Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Maduro pospone para septiembre el aumento del precio del combustible

El gobierno venezolano organiza un censo automotor, planifica un subsidio y liberará la gasolina a precios internacionales

Un empleado de una gasolinera de Caracas, Venezuela.
Un empleado de una gasolinera de Caracas, Venezuela. AFP

En mitad del caos hiperinflacionario y un entorno productivo en ruinas, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha decidido que solo aquellos ciudadanos que tengan el carné de la patria, símbolo de los devaluados beneficios sociales chavistas, podrán comprar gasolina a un precio más asequible. Esta es una de las medidas económicas que el Gobierno iba a implementar a partir del 20 de agosto, pero finalmente se ha pospuesto hasta septiembre. El resto de decisiones como la reconversión monetaria ya han comenzado a funcionar.

En una alocución en Facebook Live la noche del domingo, el mandatario justificó este aplazamiento alegando que era necesario trabajar para perfeccionar el sistema de pago en las estaciones de servicio, y agregó que “del 30 de agosto al 30 de septiembre” explicará al país sus detalles, para que sean ejecutados “de manera gradual”. Maduro aseguró que la medida implicará un ahorro a la nación “de más de 10 mil millones de dólares”.

El Gobierno de Maduro convocó a los transportistas y propietarios de vehículos a un Censo Nacional Automotor en la Plaza Bolívar de Caracas. Este padrón ha provocado bastante renuencia entre los venezolanos, con independencia de que pertenezcan al sector del transporte. El mandatario ha advertido de que quien no se registre deberá pagar el combustible “a precios internacionales”, que, por el momento, no se han concretado. Ni los expertos, ni los periodistas, ni los transportistas, ni los trabajadores de los expendios de gasolina conocen detalles del aumento que se avecina ni sus modalidades.

Las otras medidas

El aumento del combustible próximo a anunciarse en Venezuela es solo una de las medidas económicas que prepara Nicolás Maduro. Esta nueva política hace concesiones parciales a algunas exigencias de la economía de mercado en un escenario en ruinas. Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica distingue la existencia de cuatro ejes en sus confines: El cambiario que tiende a la flexibilización del mercado de divisas; uno monetario, que incluye la reconversión monetaria y el anclaje del bolívar al Petro (criptomoneda lanzada por el gobierno); un eje fiscal, que comprende el aumento al combustible, y un eje petrolero, en el cual PDVSA queda exonerada del pago de impuestos”.

Aunque Oliveros concede que algunas de estas medidas podrían aumentar el flujo de divisas, y eventualmente mejorar la oferta de servicios, con sus consecuencias para paliar el aumento de precios, piensa que se trata de una aproximación insuficiente, y que presenta varios flancos, entre ellos uno fundamental: la falta de financiación exterior. “Un acuerdo marco con un organismo como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, dotaría al gobierno de unos recursos que necesita urgentemente para defender su estrategia cambiaria y monetaria”, dice el experto.

Oliveros dice que los cálculos de la firma que preside prevén una tasa anual de inflación que es incluso más alta que la del FMI, que es de un millón por ciento: “Viene un redondeo de los precios, un ajuste que es inevitable en momentos de reconversión. Tendremos que esperar por la concreción de los anuncios de Maduro. Si se toman algunas decisiones con claridad, algunos aspectos de la economía podrían mejorar un poco en los próximos meses”.

Las medidas de Maduro, sin embargo, están siendo recibidas con mucho escepticismo y mal talante por los sectores productivos. Juan Pablo Olalquiaga, de la Confederación de Industriales, Conindustria, sostiene que los problemas de fondo de la economía no quedarán resueltos: “El nuevo cono monetario tiene un efecto cosmético. No resolverá la inflación producto de la monetización del déficit fiscal, y eso el gobierno lo sigue haciendo. El Petro no va a estabilizar el bolívar. Al transarlo, el Estado quitará a los ciudadanos dinero de su bolsillo para ingresarlo a sus arcas”.

