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Columna
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Posconflicto y dejación de armas para principiantes

Los procesos de reincidencia son normales, pero la cifra depende de lo bien o mal que salga el proceso de reincorporación

Ariel Ávila

Un nuevo debate se ha abierto paso en un país polarizado y con analistas sesgados. Es como si la campaña presidencial no hubiese terminado, aunque tal vez esta sea la marca de las democracias contemporáneas. Desde hace cuatro semanas nada se sabe de cuatro jefes importantes de la entonces guerrilla de las FARC: Iván Márquez, quien fue el líder negociador, El Paisa, Romaña y el Zarco. Estos últimos tres fueron importantes líderes militares. Además, en las últimas horas se supo que otro jefe militar, Albeiro Córdoba, hijo de uno de los fundadores de las FARC, también dejo su esquema de seguridad y como dice un campesino “cogió río abajo” en el sureño departamento del Guaviare. Varios políticos del partido de Gobierno, el Centro Democrático, analistas y periodistas de derecha reaccionaron en dos líneas de análisis.

Algunos dijeron que era un “conejo” de las FARC, una expresión que se utiliza popularmente y significa que una de las partes incumplió y lo tenía planeado. Este argumento es peligroso. De hecho, en varios periodos de tiempo ha servido para justificar masacres y asesinatos a la oposición política. A esto se le ha llamado la combinación de las formas de lucha, una estrategia de movimientos armados de izquierda que significa que en lo urbano tiene un partido político, participan del juego electoral y en lo rural un brazo armado. Esta estrategia fue utilizada por movimientos de izquierda radicales, pero en la actualidad no hay ninguna evidencia que muestre que esté ocurriendo. Durante muchos años a sectores de la oposición se les acusaba de un doble juego para justificar sus asesinatos: narcotraficantes, paramilitares, políticos y agentes estatales participaron en este baño de sangre. Ahora, se está sugiriendo lo mismo, en un momento en el que en Colombia, cada tres días asesinan a un líder social.

La segunda línea de reacción sugiere que todo se debe a un problema en la forma en la que se hizo el acuerdo de paz. Es decir, que existe un falla de origen, en la cual el Estado perdió su capacidad represiva frente a los ex miembros de las FARC. Se trata de una afirmación igualmente falsa, pues el acuerdo de paz no le quitó ninguna capacidad investigativa, represiva o de administración territorial al Estado.

Es extraño que esto acurra en Colombia, un país con tanta experiencia en temas de guerras internas, acuerdos de paz y amnistías. Pero para estos analistas y políticos la explicación es la siguiente. El acuerdo de paz se firmó entre un Estado, en este caso Colombia, y una organización guerrillera, las FARC. La conclusión hasta el momento es sencilla: En lo fundamental, las FARC cumplieron, pues dejaron las armas, entregaron más de 9.000 armas, el único proceso de paz en el mundo que entregó más armas que combatientes. No debe olvidarse que los guerrilleros en armas fueron cerca de 7.000, los otros 6.000 fueron milicianos y prisioneros. Por ello, el hecho que algún excombatiente reincida no puede significar que la organización como un todo incumplió, incluso si varios de ellos fueron altos mandos.

Por los lados del Estado la valoración es más compleja, pues sobre él recaía la mayor parte del cumplimiento de los acuerdos de paz. El resultado, después de casi dos años de firmarse el acuerdo, es desalentador. La política de reincorporación es un gran fracaso. En materia de reincorporación física la cifra es que cerca de 70 exguerrilleros han sido asesinados, los excombatientes afirman que los están matando y nadie los protege. En materia de reincorporación socioeconómica, de los 13.000 guerrilleros desmovilizados, apenas 1.000 han resuelto un proyecto de vida. Los demás están sin hacer mucho y desesperados. En materia de reincorporación jurídica, la situación es igualmente compleja, más de 300 exguerrilleros siguen en cárceles pues la ley de amnistía no funciona, y el tema de extradición hacia los Estados Unidos espanta a los jefes guerrilleros.

Por otro lado, cuando el 22% de los paramilitares desmovilizados reincidieron luego del proceso de diálogo con el entonces gobierno de Álvaro Uribe, eso no significó que los paramilitares seguían existiendo. Los procesos de reincidencia son normales, pero la cifra depende de lo bien o mal que salga el proceso de reincorporación. Tanto en el proceso con las FARC, como en el de los paramilitares no hubo ningún proceso de reincorporación para mandos medios y todo indica que será un gran dolor de cabeza.

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