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Líbano congela la expedición de permisos de residencia para el personal de ACNUR

Beirut toma esta medida tras acusar a la agencia de la ONU de desafiar sus “decisiones soberanas”

Una refugiada siria en la sede de ACNUR en el norte de Líbano en 2015.
Una refugiada siria en la sede de ACNUR en el norte de Líbano en 2015. REUTERS

El acalorado diálogo entre Beirut y la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) ha ido a parar en un callejón sin salida este viernes, cuando el ministro de Exteriores libanés, Gebran Basil, ha ordenado la congelación de la tramitación de los permisos de residencia solicitados por ACNUR. Previamente, el responsable de Exteriores acusó a la agencia de “amedrentar” a los refugiados que desean retornar a su país.

La posturas enfrentadas sobre el devenir de los refugiados sirios es una crisis que arrastra el país desde 2015, cuando el Ejecutivo libanés dio por terminado todo nuevo registro de refugiados ante las oficinas de la ONU. De ahí que el Gobierno contabilice en más de 1,5 millones los nacionales sirios en su territorio y la ONU en menos de un millón.

Los primeros se dicen incapaces de seguir haciendo frente al peso de unos refugiados que cuentan por el 25% de la población total del país, y ello sin que la comunidad internacional se haga cargo de los gastos. Una factura que el primer ministro, Saad Hariri, cifra en 16.000 millones de euros para el Líbano durante los primeros seis años de contienda frente a los 5.614 millones recibidos de la comunidad internacional. Los segundos advierten de que un retorno forzoso de los refugiados, sin que existan garantías para su seguridad física, quebranta el derecho internacional. Y a pesar de las repetidas promesas de tanto la ONU como de la UE, las ayudas a los refugiados siguen menguando.

La portavoz de ACNUR en Líbano, Lisa Abu Jalil, ha desmentido las acusaciones. "Los refugiados sirios tienen derecho a decidir si quieren o no regresar [a Siria], y si lo hacen, nosotros les ayudamos y continuaremos haciéndolo en Siria", ha explicado en declaraciones recogidas por EFE. Al menos 500 refugiados han desandado el camino en dirección a Siria durante el mes de abril y otros 3.000 han solicitado este jueves hacerlo desde la localidad de Arsal, situada en la frontera oriental de Líbano. En esta población, el 10% de los 120.000 refugiados allí acogidos replegaron el pasado verano sus tiendas de los campamentos informales para subirse a un convoy de autobuses escoltado por uniformados libaneses y milicianos de Hezbolá rumbo a Calamún, región occidental de Siria.

Al desborde de unas infraestructuras nacionales ya de por sí deficientes, se añade el temor a un cambio confesional-demográfico en Líbano. “Son más de un cuarto de la población y en su gran mayoría musulmanes y suníes”, comenta un funcionario del Ministerio para los Asuntos de Refugiados libanés, estrenado hace dos años. “Imagine el cambio que supondría en la balanza de Líbano”, advierte. Basado en un sistema sectario, los escaños del parlamento son repartidos salomónicamente entre cristianos y musulmanes. El espectro político libanés se encuentra partido en dos con las fuerzas cristianas divididas de la coalición suní, dirigida por el primer ministro Saad Hariri, y la encabezada por el partido chií Hezbolá.

El escollo de los refugiados sirios junto con el deterioro de la economía se han convertido en una de las prioridades para el Ejecutivo libanés, que se encuentra en plena formación del nuevo Gobierno. El actual ministro de Exteriores se apresuró la semana pasada a enviar una carta a su homólogo sirio, Walid Muallem, para comunicarle sus reservas sobre un nuevo decreto emitido por Damasco sobre la ley de propiedades. Decreto que las ONG advierten que obstruye el regreso de decenas de miles de refugiados que han quedado indocumentados durante la contienda.

“Líbano teme que las condiciones impuestas por esta ley puedan impedir el retorno de un número significativo de refugiados [sirios] a sus hogares”, fue el mensaje que transmitió Basil al Gobierno sirio. La respuesta de su homólogo sirio no se ha hecho esperar, ya que desde hace tiempo reclama una política coordinada con Beirut que, de paso, normalice las relaciones bilaterales. Damasco ha ampliado el inviable plazo de 30 días a un año para que los sirios presenten sus registros de propiedad.

Los cristianos, que representan el 40% de la población libanesa según el último censo oficial (que data de 1932), conforman la otra cara de la moneda en la crisis de los refugiados sirios. Tanto ruido está haciendo el dossier de los refugiados que hasta el Patriarca de los maronitas en Líbano, Bechara Boutros Raï, se ha sumado al debate. La semana pasada, el cardenal voló a París para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Temen un cambio demográfico si los refugiados sirios se asientan en el país, perjudicando con ello a los cristianos del Monte Líbano. “Esta ley tiene un lado positivo, porque motiva a los sirios a volver a sus casas, y uno negativo, en el caso de que no dispongan de los medios necesarios para hacer valer sus derechos”, es la evaluación que ha hecho el patriarca sobre el decreto sirio en declaraciones recogidas por el rotativo libanés L'Orient-Le Jour.

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