Hungría prohíbe a los indigentes dormir en la calle

Una nueva ley aprobada el pasado junio por el Parlamento húngaro y que prohíbe a los indigentes dormir en las calles del país centroeuropeo ha entrado en vigor este lunes. La norma, que se deriva de una reforma constitucional que establece como delito dormir en la calle, ha sido criticada por grupos que defienden los derechos humanos. En la práctica, la ley, que endurece una norma de 2012, permitirá a la policía detener a indigentes, confiscar sus pertenencias y destruirlas.

Las personas sin techo que duermen en las calles de Hungría solo podrán desobedecer las indicaciones de la policía de dejar de dormir en las calles y acceder a un refugio proporcionado por las autoridades tres veces cada 90 días. Si durante este período de tiempo son advertidos en más de tres ocasiones, las autoridades podrán detenerles y proceder a deshacerse de los objetos que lleven consigo.

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El Gobierno ultranacionalista del primer ministro, Viktor Orbán, ha señalado que la nueva ley tiene el objetivo de "proporcionar condiciones de vida adecuadas". Para Gabor Ivanyi, que dirige el grupo Otlatom (Refugio, en húngaro), el Ejecutivo "ha fracasado en el diálogo con las ONG del país" a la hora de encontrar una solución para las personas sin techo. El verdadero objetivo que persigue la nueva norma, ha comentado Ivanyi, es el de "asustar a los indigentes y apresurarles a dejar las calles". El grupo que dirige Ivanyi gestiona 600 camas en diferentes albergues para personas sin techo en Budapest. Durante la primera noche tras la entrada en vigor de la prohibición, los indigentes que habitualmente dormían en pasos subterráneos de la capital húngara se esfumaron. 

El Ejecutivo del país magiar asegura que ha destinado casi 30 millones de euros para mejorar las condiciones de vida de las personas sin techo en el presupuesto de 2018, así como otro millón para rehabilitar albergues que los hospedan. Este domingo, alrededor de 500 manifestantes se concentraban a las puertas del Parlamento húngaro para protestar contra la entrada en vigor de la nueva ley.

"Es vergonzosa. Ellos [los legisladores húngaros] están criminalizando la situación de abandono en que viven las personas sin techo", aseguraba uno de los manifestantes. El grupo activista Varos Mindenkie (La ciudad es de todos, en húngaro) apunta en una nota a que la enmienda introducida en junio permite a las autoridades "perseguir" a las personas más desamparadas "con un amplio abanico de herramientas policiales".

Críticas a la criminalización 

La prohibición de dormir a la intemperie en las ciudades busca responder a la percepción de residentes y pequeños empresarios que vinculan la presencia de indigentes en las calles con un déficit de seguridad, asegura la Federación de Asociaciones Europeas que trabajan con personas sin techo (Feantsa, por sus siglas en francés). Otras prohibiciones que estimulan la “criminalización” de los personas sin techo, denuncia la organización, son la de pedir dinero en las calles, la de repartir comida en el espacio público y la de retirar artículos o desechos de contenedores de basura.

Feantsa, principal red europea de defensa de las personas sin techo, asegura que existe una zona gris en la legislación que permite actuar contra los indigentes desde las distintas administraciones. En un informe de 2015 que actualiza datos de una investigación más amplia llevada a cabo en 2013, la organización explica que solo cuatro países (Grecia, Hungría, Italia y Rumanía) prohíben en sus legislaciones nacionales pedir dinero en la calle. En el otro extremo se encuentra Alemania, que declara inconstitucional prohibir esta práctica.

La verdadera capacidad de decidir las políticas hacia las personas sin techo reside en las administraciones locales. “En la mayoría de los países de la Unión Europea, los Gobiernos locales tienen la capacidad de prohibir prácticas como pedir dinero en las calles”, apunta el informe, que también advierte de que imponer sanciones económicas, algo que a menudo realizan estas administraciones, puede hacer que ciudadanos que vivan en la calle sean “ineligibles” para programas sociales. La razón es que cuando son sancionados en varias ocasiones e incapaces de abonar las multas, las personas sin techo contraen altas deudas que les imposibilitan acceder a ayudas económicas.

La red europea de apoyo a las personas sin techo advierte de que cualquier forma de penalización de las personas sin techo conduce a un clima que ampara la violencia ejercida sobre ellas. Por esta razón, la organización insta a los legisladores a no establecer como delito prácticas como pedir dinero en la calle o repartir comida a indigentes en el espacio público.