El Consejo de Seguridad de la ONU sanciona por primera vez a traficantes de migrantes

Cuatro libios, incluido un jefe de la Guardia Costera, y dos eritreos castigados con la congelación de sus bienes y la prohibición de viajar

Dos guardias costeros libios en una embarcación de migrantes cerca de Trípoli en 2017.
Dos guardias costeros libios en una embarcación de migrantes cerca de Trípoli en 2017.AFP

El Consejo de Seguridad de la ONU ha sancionado por primera vez a traficantes de personas. Cuatro libios y dos eritreos acusados de lucrarse facilitando el traslado de migrantes a Europa a través del Mediterráneo engrosan desde el jueves un listado que incluye terroristas y otras personas acusadas de graves violaciones de derechos humanos. Las sanciones suponen la congelación inmediata de todos sus bienes y la prohibición de viajar por el mundo. Entre los señalados destacan dos libios: Abd al Rahman al-Milad, jefe regional de la Guardia Costera de Zawiya, y Musab abu Qarin, acusado de organizar el infame viaje que acabó en uno de los peores naufragios del Mediterráneo.

“Finalmente algunos países se han dejado de juegos políticos. Estas sanciones son importantes. Es un buen inicio. Debería haber más [sanciones]”, tuiteó el enviado especial de Acnur para la situación del Mediterráneo Central, Vicente Cochetel, saludando la novedosa decisión del Consejo de Seguridad. Las sanciones llegan en un momento en que Italia estrena un Gobierno abiertamente xenófobo que anuncia mano dura con los indocumentados y el desembarco de migrantes en su territorio, y cuando se recrudece en la UE la batalla por la política migratoria y de asilo.

La ruta marítima entre Libia e Italia es en este momento la principal puerta de entrada irregular de migrantes a Europa. Por ahí han arribado más de 13.700 de los casi 34.000 llegados en lo que va de año. La ruta que enlaza con España le sigue con unos 11.300. El flujo hacia Italia ha disminuido notablemente desde el verano pasada después de que el anterior Gobierno italiano alcanzara un acuerdo con las autoridades locales y de que la Guardia Costera libia haya incrementado sustancialmente la interceptación de pateras.

Las aguas del Mediterráneo son además un gran cementerio. Al menos 784 personas se han ahogado en el intento en 2018.

Estas sanciones son fruto de una propuesta presentada por Holanda, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y autor de la lista. Incluidos están también dos eritreos Fitiwi Abdelrazak y Ermias Ghermany, acusados de organizar los viajes hacia Europa y Estados Unidos de decenas de miles personas que huyen de la pobreza o de conflictos y persecuciones desde el Cuerno de África. Los dos últimos castigados son sendos comandantes de milicias libias que colaboran con traficantes de personas: Ahmad al Dabbhasi y Mohamed Katchlaf. “Esta iniciativa holandesa envía un mensaje claro”, declaró el ministro de Exteriores holandés, Stef Blok: “Estamos afrontando el tráfico de personas en Libia”.

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Es la primera vez que la comunidad internacional usa las sanciones de Naciones Unidas como instrumento para combatir el tráfico de personas y, de paso, atacar al sistema que ha propiciado la llegada de más de un millón de migrantes a Europa desde que el dictador libio Muammar el Gadafi fue derrocado en 2011. La Unión Europea tiene una misión militar desplegada en el Mediterráneo y gestionada a través de Frontex cuyo principal objetivo es perseguir a las mafias que propician los viajes de los migrantes hacia el norte. También hacen operaciones de rescate. La otra pata de la lucha europea contra la inmigración irregular es el apoyo económico y técnico para formar a la Guardia Costera de Libia, que ha aumentado espectacularmente la cantidad de migrantes interceptados en sus aguas y devueltos a infames centros de detención.

El hundimiento de aquel barco fletado supuestamente por Abu Qarin con 800 migrantes a bordo cerca de Lampedusa conmovió a la opinión pública en abril de 2015 y fue el detonante de que Italia, primero, y las ONG después, desplegaran frente a Libia misiones para rescatar pateras en riesgo de hundirse.

Sobre la firma

Naiara Galarraga Gortázar

Es corresponsal de EL PAÍS en Brasil. Antes fue subjefa de la sección de Internacional, corresponsal de Migraciones, y enviada especial. Trabajó en las redacciones de Madrid, Bilbao y México. En un intervalo de su carrera en el diario, fue corresponsal en Jerusalén para Cuatro/CNN+. Es licenciada y máster en Periodismo (EL PAÍS/UAM).

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