La Suprema Corte ordena frenar el derroche de la publicidad oficial en México

Los informativos de la televisión mexicana, además de noticias, están llenos de alcaldes que promocionan obras en remotos municipios e insulsos mensajes de exgobernadores y políticos que buscan promoverse. La propaganda suele confundirse con las informaciones en la mayoría de noticiarios. Tan solo la Administración de Enrique Peña Nieto ha gastado cerca de 2.000 millones de dólares desde 2013 para promoverse. La Suprema Corte de Justicia ha dado este miércoles un primer paso para poner freno a este derroche que sangra los presupuestos federales y de los Estados.

La primera sala del tribunal supremo ha otorgado un amparo a Artículo XIX, una asociación civil especializada en la libertad de expresión. La organización había promovido un recurso ante los jueces porque considera que el Congreso ha sido omiso al regular este dispendio. “Esta omisión provoca que las autoridades utilicen los recursos públicos destinados a dicho fin de manera discrecional y opaca y genera medios indirectos de censura que violentan las libertades de expresión, prensa e información al hacer la asignación del recurso para premiar ciertas líneas editoriales complacientes”, afirma el proyecto promovido por el ministro Arturo Zaldívar que fue respaldado por otros tres togados. El único juez que votó en contra fue el conservador Jorge Pardo Rebolledo.

La decisión de la Corte obliga al Congreso a elaborar una ley reglamentaria al párrafo ocho del artículo 134 de la Constitución para regular el gasto de Comunicación social. La redacción de esa norma lleva durmiendo el sueño de los justos desde febrero de 2014, cuando los diputados obviaron 17 iniciativas sobre la materia tras una reforma a la carta magna. Ahora, los legisladores tendrán que desempolvar alguna de esas propuestas y expedir la ley reglamentaria antes del 30 de abril de 2018, según el mandato de la Corte.

El fallo de la primera sala ha sido considerado histórico porque es la primera vez que el Supremo ordena al Congreso expedir una ley por el amparo. “Manda un mensaje muy claro porque la corte se convierte en un verdadero contrapeso institucional y un garante en términos de revertir patrones donde los poderes públicos violentan la Constitución”, asegura Leopoldo Maldonado, de Artículo XIX.

La asociación asegura que la Corte “reconoce que la falta de reglas claras genera un efecto mordaza para los medios y los periodistas”. “Se asfixia económicamente a los medios críticos, lo que es un problema en varios medios de comunicación de América Latina”, dice Maldonado.

Televisa y Tv Azteca, las principales televisiones de México, fueron las más beneficiadas en 2016 por el dinero de publicidad oficial, de acuerdo con un informe publicado en septiembre por Fundar, un centro de análisis e investigación. Ambas empresas recibieron 3.148 millones de pesos (163 millones de dólares). Los ministerios que más gastaron fueron Salud, Desarrollo Social y Educación, con cerca de 6.000 millones de pesos (311 millones de dólares) a pesar de los draconianos recortes al gasto impuestos en los tiempos del desplome del precio del petróleo y un entorno de austeridad impuesto por el Gobierno federal.

La investigación de Fundar también arrojó que el gasto en publicidad oficial tiene un sobre ejercicio de casi 72% sobre lo aprobado por la Cámara de Diputados. Pero esta epidemia no es exclusiva del presidente y su Administración. Los gobiernos de los Estados también se inclinan por este derroche de vanidad y anhelos de control a los medios locales. En 2015, año de elecciones, ejercieron 11.895 millones de pesos (618 millones de dólares). El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) calcula que el monto ejercido en 2016 fue de 9.500 millones de dólares (493 millones de dólares). Todos gastan el doble de lo que presupuestan.

La decisión de la Corte pone el balón en el terreno del poder legislativo. “Este es un primer paso para reconfigurar la relación entre medios y el poder público”, dice Maldonado. Los diputados están obligados a atender el mandato de la Corte. El desacato podría llevar a una eventual destitución y consignación del presidente de la Cámara de Diputados. Los jueces han sumado a los legisladores una nueva obligación a ocho meses de las presidenciales de 2018. El Congreso debe aprobar la ley reglamentaria antes de los comicios con un clima político crispado que no favorece los acuerdos.