El Congreso mexicano aprueba una polémica ley de propaganda oficial

El Congreso mexicano ha aprobado una polémica ley en publicidad oficial que ha sido severamente cuestionada por diversas organizaciones ciudadanas porque aseguran que no frenará la asignación discrecional de recursos públicos —que supera los 2.000 millones de dólares desde 2013— ni la utilización de estos para fines proselitistas o electorales. En una sesión que comenzó la noche del miércoles y se prolongó las primeras horas del jueves, los senadores aprobaron la Ley General de Comunicación Social con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención. En un intenso debate los legisladores opositores a la norma aseguraron que ésta sólo legaliza la propaganda política disfrazada de información sin lograr una regulación de fondo.

La norma aprobada obedece a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitido el pasado 15 de noviembre que obligaba al Congreso a regular el gasto discrecional en propaganda gubernamental antes del 30 de abril de este año. La resolución se dio tras resolver un amparo que promovió la organización Artículo 19, inconforme porque el Congreso nunca reguló esa materia tras una reforma en materia político-electoral promulgada en 2014. “La omisión de expedir la ley señalada viola la libertad de expresión, de prensa y de información. Este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes”, expuso el Supremo en ese entonces.

La batalla legal de Artículo 19, quien promovió el amparo, continuará porque la ley aprobada no cumple con los criterios establecidos en la sentencia de la Corte. Ana Cristina Ruelas, directora de la organización que defiende la libertad de expresión, dijo en entrevista con este medio que el siguiente paso es iniciar un proceso de inconformidad -como quejosos en el amparo- a fin de que el Supremo determine que no se subsanaron los derechos violados, pese a la regulación del Congreso. “El proceso de amparo no termina aquí. El juez ejecutor tiene que determinar si el Congreso cumplió cabalmente con la sentencia y al determinar el cumplimiento nosotros podemos quejarnos (de la ley aprobado) mediante un recurso de inconformidad. Desde Artículo creemos que la sola emisión de la ley no es suficiente ya que esta norma aprobada no subsana los derechos que la Corte estimó violados con la omisión”, afirma.

El colectivo #MediosLibres, que agrupa a periodistas, medios de comunicación y a organizaciones civiles, académicas y empresariales, ha dicho que el proceso legislativo estuvo lleno de claroscuros, inconsistencias y cargado de irregularidades. En un escrito difundido este jueves se asegura que la minuta sólo legaliza las malas prácticas y no integra las recomendaciones hechas por las organizaciones ciudadanas. “No puede existir una sociedad democrática sin un Estado que no integre en su agenda la libertad de expresión como un eje rector de la misma. Con la ausencia de garantías para ejercer la libertad de expresión se imposibilita el poder acceder a otra gama de derechos, y por ende, se debilita nuestra democracia”, se lee en el pronunciamiento.

El colectivo, del que forma parte Artículo 19, también denunció una simulación por parte de los legisladores en la consulta ciudadana. “La falta de diálogo con la sociedad civil y su integración en el proceso tuvieron como consecuencia que esta ley obedezca a intereses muy particulares y no a los que una sociedad como la mexicana requiere”, se expone. Durante las audiencias públicas realizadas en marzo los colectivos convocados al debate acusaron falta de seriedad en el llamado a la cita, ya que se organizó con cinco días de anticipación y hubo personas convocadas que no fueron citadas y se enteraron de su participación en redes sociales.

La minuta fue aprobada debido al voto de mayoría que lograron el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados el Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza(PANAL). Los senadores opositores a la minuta buscaban que el dictamen fuera regresado a comisiones para modificarlo, pero la propuesta no tuvo éxito. La senadora Angélica de la Peña (PRD) afirmó que la propuesta que estaba a punto de aprobarse no garantizaba que el gasto de comunicación cumpliera con los criterios de transparencia, eficiencia y honradez. “Lo que esta minuta contiene es un marco normativo que legitima el autoritarismo de antaño, atenta contra la libertad de expresión y pretende utilizar los recursos públicos para controlar la línea editorial de los medios sin rendir cuentas a nadie”, afirmó durante la discusión previa a la aprobación de la ley.

La ley, que ha sido bautizada por los colectivos ciudadanos como Ley Chayote —como se le denomina en México al soborno que reciben los periodistas o medios de comunicación— establece que será la secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), quien regule el gasto en materia de comunicación social. Esta ha sido uno de los cuestionamientos más severos a la ley, ya que se sigue brindando un control político al gasto gubernamental. Ruelas  detalla que en la ley aprobada no existen criterios claros para la asignación ni hay control del presupuesto que se ejercerá el Gobierno en publicidad. "Ni siquiera existe unad efinición de lo que es y no es la publciidad oficial. Solo legaliza las malas prácticas", expone.