El Supremo debate si EE UU puede acceder a la información privada de usuarios en el extranjero

La privacidad digital vuelve a poner en aprieto al Gobierno de Estados Unidos. Este martes el Tribunal Supremo escuchó los argumentos de una disputa entre el Gobierno y Microsoft sobre los correos electrónicos de un narcotraficante, archivados en un servidor en Irlanda. El Ejecutivo exige por orden judicial obtener esa información como parte de una investigación criminal, pero la tecnológica se resiste ya que la ley estadounidense no permite un traspaso de datos almacenados en el extranjero. El caso, que será resuelto en los próximos meses, es un ejemplo más de la necesidad de aprobar y renovar leyes que se adapten a la era digital.

¿Privacidad o seguridad? Para las tecnológicas prima lo primero: si no logran que sus usuarios confíen en la protección de su información personal, pueden poner en riesgo su éxito. Dado que en este caso se trata de datos guardados en Irlanda, Microsoft y otras empresas también temen que otros países les cierren las puertas por miedo a que puedan entregar información sobre sus ciudadanos.

Para el Gobierno, que depende de emails, conversaciones telefónicas y mensajes para investigar delitos y posibles amenazas, la seguridad nacional se sitúa por encima. Entre los nueve magistrados del Supremo no hay opinión unánime. Algunos apoyaron la postura del Gobierno mientras que otros señalaron que prefieren que sea el Congreso el que enmiende o apruebe leyes que sirvan de guía para este tipo de disputas, recurrentes en los últimos años en EE UU.

La norma en cuestión —utilizada por el Gobierno para pedir la orden judicial— es la Ley de Comunicaciones Almacenadas, que fue aprobada en 1986, mucho antes de que surgieran los problemas derivados del uso masivo de la tecnología. La ley, cuyo lenguaje es poco preciso, no puede aplicarse para información archivada fuera de las fronteras estadounidenses. El Gobierno, sin embargo, defiende que dado que la sede principal de Microsoft está en EE UU, la norma sigue pudiendo ser aplicada.

“Hay ordenadores en Irlanda que tienen que enviar esos datos y correos electrónicos a Estados Unidos”, dijo la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, cuestionando la autoridad del Gobierno. Esa información viajará a través de un cable transatlántico a EE UU. Neil Gorsuch, magistrado conservador elegido por Donald Trump, también expresó su escepticismo: “¿Por qué tratamos de ignorar el hecho de que esta información será recabada en el extranjera y transmitida desde el exterior a EE UU antes de ser entregada al Gobierno? Es evidente que hay una cadena de actividades requerida aquí”.

Otros dos magistrados mostraron su rechazo a la postura de Microsoft. Respondiendo a las afirmaciones de que lo que el Gobierno pide es un “acto extraterritorial”, el juez John Roberts expresó preocupación por un posible vacío legal: “No hay nada que frene a Microsoft de almacenar emails estadounidenses en Canada, Mexico o donde quiera para poder decir a sus clientes, ‘No se preocupen, si el Gobierno quiere acceder a sus comunicaciones no podrán’”. Samuel Alito Jr. insistió: “Entonces no hay manera de que el Gobierno obtenga información de un ciudadano estadounidense que está siendo investigado y tiene información guardada en un servidor en el extranjero salvo a través de cooperación judicial con otro país, que podría durar meses o años”.

Al finalizar el debate preliminar, el presidente de Microsoft, compareció en los escalones del Tribunal, situado frente al Capitolio: “Es evidente que necesitamos leyes del siglo 21 para proteger la tecnología del siglo 21. Solo hay una institución en este país que puede lograr un equilibrio entre todos los matices que debemos considerar. Está al otro lado de la calle: el Congreso de Estados Unidos”.