May pide perdón a 12 países caribeños por el trato a sus ciudadanos que emigraron a Reino Unido

La mano dura de Theresa May con la inmigración ha acabado golpeándola a ella misma. La primera ministra ha tenido que pedir perdón este martes a 12 líderes caribeños, reunidos en la cumbre de la Commonwealth en Londres, por su trato a los ciudadanos de sus países llegados a Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. Las estrictas normas antiinmigración, que introdujo siendo ministra del Interior, han colocado a muchos de ellos en situaciones desesperadas. El escándalo alimenta el temor sobre el destino de los ciudadanos europeos tras el Brexit.

“Un día vergonzoso para nuestra historia. Qué vergüenza para la ministra del Interior. Qué vergüenza para la primera ministra. Deben rodar cabezas. Cuando mis padres llegaron aquí lo hicieron como ciudadanos británicos. Si duermes con perros cogerás pulgas, y eso es lo que ha pasado con la retórica de la extrema derecha”. La intervención el lunes en el Parlamento del laborista David Lammy, hijo de inmigrantes caribeños, que denunció que un joven del mismo origen se enfrentaba a la deportación, detonó el escándalo. La ministra del Interior pidió perdón en la Cámara porque su ministerio “se ha preocupado demasiado por la estrategia y ha perdido de vista a los individuos”.

La disculpa contenía un ataque implícito a Theresa May, su predecesora al frente del Home Office. Ella puso en marcha en 2012 las controvertidas políticas de “ambiente hostil”. La idea era forzar a empresarios, caseros y funcionarios públicos a comprobar el estatus migratorio de los ciudadanos, para persuadir a los inmigrantes en situación irregular de abandonar el país. La normativa ha colocado en situaciones extremas a muchas de las personas que llegaron de países caribeños para paliar la escasez de mano de obra tras la Segunda Guerra Mundial.

Se los conoce como la generación Windrush, por el nombre del primer barco que llevó a Reino Unido trabajadores de Jamaica, Trinidad y Tobago en 1948. Son cerca de 50.000 personas, a las que la ley de inmigración de 1971 les garantizó el derecho indefinido a permanecer en el país, pero que han vivido en Reino Unido durante décadas sin regularizar su residencia. Las nuevas normas contra la inmigración ilegal han privado a muchos de asistencia sanitaria, pensiones o empleo. Incluso, como sugirió una secretaria de Estado, algunos podrían haber sido deportados por error.

Para acabar de enfangar la situación, según publica The Guardian, el Ministerio del Interior destruyó miles de documentos que acreditaban la llegada de dichas personas, durante un traslado de oficinas en 2010. Dichos registros, advirtieron en su día trabajadores del ministerio, resultaban vitales para acreditar la llegada de inmigrantes antillanos con dificultades para demostrar su residencia. Su destrucción complicará aún más la labor de regularización a la que se ha comprometido tras el escándalo la ministra del Interior, Amber Rudd.

El escándalo ha ensombrecido la cumbre de jefes de Gobierno de la Commonwealth que se celebra esta semana en Londres, y que el Gobierno planteó como una oportunidad de fortalecer los vínculos comerciales tras el Brexit. En un primer momento, May eludió reunirse con 12 líderes caribeños para debatir la situación. Pero al final ha accedido. “Quiero pedirles disculpas, lamentamos genuinamente cualquier ansiedad que haya podido causarse”, les ha dicho.

La onda expansiva ha llegado a Bruselas, donde las políticas migratorias del Gobierno británico llevan tiempo siendo motivo de preocupación. El trato a la generación de Windrush ha elevado los temores sobre los derechos de los ciudadanos europeos residentes en suelo británico. “Esto será profundamente preocupante para millones de ciudadanos europeos en Reino Unido que ahora temerán un tratamiento similar después del Brexit”, ha dicho Guy Verhofstadt, coordinador del Brexit en el Parlamento Europeo.