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Bruselas estrena ofensiva financiera y judicial contra la deriva autoritaria

Hungría sufre una drástica retirada de fondos estructurales y Polonia empieza a descolgarse del espacio Schengen y de la orden europea de detención

Bruselas contraataca. Hungría o Polonia bordean los límites democráticos a sabiendas de que resulta casi imposible que la Unión Europea aplique a sus trapicheos autoritarios el máximo castigo previsto en el Tratado europeo porque requiere la unanimidad de los socios comunitarios. Pero la impunidad del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, o del polaco, Matheus Morawiecki, toca a su fin. Las instituciones comunitarias ya ensayan, exploran y explotan vías disciplinarias más transitables para demostrar que la vulneración de los derechos fundamentales tiene un precio muy alto en términos financieros, políticos y de prestigio internacional.

El primer ministro Viktor Orbán escucha las intervenciones en el Parlamento Europeo el pasado día 11.
El primer ministro Viktor Orbán escucha las intervenciones en el Parlamento Europeo el pasado día 11. AFP

La corrupción que rodea al régimen de Orbán ya le ha costado a Hungría el mayor recorte de fondos estructurales de la UE en 2016 y  2017. Y la posición de Polonia en el espacio Schengen ha quedado en entredicho tras una sentencia del Tribunal europeo que pone en cuarentena las órdenes de detención emitidas por los jueces polacos y tras la decisión del Gobierno belga y del Parlamento Europeo de ignorar el veto de Varsovia a la entrada en Europa de una activista crítica con el régimen polaco. 

Golpe a golpe, sin grandes estridencias pero con creciente rotundidad, Bruselas planta cara a la deriva autoritaria. Fuentes comunitarias aseguran a este diario que no se trata de renunciar a la bomba nuclear del artículo 7 del Tratado (suspensión del voto en el Consejo), una humillación que ya pende sobre Budapest y Varsovia. Pero la Comisión apuesta en paralelo por un implacable gota a gota en la aplicación de la normativa comunitaria que puede convertir a Gobiernos como los de Hungría o Polonia en unos parias de facto a la vista de toda la opinión pública, en particular, la de sus propios países.

La incógnita es si la respuesta de Bruselas no llega demasiado tarde. El combate de Bruselas con el gobierno húngaro y el polaco (controlado por el ultraconservador Jaroslaw Kaczynski) se ha convertido en una lucha contrarreloj porque los brotes autoritarios, xenófobos o antidemocráticos se multiplican por doquier y los potenciales aliados de Orbán ya controlan varias capitales.

"Los nacionalistas desfilando in Chemnitz [Alemania], la campaña anti-Soros en Hungría o la creciente retórica antimusulmana o antigitana son solo algunos ejemplos de que tenemos un problema", admitía esta semana la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova.

La mitad del gasto del gobierno de Orbán depende de Bruselas

"La UE es una comunidad imaginaria de la que no sacamos gran provecho". Así describe al club comunitario el presidente polaco, Andrej Duda (vinculado al partido de Kaczynski) a pesar de que su país es el principal beneficiario de los fondos estructurales comunitarios. Polonia tiene asignado 86.000 millones de euros en el período 2014-2020, una cantidad que se suma a las millonarias partidas recibidas desde su ingreso hace casi 15 años. La Comisión Europea calcula que gracias a los fondos recibidos entre 2007 y 2013 el PIB de Polonia será un 6% mayor de lo que hubiera sido sin esa ayuda. El volumen de los subsidios europeos es tan descomunal que suponen el 61% de la inversión pública en Polonia.

Las cifras también son espectaculares en el caso de Hungría, donde los fondos europeos, según Bruselas, suponen el 55% de la inversión pública. Entre 2014 y 2020 Budapest espera recibir 25.000 millones de euros. Solo en un año (2015) el impulso comunitario generó un crecimiento económico equivalente al 5% del PIB húngaro.

Bruselas no niega que la política de cohesión en Europa central y del Este también ha beneficiado al resto de la UE. Se calcula que cada euro de ayuda ha contribuido a aumentar en 60 céntimos las exportaciones de los antiguos socios de la UE hacia los nuevos. Pero los grandes beneficiarios han sido los países de la ampliación cuya renta per cápita no ha dejado de aumentar y ya se aproxima, en su conjunto, al 70% de la media comunitaria.

