestar de forma pacífica, la protección de los manifestantes y la creación de un mecanismo internacional, autónomo, para investigar y esclarecer las violaciones a los derechos humanos en el país desde abril.

El lunes, Nicaragua vivió una de las jornadas más violentas desde abril, después de que huestes del Frente Sandinista, grupos parapoliciales y oficiales antidisturbios atacaran el campus de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde se habían atrincherado un centenar de estudiantes que exigía el fin del Gobierno sandinista. Las imágenes retransmitidas en vivo por la televisión mostraban a los oficiales disparando a mansalva en el que es el corazón comercial y financiero de Managua. La violencia dejó dos muertos, más de cuarenta heridos, una veintena de jóvenes apresados, comercios atacados, quemada la fachada de una radio progubernamental y periodistas agredidos. Familiares de esos detenidos se presentaron el martes a la sede de la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, popularmente conocida como “El Chipote” y denunciada como centro de torturas. Las madres de estas personas exigían su liberación y tras varias horas de presión un grupo de sacerdotes pudo acceder al edificio. Tras una rápida negociación lograron la promesa de las autoridades de liberar a 22 jóvenes capturados el lunes. Fueron entregados en la Catedral Metropolitana de la capital nicaragüense, pero otras madres informaron de que en la lista no estaban sus hijos, a quienes dan por “desaparecidos”. “Demandamos la inmediata liberación de los jóvenes y ciudadanos que todavía continúan ilegalmente detenidos”, dijeron los empresarios en su comunicado.

Los empresarios del sector turístico de Nicaragua –uno de los pilares de la economía de este país– también se pronunciaron la noche del martes. Este gremio ha sido duramente golpeado por la crisis. Hay hoteles en las ciudades coloniales de Granada y León –postales de presentación de este país frente al mundo– que no cuentan con huéspedes, otros que funcionan al 20% de su capacidad, mientras los restaurantes informaron de pérdidas de hasta el 50%. En su comunicado la Cámara del Turismo responsabilizó al Gobierno de la violencia e instó a todos sus miembros a participar en una manifestación nacional que se realizará este miércoles, Día de las Madres en Nicaragua, que será encabezada por las madres de los muertos por la represión. La manifestación, a la que se unirán todas las cámaras empresariales, los universitarios, campesinos y organizaciones de la sociedad civil promete ser gigantesca. “Reiteramos nuestra posición firme y clara al lado del pueblo que lucha para alcanza justicia para los asesinados, heridos, torturados, desaparecidos y detenidos ilegalmente”, dijeron los empresarios. “El turismo, algún día, cuando la paz brille en nuestro suelo patrio, podremos recuperarlo, pero las vidas de más de 90 hermanos nicaragüenses, en su gran mayoría estudiantes en la flor de la juventud, no podremos recuperarlas jamás. Por eso y por ellos exigimos justicia”.

Las declaraciones más sintomáticas de la ruptura con el Gobierno vinieron, sin embargo, de dos de los principales empresarios del país. Piero Coen, presidente de un grupo de empresas con intereses en el sector agroindustrial, de finanzas y bienes raíces, criticó la feroz represión del Gobierno en una entrevista con el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de la revista Confidencial. Coen abogó por una salida “rápida, ordenada y pacífica” de la crisis y afirmo que el modelo corporativista era “insostenible”. Para Coen los empresarios “ya no marcamos la pauta”. En términos similares se expresó Carlos Pellas, el poderoso empresario que lidera el Grupo Pellas, productor del famoso Ron Flor de Caña, quien en una entrevista con el diario La Prensa dijo que “el modelo que traía el país se agotó” y que se necesita “de forma urgente” un cambio, lo que pasa por adelanto de elecciones y “profunda transformación institucional”.

Ortega había impuesto durante diez años un modelo económico en el que las decisiones se tomaban entre él y la cúpula empresarial. El mandatario les garantizaba a los empresarios estabilidad y ventajas para hacer negocios, mientras estos no intervenían en las decisiones políticas de Ortega y su deriva autoritaria. Así, permitieron el secuestro de las instituciones, la reforma a la Constitución para que el exguerrillero sandinista se perpetuara en el poder y desarrollara un Gobierno dinástico, con su esposa como vicepresidenta, y con denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y la libertad de prensa.

“A Ortega ahora se le ha configurado el peor escenario. Tiene a la gente en las calles, la demanda ciudadana que exige que se vaya del poder y ahora se le ha caído el modelo que era uno de sus pilares, la relación con el capital”, explica a EL PAÍS, Azahaléa Solís, jurista participante en la mesa del Diálogo Nacional que pretende hallar una solución a la profunda crisis política que sufre el país. “Este escenario es más sombrío para Ortega”, agrega. Solís añade que ahora no puede haber “aterrizaje suave”, es decir, una solución a largo plazo a través de un acuerdo configurado con la OEA, que apostaba a que Ortega terminara su mandato en 2021. “Ese acuerdo queda desfasado y es anacrónico”, ha dicho la analista. Aunque es difícil prever cuál será la respuesta de Ortega frente a la ruptura de los empresarios, una acción simbólica del mandatario demuestra su debilidad: ordenó construir barricadas con enormes piedras alrededor de su casa, en el capitalino barrio del El Carmen, y aumentó el perímetro de seguridad, con decenas de oficiales armados en la zona.