Estados Unidos advierte de un “deterioro drástico” de los derechos humanos en Venezuela

Estados Unidos describió este viernes a los gobiernos “corruptos” y que vulneran derechos humanos como una amenaza a la estabilidad mundial y a los intereses de Washington. El informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos en el mundo califica, por ejemplo, a China, Rusia, Irán y Corea del Norte de “fuerzas de inestabilidad”. El documento también es muy crítico con Venezuela, donde, advierte, la democracia y las protecciones ciudadanas se “deterioraron drásticamente” en 2017 como resultado de los esfuerzos de Nicolás Maduro de “consolidar su poder”.

“Seguiremos imponiendo consecuencias a aquellos que abusan de derechos humanos”, proclamó el secretario de Estado en funciones, John Sullivan, en la presentación de la cuadragésima segunda edición del informe, que es un requisito legal impuesto por el Congreso. Sullivan alertó de los abusos sistemáticos en Siria, abogó por que rindan cuentas los responsables de la limpieza étnica de los rohinyá en Myanmar y avisó de que China propaga los “peores rasgos de un sistema autoritario”. También puso el foco en los ataques “casi diarios” al derecho de asamblea en Irán, las detenciones de “decenas de miles de periodistas y académicos” en Turquía y a la cruzada de la Rusia de Vladímir Putin contra la sociedad civil, así como sus invasiones territoriales en Ucrania.

En cuanto a Venezuela, Sullivan manifestó el apoyo de EE UU a la población y acusó a Maduro de no permitir la entrada de ayuda extranjera. “El régimen de Maduro reprime los derechos humanos y deniega el derecho a tener una voz en el país mientras miles de personas escapan en respuesta a la creciente crisis humanitaria”, señaló.

El Gobierno de Donald Trump ha endurecido notablemente en el último año las sanciones a altos cargos de Caracas ante la deriva autoritaria en el país, que ha enterrado la independencia política y judicial.

El informe del Departamento de Estado destaca las irregularidades en las elecciones regionales del pasado octubre y describe una retahíla de abusos de derechos humanos: “muertes extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad”, propagación de las detenciones arbitrarias, existencia de presos políticos, acoso sistemático a la prensa y a la oposición, el “establecimiento de instituciones ilegítimas para reemplazar a representantes elegidos democráticamente” y una “perversa corrupción e impunidad entre todas las fuerzas de seguridad y en oficinas gubernamentales estatales y nacionales”.

En medio de ese paisaje sombrío, Sullivan citó dos “puntos brillantes” de mejora de los derechos humanos: Uzbekistán y México. Del país latinoamericano, destacó la aprobación el pasado noviembre de una ley que establece castigos penales para los responsables de desapariciones forzosas y crea un sistema nacional de búsqueda de personas. Pese al elogio de Sullivan, el informe del Departamento de Estado advierte de que son inusuales las investigaciones, persecuciones judiciales y condenas por desapariciones forzosas de personas en México. “La impunidad por abusos de derechos humanos se mantuvo un problema, con ratios extremadamente bajos de persecución de cualquier tipo de delitos”, añade el documento.

En la presentación, el secretario de Estado interino presumió de que EE UU lidera la “promoción de derechos humanos” en el mundo. Pero la naturaleza del informe, que no analiza a EE UU, coloca a Washington ante un espejo incómodo. Organizaciones independientes, como Amnistía Internacional, han acusado al Gobierno de Trump de socavar en el mundo el respeto a los derechos humanos.

El presidente ha manifestado su afinidad hacia líderes de países autoritarios, como Rusia, Filipinas o Turquía; humilla constantemente a los periodistas críticos y ha estigmatizado a minorías, como los musulmanes o los soldados transgénero. En la rueda de prensa posterior a la presentación del documento, un periodista preguntó si por esos motivos no podía considerarse algo hipócrita la acusación de EE UU a los abusos de otros países. Sullivan ya no estaba en la sala y su reemplazo, Michael Kozak, asesor de derechos humanos del Departamento de Estado, buscó un delicado equilibrio en su respuesta. Esgrimió que una cosa son las críticas y la otra si estas se traducen en hechos: “Hay una distinción entre las palabras y el poder de un Estado”.