Los beneficios quizá sean más evidentes a partir de 2021 porque la Comisión planea una drástica rebaja de los fondos destinados a algunos países del Este, según datos revelados por El PAÍS. Hungría, en concreto, podría perder un 24% de los fondos y Polonia, un 23%. Quizá entonces Duda descubra que la solidaridad europea no era tan imaginaria.

La violación de los valores fundamentales de la UE puede pasar de excepción a norma si Bruselas fracasa en su nueva ofensiva. Esta misma semana trascendía que en Austria (gobernada por una coalición de derecha y extrema derecha) el ministerio del Interior ha cursado instrucciones para restringir la información a algunos medios, incluido uno de los principales periódicos del país (Der Standard).

Y el viernes, la Comisión reconocía que ha pedido explicaciones a Roma sobre el censo de población gitana anunciado por el ministro del Interior, Matteo Salvini. El gobierno italiano ha comunicado a Bruselas "que no hay planes de llevar a cabo un censo de la población gitana con intención de expulsarla", según indica Jourova en una respuesta a la europarlamentaria liberal Beatriz Becerra.

La comisaria europea de Justicia advierte, sin embargo, que "la Comisión seguirá supervisando la situación en los Estados miembros, incluida Italia, y está dispuesta a utilizar todos los medios disponibles, en el ámbito de sus competencias, en caso de detectar claras infracciones de la legislación europea". Una advertencia que ya se ha hecho realidad con Hungría y Polonia

Las instituciones comunitarias han estrenado con esos dos países unos varapalos de alcance desconocido hasta ahora. Los estragos financieros y políticos de la táctica comunitaria resultan cada vez más evidentes. Y el cerco económico y político parece llamado a convertirse en el modelo a seguir contra la tentación antidemocrática que late en varias capitales europeas.

El Gobierno de Viktor Orbán ha sido el primero en recibir una dentellada económica, en forma de retirada de fondos estructurales, como consecuencia de la corrupción. "Los programas de los fondos estructurales en Hungría han sido objeto de la mayor cifra de corrección financiera de toda la UE en 2016 y 2017", recordaba el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, en el alegato de cargos contra Orbán que leyó el pasado 11 de septiembre en el Parlamento Europeo.

Solo en 2016, Hungría sufrió un tijeretazo de 211 millones de euros, el doble que Grecia, el segundo país más afectado, según los datos facilitados en la memoria anual de la ComisiónLas autoridades comunitarias comprueban regularmente el desembolso de los fondos y casi todos los países sufren alguna corrección, incluida España. Pero en el caso de Hungría ha alcanzado tal escala que los canales financieros entre Bruselas y Budapest prácticamente se han secado en 2018.

Entre enero y agosto de este año, el gobierno húngaro ha destinado casi 1,4 billones de florines (4.200 millones de euros) a proyectos teóricamente financiados por la UE. Pero en ese período solo ha recibido de Bruselas 183.000 millones de florines (563 millones de euro), según datos del ministerio húngaro de Finanzas.

La brecha ha abierto un déficit en el flujo de caja del gobierno húngaro que ha llamado la atención de los analistas financieros. Y aunque se espera que los fondos europeos acaben llegando, las sospechas de la Comisión sobre el clientelismo en la gestión de los fondos (con empresas próximas a Orbán muy favorecidas en las adjudicaciones) y las investigaciones de la oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF) pueden reducir drásticamente el maná comunitario.

Péter Virovácz, analista senior de ING en Varsovia, recuerda que "la Comisión ya ha investigado más de 20 proyectos en Hungría y ha encontrado problemas en el 80%". Bruselas ofreció al gobierno húngaro la posibilidad de impugnar la investigación y exponerse a una paralización total de los fondos hasta que se resolviera el recurso o asumir las conclusiones y pagar una sanción equivalente al 10% de las partidas cuestionadas. Orbán optó por toma el dinero, aunque sea menos, y corre. "Budapest aceptó el veredicto y le ha costado nos 150.000 millones de florines (460 millones de euros)", añade Virovácz.

