La lucha contra la corrupción puede decidir elecciones en Colombia

Colombia es un país que suele quejarse bastante de sí mismo. Incluso cuando logra sacar a casi doce millones de personas a la calle un domingo cualquiera para votar sobre siete medidas bastante específicas, discutidas y discutibles, para mejorar las instituciones de la nación. En este caso, se quejó de sí mismo porque el umbral establecido para la aprobación de las medidas (12.140.000) no se alcanzó. Pero faltó tan poco (“el canto de un duro”, diríamos en España; “el centavo para el peso”, se dice en Colombia) que es muy difícil negar la importancia del evento. Tanto en su dimensión más puramente política, relacionada con la distribución del poder y de los votos en el país, como en la cuestión directamente relacionada con el tema a debate: la corrupción.

La señal política más importante que envía la denominada consulta anticorrupción es que, en un país que lleva 200 años dominado por una élite política notablemente estable y ubicada firmemente en el centro-derecha, se está abriendo cierto espacio para un cambio. Los apoyos para el referéndum vinieron principalmente del centro regeneracionista y de la nueva izquierda. La brecha que se abrió entre ambos frentes durante las elecciones presidenciales fue tan grande como las críticas que se lanzaron de manera incansable los partidarios de Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Por eso es tan significativo el contraste entre los ocho millones de votos que obtuvo el último en la segunda vuelta, y los más de 11 que le dieron el “sí” a la consulta.

Esos tres millones de más demuestran que, cuando centro e izquierda se unen en torno a temas que suscitan consenso entre la oposición frontal y los segmentos más moderados, las victorias son posibles. Es decir: en este momento, una coalición alternativa que tuviese cuidado con qué temas escoge y cuáles no podría ganar la presidencia de la República.

Este hecho tiene muchas implicaciones derivadas. Las más obvias se dan hacia la izquierda, porque advierte a todos los que están ya pensando en las próximas presidenciales de 2022 (que no son pocos) que solos no se puede, pero juntos quizás sí. Particularmente, si se construyen plataformas inclusivas con agendas escogidas de manera cuidadosa y pragmática, buscando un equilibrio entre movilizar a las bases e incluir a los más escépticos, pero interesados en el cambio. La advertencia va para todos, no sólo para Petro (a quien habitualmente se acusa de personalista, y cuyas aspiraciones para volver a candidarse nadie duda) sino también a la propia promotora de la consulta: Claudia López. Candidata a la vicepresidencia con Fajardo, debe leer que aunque ella pusiera en marcha el carro, no se habría llegado hasta aquí sin el tiro de todos los caballos que se pusieron delante.

Pero la derecha no está en condiciones de ignorar el aviso que ha supuesto la derrota por la mínima de la consulta. Muchos de los analistas más conservadores del país comentaban en círculos privados, con cierta confianza de origen un tanto desconcertante (porque no disponíamos de encuestas para predecir nada), que no se iban a alcanzar ni cuatro millones de votos. Su contraparte progresista no esperaba más de siete u ocho (de nuevo, sin datos). Resulta que la dimensión política de los referéndums se gana también con respecto a las expectativas generadas. Y los resultados las han superado todas.

En ese sentido, Iván Duque se colocó en el lado correcto al apoyar la consulta, que consiguió un millón de votos más que los que él mismo sacó en la segunda vuelta presidencial. Como quiera que Duque aspira a ocupar el espacio de la moderación que una al centro y a la derecha, el hecho de que él apoyase la consulta cuando los miembros más extremos de su propio partido (entre ellos el expresidente Álvaro Uribe) la negasen ha resultado en una apuesta fructífera. Porque ahora él puede girarse y decirles (en privado, por supuesto, que es como se hacen estas cosas) que sin discurso moderado y a favor de la regeneración institucional no se puede garantizar la gobernabilidad del país.

Ahora, lo que le queda tanto al centro como a la derecha y a la izquierda es definir bien esa agenda de regeneración institucional. Y es así como se pasa de la política a las políticas. De las siete medidas incluidas en la consulta, pocas contaban con un fuerte respaldo empírico (de la economía, de la ciencia política) para justificar su eficacia en la lucha contra la corrupción. No, no eran las mejores propuestas posibles, y fueron criticadas incluso por aquellos analistas o ciudadanos que afirmaban que votarían igualmente, conscientes de la importancia de enviar un aviso fuerte y nítido. Porque para lo que sí han servido es para abrir el melón y que no se vuelva a cerrar, al menos en este ciclo electoral.

Once millones y medio de votos le gritan a los políticos que la corrupción importa, y mucho. Que es posible incluso que acabe por decidir elecciones en los años que vienen. Y que, por tanto, se espera que el debate continúe abierto, que las propuestas sigan llegando. De hecho, las promotoras de la consulta ya han anunciado que van a radicar proyectos de ley en el Congreso esta misma semana. Esta es la ventana de oportunidad perfecta para mejorar las medidas que hay ahora mismo sobre la mesa, para que se dé la batalla de los detalles, que es al fin y al cabo la que acaba decidiendo el futuro de la calidad institucional de cualquier país.

Será imposible separar el debate de políticas concretas de la lucha por el poder. Pero, en el contexto actual, esto es bueno para quien espera un cambio: porque eso significa que a quienes estaban dispuestos a ignorar el tema por comodidad ya no podrán hacerlo. Resulta que, para una mayoría de los votantes activos del país, en Colombia ya no se puede dar un paso en política sin hablar de manera seria, profunda y creíble sobre corrupción.