Reino Unido no dará preferencia a los inmigrantes de la UE tras el Brexit

Camuflado con una aparente objetividad en el manejo de los datos, el Consejo Asesor Migratorio, un organismo aparentemente independiente pero que trabaja a las órdenes del Ministerio del Interior británico, ha publicado este martes su informe final sobre la política migratoria después del Brexit. Se lo encargó el Gobierno de Theresa May, que quería dotarse de argumentos políticos y sociales a la hora de negociar con Bruselas.

"Si la inmigración no formara parte de las negociaciones con la Unión Europea y Reino Unido decidiera establecer en solitario su futuro sistema migratorio, recomendamos avanzar hacia un sistema en el que toda la migración sea gestionada sin acceso preferente para los ciudadanos de la UE", concluye el informe.

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Sin embargo, son muy vagas las razones por las que los expertos que han desarrollado el estudio se inclinan de un modo tan firme por acabar con las ventajas que disfrutaban hasta ahora los ciudadanos comunitarios. El informe, más bien, muestra a las claras cómo el Brexit es visto por muchos, más allá de las razones sentimentales y patrióticas aireadas en el debate político de los últimos dos años, como una oportunidad para adquirir ventaja económica respecto a otros países.

Algunas de sus afirmaciones son obviedades que refuerzan los argumentos nacionalistas. "El problema con la libertad de movimiento de personas [de la UE] es que deja la cuestión de la inmigración a Reino Unido en manos exclusivamente de los inmigrantes, y los residentes del país no tienen ningún control sobre los niveles o composición de esa inmigración", afirma. A continuación, sugiere claramente que el Gobierno de May debe usar la política migratoria como baza negociadora en Bruselas. "Los principales ganadores de un sistema migratorio son los propios inmigrantes, así que un acceso preferencial al mercado laboral de Reino Unido beneficiaría sobre todo a los ciudadanos europeos, algo que se presenta con un valor potencial para ofrecer durante las negociaciones".

Paradójicamente, las conclusiones del informe resaltan más la parte positiva de la inmigración que la negativa, más anecdótica y subjetiva. "Existen pocas pruebas que demuestren que la migración comunitaria haya tenido un efecto sustancial en la oferta global del mercado de trabajo para los nacidos en Reino Unido. Tampoco hay pruebas evidentes respecto al nivel de los salarios", afirma el texto en referencia al mercado de trabajo británico.

Y la vaguedad es similar respecto a los servicios públicos: "Los inmigrantes del espacio común europeo contribuyen más a la sanidad pública y a la aportación de recursos financieros para los servicios públicos que lo que consumen de esos mismos servicios", sostiene el informe. "No existe evidencia de que la inmigración haya reducido la calidad de la sanidad pública", continúa.  Sobre el uso responsable que de esos servicios hacen los inmigrantes o sus hijos, dice: "En promedio, los niños que tienen el inglés como segunda lengua superan en rendimiento escolar a los nativos ingleses".

Pero sobre todo, es en la parte más subjetiva y personal, en el modo en que la ola migratoria ha afectado a la convivencia diaria de las comunidades locales, donde el informe muestra en mayor medida sus prejuicios. "El impacto de la inmigración en las comunidades es difícil de medir dada su naturaleza subjetiva, y no hay pruebas de que [por los inmigrantes] haya aumentado el nivel de criminalidad", afirma. Pero también defiende que esto resulta difícil de detallar porque "varía con las diferentes actitudes respecto a la inmigración".

Toda esta elaboración lleva a una conclusión con un claro interés económico. El informe sugiere que se dé prioridad de acceso a los trabajadores más cualificados y de mayor nivel de estudios frente a los que están menos capacitados, y sugiere que se abandone el sistema de cuotas numéricas y se establezca como criterio de entrada el nivel salarial del trabajador.

El informe servirá para dar argumentos al ala más dura de los euroescépticos, que agitó durante la campaña del Brexit el supuesto agravio que suponía que los inmigrantes comunitarios disfrutaran sin cortapisas de los derechos sociales que tienen los británicos. Y Theresa May, atrapada entre Bruselas y sus propios enemigos internos, ha comprado la tesis. Su ministro de Economía, Philip Hammond, quien defendió que se mantuvieran después del Brexit las ventajas para los ciudadanos comunitarios, vuelve a quedarse solo.