El poder queda en familia

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asistió a finales de enero a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Costa Rica, acompañado de una comitiva familiar. Para el evento el mandatario había nombrado a su mujer, Rosario Murillo, como “canciller en funciones de Nicaragua”, y a dos de sus hijas, Camila y Luciana, como asesoras presidenciales, mientras que el mayor, Rafael, asistía con rango de ministro. Con este viaje familiar el mandatario, llamado Comandante Ortega en Nicaragua, dejaba en evidencia a nivel internacional una de sus prácticas comunes desde que regresó al poder en 2007, el nepotismo como política de Estado.

Desde que asumió la presidencia, tras casi dos décadas en la oposición, Ortega nombró a su esposa como vocera del Gobierno, a cargo del pomposo Consejo de Comunicación y Ciudadanía, cuyas funciones van desde el manejo de la publicidad estatal, el control de la información pública y los medios de comunicación, la administración del día a día del Estado (Murillo pone y quita ministros), el manejo de las campañas electorales del Frente Sandinista (el partido gobernante, dominado por la familia Ortega), la organización de los eventos públicos del Presidente, el recibimiento de visitas oficiales extranjeras..., hasta el manejo de emergencias nacionales, como sucedió el pasado abril, cuando una serie de fuertes sismos sacudieron el país. Con su nuevo nombramiento, la primera dama parece dispuesta a dictar hasta la política exterior de Nicaragua, en detrimento del canciller oficial, el sandinista Samuel Santos.

El mandatario nicaragüense cuenta con una lista de 24 asesores presidenciales, entre los que destaca —además de Luciana, Camila y Rafael— su hijo Laureano Ortega Murillo, asesor para inversiones y quien estuvo a cargo de contactar al empresario chino Wang Jing para negociar la concesión para la construcción de un Canal Interoceánico en Nicaragua. Ha sido Laureano Ortega quien ha encabezado las delegaciones presidenciales a China y Rusia, dos de las potencias emergentes con las que Daniel Ortega coquetea. Rusia ha prometido a Nicaragua apoyo militar para combatir el narcotráfico, además de ayuda alimentaria y cooperación técnica.

Con sus decisiones, el mandatario se salta la Constitución

Para los analistas, la decisión de Ortega de nombrar a esposa e hijos para cargos públicos, violando la Constitución y las leyes de probidad del país, se enmarca en una larga tradición de nepotismo que nació con la conquista española, y que alcanzó su máxima expresión durante la dinastía somocista, cuando el poder se pasó, durante más de 40 años, de padre a hijo y se repartió entre hermanos.

“Es una práctica que se hereda desde la época colonial. Pedro Arias de Ávila, primer gobernador de Nicaragua, se las ingenió para que lo sucediera su yerno, Rodrigo de Contreras. El nepotismo era parte del sistema colonial”, explica el analista político Carlos Tünnermann. “El vicio del nepotismo forma parte de la cultura política nicaragüense, una cultura atrasada. Los mandatarios ven al poder como cosa patrimonialista, y no ven mal que se aprovechen de eso sus mismos parientes”, añade.

Con el nombramiento de sus hijos como asesores y de su esposa como vocera del Gobierno y como canciller, el presidente Ortega viola la Constitución de Nicaragua, recientemente reformada por él para permanecer en el poder indefinidamente. Azahalea Solís, experta en temas constitucionales, afirma que Ortega ha violado el artículo 130 de la Constitución, que establece que los funcionarios públicos, incluido el presidente, no pueden nombrar en cargos del Estado a sus familiares. Solís explica que Ortega, además, violó el artículo constitucional 138, que determina que el nombramiento de un ministro debe ser ratificado por la Asamblea Nacional, lo que en el caso de Murillo no ocurrió. “La de Ortega es como una monarquía feudal, absolutista”, dice Solís.

Las voces críticas ven en su política una reedición del somocismo

El diputado Eliseo Núñez, del opositor Partido Liberal Independiente, asegura que al nombrar a sus familiares Ortega también viola la Ley de Probidad de Funcionarios Públicos de Nicaragua, “que establece una prohibición expresa de que familiares de funcionarios tienen vedado ocupar cargos públicos”. “Parece que en Nicaragua estamos volviendo a parir una nueva dinastía. Ortega nos dice ‘Mi familia es la familia del poder’, por lo que se ve que aquí la sucesión familiar ya está muy encaminada. Esta es una reedición del somocismo”, critica el diputado.

Ortega controla la mayoría parlamentaria, por lo que es difícil que la oposición en la Asamblea Nacional pueda exigir una explicación por una política que deja el poder en familia. Lo que más preocupa a los analistas es la imagen internacional negativa que Ortega deja de Nicaragua. En la pasada cumbre de la CELAC el presidente nombró al independentista puertorriqueño Rubén Berríos como su representante en una reunión privada que mantendrían los presidentes, lo que hizo que el mandatario costarricense, Luis Guillermo Solís, diera por terminada la cumbre. A Berríos se le entregó un pasaporte nicaragüense y Ortega lo nombró como su asesor en “políticas internacionales en materia de descolonización”, violando las leyes de nacionalización nicaragüenses. “Quedó en evidencia frente a los presidentes de América Latina el nepotismo de Ortega y el hecho de que no respeta ninguna ley”, lamenta Tünnermann.