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La UE y Reino Unido alcanzan un acuerdo para la transición post-Brexit

Londres logra incluir Gibraltar en ese periodo, a falta de que los Gobiernos español y británico cierren las condiciones de forma bilateral

El representante británico para la UE, David Davis, y el negociador de la UE, Michel Barnier, posan tras la reunión en Bruselas.

Fumata blanca sobre fondo gris. La Unión Europea y Reino Unido han alcanzado un acuerdo sobre el periodo de transición tras la ruptura de Londres con el club comunitario, que irá desde el 29 de marzo del año próximo, fecha de la desconexión, hasta el 31 de diciembre de 2020. En plata: Bruselas y Londres pactan retrasar 21 meses en total, hasta finales de 2020, el Brexit definitivo, y dan así una señal de tranquilidad a los mercados y a los sectores más afectados por el divorcio. "Se trata de un paso decisivo", ha dicho el negociador jefe de la Unión, Michel Barnier, "para evitar incertidumbres tanto a las empresas como a los ciudadanos". Los mercados han reaccionado al alza: la libra se ha aupado casi de inmediato hasta los 1,40 dólares, la cota más elevada en casi un mes.

Durante ese periodo, Londres deberá cumplir a rajatabla con la normativa europea, pero no tendrá ni voz no voto en la toma de decisiones: gol para Europa. En ese plazo, los ciudadanos que lleguen a Reino Unido tendrán los mismos derechos que los que llegaron antes: gol para Europa. Y lo más importante: Londres cede, al menos temporalmente, en la solución para Irlanda del Norte, aunque ambas partes subrayan que el partido no ha terminado. En plata: Reino Unido acaba cediendo en Irlanda y en casi la totalidad de los asuntos más polémicos con la esperanza de estar comprando un buen acuerdo futuro. Y el Ejecutivo de Theresa May consigue 21 meses de gracia para preparar la salida definitiva.

El borrador del acuerdo demuestra que no todo está cerrado: tanto en Irlanda como en el método de resolución de disputas de ese periodo de transición sigue habiendo diferencias que requerirán futuras negociaciones. Además, Reino Unido y la UE dejan abierta la posibilidad de pactar "cuanto antes" un marco "ambicioso" en las políticas exterior y de seguridad durante el periodo de transición.

Las contrapartidas para Londres son difusas. La Unión concede que Reino Unido podrá negociar y firmar acuerdos comerciales internacionales, aunque solo podrán aplicarse una vez termine el periodo de transición. Y Europa se compromete a consultar con Londres las decisiones —particularmente en asuntos como la pesca—, aunque queda claro que Reino Unido no participará en la toma de decisiones. La UE, en definitiva, rechaza la gran mayoría de las demandas británicas, aunque hace alguna concesión. Y Londres se agarra al pacto con la esperanza de negociar un buen acuerdo sobre la relación futura entre Reino Unido y la UE, que no deja de ser lo fundamental del Brexit, y da a sectores como las finanzas y la aviación casi dos años extra. Reino Unido pretendía que ese plazo fuera más amplio. Pero la UE rechaza esa posibilidad e incluye una cláusula que subraya que el periodo de transición tendrá "un tiempo limitado".

El acuerdo de transición incluye el asunto de Gibraltar, como se ha encargado de destacar el negociador británico, David Davis. Pero su aplicación dependerá de la negociación bilateral entre España y Reino Unido, según ha recordado Barnier. "El resultado [de esa negociación] es fundamental para la aplicación en Gibraltar del acuerdo", ha dicho Barnier a la prensa. Davis ha señalado que las negociaciones entre Londres y Madrid son "muy constructivas", y espera que acaben siendo "muy productivas". Pero las fuentes consultadas en Bruselas apuntan que España ha dado sobradas muestras de dureza hasta ahora. "El Gobierno español puede contar con la solidaridad de los socios de la UE", ha afirmado Barnier, consciente de la importancia de ese asunto en clave nacional. Gibraltar abandonará la UE al mismo tiempo que Reino Unido, a finales de marzo del año próximo. Pero el Peñón seguirá beneficiándose de las ventajas del mercado único en las mismas condiciones que el Reino Unido hasta finales de 2020, pese a que en teoría el poder de veto de Madrid sigue intacto: para que el acuerdo de transición sea aplicable en el Peñón tiene que haber un acuerdo bilateral previo entre Londres y Madrid. Para ello, España pretende que Londres haga concesiones acerca del uso compartido del aeropuerto de Gibraltar y sobre las prácticas fiscales agresivas gibraltareñas, entre otros aspectos.

Irlanda es quizá el asunto más espinoso y por tanto el que está más lejos de una solución definitiva. Tanto Londres como Dublín desean que la desconexión no suponga una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte que pueda poner en peligro los Acuerdos del Viernes Santo. No está claro cómo puede conseguirse ese extremo. La marcha de Reino Unido del mercado común podría acabar por obligar finalmente a ello. Durante la comparecencia de hoy, Davis ha afirmado que Londres se mantiene "firme" en su intento de que no se refuerce el paso fronterizo, pero de momento cede a las pretensiones de la UE: acepta incluir un respaldo "legal" que mantendría a Irlanda del Norte en el grueso del mercado único y la unión aduanera "hasta que se encuentre otra solución", según Barnier, a la espera de que Downing Street proponga otras opciones.

El acuerdo de transición es clave para asegurar un Brexit ordenado y evitar una ruptura abrupta. Otorga al Gobierno británico y a la Unión 21 meses adicionales para negociar la relación futura, y da más certidumbre tanto a las empresas y los bancos como a los 4,5 millones de europeos en suelo británico y británicos en la UE. En plata: los británicos siguen dentro del mercado común durante esos 21 meses, pero están obligados a respetar la normativa europea, para desespero de los partidarios de un Brexit duro. "El periodo de transición permitirá a las empresas invertir y seguir operando con seguridad mientras se negocia la relación futura entre Reino Unido y la UE", ha explicado Davis, quien en un guiño a los más radicales ha destacado que durante ese periodo Londres tendrá ya "un mayor control sobre las nuevas leyes, acuerdos comerciales y sobre la migración". Cierto: pero cumpliendo a rajatabla las leyes europeas y bajo el influjo del Tribunal de Justicia de la UE.

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