La policía de EE UU necesitará una orden para conocer la ubicación de un móvil

La privacidad gana una batalla en el territorio digital. El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este viernes a favor de que la policía requiera “generalmente” una orden para acceder a los datos de los teléfonos móviles que les revela la ubicación de la persona sospechosa. El fallo aclara que se podrán hacer excepciones en caso de que el sospechoso esté huyendo o poniendo en riesgo a otros. La sentencia, que se sometió a una reñida votación fue 5 a 4, dando la victoria a los jueces más progresista, dicta cátedra sobre el debate entre la privacidad y la seguridad en la era tecnológica.

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El debate se centró en si la información de geolocalización estaba protegida por el derecho a la privacidad amparado por la Constitución, y si, por tanto, la policía debía requerir de ese paso formal para pedir los datos. Con el fallo a favor de restringir el acceso al mar de información personal que circula en internet, el alto tribunal revierte una decisión de un tribunal inferior. Este había concluido que la policía no necesitaba una orden judicial para pedir a las compañías operadoras de telefonía el historial del localizador de un aparato concreto propiedad de un acusado o sospechoso.

El debate se produjo a raíz del caso de Timothy Carpenter, detenido en abril de 2011 por encabezar una banda criminal que robó a mano armada hasta ocho tiendas de teléfonos en Detroit. El "Pequeño Tim" fue condenado a 116 años de prisión al ser considerado el "cerebro" de la operación criminal. Resultó clave en su juicio que la Fiscalía le pidiera a las compañías de teléfono datos del móvil de Carpenter. Estos permitieron a la acusación conocer la ubicación del sospechoso durante 127 días y determinar que se encontraba cerca de las tiendas que fueron atracadas.

Pero fueron más allá. Las autoridades lograron conocer la ubicación de Carpenter en 12.898 ocasiones gracias a su teléfono. Si dormía en casa y si iba a la iglesia todos los domingo. Los abogados del delincuente alegaron que el gobierno violó los derechos de su cliente en virtud de la Cuarta Enmienda, que establece que todas las pesquisas deben ser razonables. La Fiscalía, amparada en una ley de 1986, respondió en su momento que había "motivos razonables para creer que los registros buscados son relevantes y materiales para una investigación criminal en curso". Pero el juez John Roberts, que fue el que redactó el fallo, le dio este viernes la razón a Carpenter y se opuso a proveer al Estado “el acceso ilimitado a los datos de localización física de los proveedores de servicio telefónico".