Las víctimas argentinas de curas pedófilos piden la intervención del papa Francisco

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Algo oscuro ocurre en las arquidiócesis de Paraná, en la provincia argentina de Entre Ríos. La cantidad de denuncias contra curas pedófilos no está en relación con el tamaño de la jurisdicción, integrada por unas 500.000 personas desperdigadas en zonas urbanas pequeñas y grandes extensiones rurales. Tres sacerdotes ya enfrentaron a la justicia, el último de ellos el pasado lunes, cuando un tribunal ordenó encerrar durante 25 años a Justo José Ilarraz, culpable del abuso de siete seminaristas menores de edad que estaban a su cuidado. El año pasado, fue el cura colombiano Juan Escobar Gaviria, también condenado a 25 años por abusar de cuatro monaguillos. Y está a la espera de un juicio el sacerdote Marcelino Moya, por dos casos. Las víctimas de Ilarraz entienden que los casos merecen la atención del papa Francisco y le han pedido que intervenga la arquidiócesis. No han tenido hasta ahora respuesta, pero esperan que la condena contra Ilarraz rompa las barreras con las que chocaron hasta ahora en el Vaticano.

El de Ilarraz es un caso paradigmático. Entre 1989 y 1992, cuando tenía poco más de 30 años, el cura tuvo a su cargo a estudiantes del primero y el segundo año del Seminario Menor, una escuela secundaria católica donde los adolescentes quedaban internados durante toda la semana. Los menores ya tenían decidido ordenarse al terminar los estudios y el cura oficiaba de consejero espiritual en la carrera que iniciaban. La cercanía con ellos le permitió intimar con los que consideró más vulnerables, a los que manoseó, desnudó y tocó durante años en la sombra de sus habitaciones u oculto en la oscuridad de las duchas, cuándo caía la noche. En 1995, un tribunal diocesano lo encontró culpable. La condena de sus pares fue el traslado a otra ciudad y, más tarde, un viaje de estudios al Vaticano, donde se licenció en Misionología con una tesis sobre la labor de los niños en las misiones evangélicas. A su regreso fue enviado a Tucumán, en el norte del país, hasta que en 2012 sus víctimas decidieron hablar y lo llevaron ante la justicia penal.

Fabián Schunk, uno de esas víctimas, escuchó la condena contra su abusador sentado en la primera fila del tribunal. “Estamos contentos porque se le ha aplicado la pena máxima, pero ahora hay que avanzar en el encubrimiento. Pese a la gravedad de sus actos, Ilarraz actuó con total impunidad y la anuencia de las autoridades” de la Iglesia, dice Schunk a El PAÍS. Por eso, él y otros abusados llevan años pidiendo al papa Francisco que intervenga el arzobispado de Paraná, sin resultados. “En 2012, cuando se inicia el juicio, agotamos todos los canales formales e informales posibles para llegar al Papa. A través del nuncio de aquel momento, de periodistas, de cartas, con las pruebas del juicio canónico. Seguimos durante todos estos años y nunca tuvimos una respuesta”, lamenta.

La condena contra Ilarraz y la limpieza que Francisco realizó días atrás en la cúpula de la Iglesia chilena, donde el caso del cura pedófilo Fernando Karadima puso al descubierto un cerrado pacto de silencio, dio ahora esperanzas a las víctimas argentinas. “Lo que motiva este pedido es que Francisco se haga cargo de todo esto, que dé al menos una palabra. Con una intervención a gran escala como hizo en Chile o con al menos un gesto hacia las víctimas, algo que manifieste su cercanía y su preocupación por lo que les ha pasado a estas personas”, dice José Francisco Dumoulín, un exsacerdote que tras dejar los hábitos promovió las causas judiciales por pedofilia en Paraná.

La intervención de la arquidiócesis de Paraná sería “un gesto de máxima” por parte de Francisco, pero a las víctimas, dice Dumoulín, les alcanza con “un gesto de delicadeza”. Ese gesto no ha llegado, mientras desde el arzobispado de Paraná ensayan pedidos de perdón. En una carta pública, el arzobispo Juan Alberto Puiggari, bajo cuya orden estaba Ilarraz en el momento de los abusos, dijo que su diócesis “no supo encontrar los caminos más adecuados para dar respuestas ajustadas a las necesidades de las víctimas”. “Nunca dejaremos de sentir dolor por eso”, escribió Puiggari, y recordó que bajo su mando se creó una comisión de prevención de los abusos de menores. Del arzobispado de Paraná salió también un manual de buenas costumbres que, entre otras cuestiones, recomienda a los curas que no compartan con menores espacios cerrados o viajes en autos sin la presencia de otro adulto.

Para las víctimas, las medidas tomadas por Puiggari fueron “puro maquillaje”, porque lo importante es romper con la cadena de encubrimiento que, por ejemplo, ordenó a los seminaristas a mantener silencio absoluto sobre los casos probados de pedofilia. Schunk confía en que Francisco dará, al fin, un paso hacia ellos. “Si llamó a tantas viejitas para su cumpleaños, también se puede comunicar con nosotros”, dice.