Los libaneses se manifiestan contra la subida de impuestos y la corrupción

Algo está cambiando en la calle libanesa. Esta vez ha sido el anuncio de la subida de impuestos el que desde hace una semana alimenta el descontento popular manifestado en varias ciudades del país. Al grito de “¡Gobierno corrupto, no vamos a pagar!”, varios miles de personas se congregaron frente al conjunto histórico Serallo de Beirut el pasado domingo. Rompiendo con la tradicional costumbre por la cual son los partidos políticos los únicos catalizadores de la movilización social, varios grupos de activistas instan ahora a sus compatriotas a encarar a la élite política. Al habitual cóctel de banderas de los diferentes partidos, se impone el monopolio de la libanesa. Bandera que este miércoles tuvieron que replegar los manifestantes congregados en Beirut después de que la sesión parlamentaria fuera pospuesta por sorpresa.

Con una deuda de 4.000 millones de dólares en 2016 (3.700 millones de euros), el Ejecutivo libanés intenta sacar del bolsillo de sus ciudadanos liquidez para pagar el prometido aumento salarial de los funcionarios. La subida de impuestos afecta principalmente al consumo diario con un incremento en un punto del IVA que asciende al 11%. Afecta también a empresas y bancos pero no de forma progresiva. “Se grava por igual a quien obtiene 1.000 dólares o un millón”, explica en Beirut Jad Chaaban, economista de la Universidad Americana de Beirut. A la presión de los impuestos se suma la indignación ante lo que todos saben y Chaaban trascribe en números: “El 30% de los activos bancarios libaneses está en manos de políticos, por lo que no van a subirse los impuestos a sí mismos”. Una prerrogativa que protege los haberes de la clase dirigente en un país catalogado como paraíso fiscal y cuyos beneficios en el sector bancario alcanzaron los 2.800 millones de euros el año pasado.

“Soy consciente de que no vamos a cambiar nada por estar aquí, pero quiero cambiar algo en la cabeza de estos”, decía este domingo Arafat Rawi, técnico informático de 41 años señalando a sus dos hijos de nueve y 13. Viajaron desde la norteña Trípoli para que "aprendan lo que es la dignidad”. Quien habla lo hace en un país acosado por una guerra apenas contenida en su frontera, soportando el peso de 1,5 millones de refugiados sirios en su territorio y atenazado por la amenaza terrorista que ha golpeado al país. Los impuestos pesan aun más sobre una clase trabajadora después de que la crisis económica que arrastra el país desde la Guerra Civil (1975-1990) amenaza con aniquilar la residual clase media.

Entre los convocantes de las manifestaciones se encuentran las plataformas de activistas Talaat Rihatun (Apestáis) y Medinati (nuestra ciudad). Ambas nacieron en el verano de 2015 al hedor de la crisis de gestión de basuras, también fruto de la corrupción, que transformó temporalmente al país en un vertedero. Ayer las basuras y hoy los impuestos han logrado unir a una población hastiada por el constante deterioro de la calidad de vida, sujeta a cortes de electricidad y agua diarios, y cansada de la corruptela. Denuncian también la falta de transparencia del Estado que desde hace 12 años emite presupuestos anuales sin que sean aprobados por el Parlamento. Una práctica que ha permitido la expansión del nepotismo entre los dirigentes que evitan rendir cuentas sobre partidas presupuestarias o empresas beneficiadas.

En el recién estrenado Gobierno, tras 29 meses de vacío político, se creó un Ministerio de la Corrupción, síntoma de la mala salud política que goza de poca credibilidad entre los cuatro millones de habitantes y menos aun entre una juventud cada día más incline a la emigración. Este domingo, el amplio despliegue de las fuerzas de seguridad no pudieron impedir que el gentío abucheara y recibiera con una lluvia de botellas de agua al primer ministro, Saad Hariri. Dirigiéndose a los allí congregados, apenas tuvo tiempo de decir “la corrupción va a terminar” ya que fue inmediatamente evacuado.