La presión económica puede aumentar y extenderse más allá de Hungría. De las 158 investigaciones en marcha de la OLAF relacionadas sobre los fondos estructurales, casi la mitad atañen a Hungría (26), Polonia (24) y Rumanía (20), tres países donde la fragilidad del Estado de derecho causa cada vez más alarma en Bruselas.

Y en un próximo futuro, el recorte de fondos puede ser mucho más expeditivo. Fuentes comunitarias recuerdan que las propuestas para el próximo marco presupuestario de la UE (2021-2027) ya incluyen un proyecto de Reglamento que permitirá "suspender, reducir o restringir" el acceso a los fondos a los países en los que se aprecie un grave deterioro de la independencia judicial o carencias en los sistemas de control del gasto comunitario. Las mismas fuentes recuerdan que ese Reglamento, apoyado por Alemania y Francia, se puede aprobar por mayoría cualificada, lo que evita los posibles vetos de Hungría o Polonia.

Pero el recorte de fondos no es la única vía disciplinaria que ha empezado a explotar la Comisión. El pasado lunes, Bruselas pidió al Tribunal de Justicia europeo la suspensión cautelar de la reforma del Tribunal Supremo aprobada por el Parlamento polaco, por entender que socava la independencia judicial. Tres días después, el jueves, el Tribunal europeo aceptaba tramitar por procedimiento de urgencia una consulta en el mismo sentido cursada por el propio Supremo polaco, lo que indica que los jueces comunitarios son partidarios de intervenir en el asunto y resolverlo cuanto antes.

Si Luxemburgo deshace la reforma del Supremo polaco se trataría de una intervención en el orden judicial de un país miembro de tal alcance que Varsovia, a pesar de la insistencia del vicepresidente Timmermans, se ha negado a confirmar si acataría la sentencia. El choque institucional, si llega a producirse, también podría desembocar en importantes sanciones contra Polonia por desacato. "Y las multas o se pagan o se descuentan de los fondos estructurales", susurra una fuente en Bruselas.

Varsovia, además, ha empezado a descolgarse del espacio judicial europeo, uno de los ámbitos de integración más importante junto a la Unión Monetaria (a la que no pertenecen ni Hungría ni Polonia). El Tribunal europeo sentenció el pasado mes de julio a favor de escrutar con lupa las ordenes europeas de detención y entrega cursadas por Polonia, para garantizar que el acusado disfrutará de todas las garantías judiciales. Y fallaba a favor de no tramitarlas si el Consejo de la UE confirma la aplicación del artícuo 7 como ha propuesto la Comisión. Polonia es el país de la UE que cursa más órdenes de detención (2.390 en 2015, último año con datos, el doble que Francia y cuatro veces más que España), pero el veredicto de Luxemburgo amenaza con convertirlas en papel mojado.

La posición de Polonia en el sistema Schengen también ha quedado en entredicho, por sospechas de que utiliza la denegación de visados para vetar la entrada en territorio europeo de personas incómodas al gobierno controlado por Jaroslaw Kaczynski.

En agosto, Polonia logró (a través del Sistema de Información de Schengen o SIS) que Bélgica detuviera en el aeropuerto de Bruselas y deportara a Kiev a Lyudmila Kozlowska, presidenta de la Fundación Open Dialogue muy activa en Ucrania y en Polonia. Pero el pasado miércoles, las autoridades belgas ignoraron el veto y permitieron la entrada de Kozlowska. Una afrenta, según las autoridades polacas que no pudieron impedir la comparecencia de su enemiga en el Parlamento Europeo, en una audiencia organizada por el grupo Liberal (ALDE). Sus palabras debieron causar estupor en Varsovia y reflexión en otras capitales europeas. "La UE tiene que establecer un mecanismo efectivo para evitar futuros abusos del SIS por parte de gobiernos iliberales y opresores. Hay que parar la deriva populista hacia el autoritarismo. El futuro de la UE, tal y como la conocemos, está en juego", advirtió Kozlowska.

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