La gasolina venezolana se mantiene en precios ridículamente baratos, pese a la crisis que sufre el país. Llenar un tanque de 40 litros cuesta 400 bolívares, apenas unos exiguos centavos de dólar al cambio. Aun así, a la espera de que se concrete la medida, los venezolanos hicieron largas filas en las estaciones de servicio durante toda la semana. La primera sensación entre los usuarios es de resignación ante los constantes anuncios de Maduro. Trabajadores de las gasolineras, como Celso Álvarez, en la urbanización La California de la capital de Venezuela, no creen que el anuncio se vaya a cumplir. Aunque al mismo tiempo se extiende entre los ciudadanos la creencia de que sería mejor aumentar de una vez su precio.

Hugo Ocando, dirigente sindical y presidente de la Central Única de Transportistas de Caracas, explica que él y sus compañeros están ya cansados de censarse: “Ya nos hemos censado siete veces. Lo que a la mayoría nos molesta es que se nos diga que, si no lo hacemos por octava vez, no tendremos los insumos ni los repuestos para trabajar”. Según los cálculos de este sindicalista, en el registro hay unas 180.000 personas, una cifra muy inferior al más del millón de censados que defiende la propaganda oficial.

De acuerdo con los datos oficiales, en el país hay 1.300.000 familias que tienen este documento, a través del que se accede a algunos servicios públicos subsidiados y preferenciales, hoy muy empequeñecidos con la magnitud de la crisis económica. Durante un tiempo han estado vinculados con la simpatía militante a Maduro y la causa chavista, aunque muchas personas han tenido que acudir al instrumento de manera forzada para paliar los estragos del aumento de precios.

“El subsidio será a través de la billetera móvil del Carné de la Patria”, afirmó el dirigente chavista y gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. “Uno se puede registrar sin tener el Carné, pero para recibir el dinero será necesario tenerlo”. Rodríguez, que insiste en que estos beneficios son para toda la población, independientemente de su credo político, afirmó que la medida de Maduro persigue “acabar con el tráfico de gasolina” en la frontera, un delito sobre el cual son acusados con frecuencia funcionarios militares y civiles chavistas.

Un debate crónico

El aumento del combustible forma parte de un debate crónico, que lleva décadas, y que se ha suspendido en muchas ocasiones por motivos políticos. En esta ocasión, Maduro acude a la medida presionado por las urgencias fiscales y el grave deterioro de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El déficit fiscal del gobierno, ocultado por el Banco Central de Venezuela, es, de acuerdo con cálculos privados, de 19 puntos del PIB. Los precios, diferenciales y modalidades de pago del aumento, sin embargo, permanecen aún en una zona de total confusión.

“Aquí se ha pospuesto por mucho tiempo el ajuste del precio del combustible y el de la creación de un mercado de divisas. Son dos aspectos muy relacionados”, asegura Ronald Balza, economista decano de la Universidad Católica Andrés Bello, quien también se lamenta ante las lagunas informativas existentes. “No hay un ‘precio internacional’ de la gasolina. Hay uno casi en cada ciudad y país del mundo. No sabemos todavía cuál será el esquema cambiario que norme esta medida. Ese precio tendría que variar mensualmente. En 2016, PDVSA informó al gobierno de pérdidas de 5,7 mil millones de dólares [lo que en el país se conoce como millardos] por la venta de la gasolina al precio actual”.

Los técnicos de PDVSA ya habían hecho los cálculos para vender gasolina a los coches particulares y colectivos no censados a un dólar el galón, un esquema impracticable para el venezolano medio. Aunque no hay información oficial, las primeras informaciones sitúan el precio del litro en los 90.000 bolívares (menos de un centavo de dólar), en un esquema progresivo de aumentos, que puede tomar dos años. Este modelo es similar al que funciona en Irán: el gobierno pagará, contra reembolso, el dinero para el combustible en las cuentas de cada usuario, y quien no haya querido censarse deberá abonar el precio liberado.

Más información