Myanmar militariza la zona de la que huyeron los rohingya perseguidos
Amnistía Internacional denuncia la ocupación de tierras de los rohingya por parte del Ejército birmano
Myanmar ha aumentado de forma “dramática” la militarización del Estado de Rakhine (oeste del país), del que desde el pasado agosto han huido más de 670.000 rohingyas debido a una campaña de persecución inédita por parte del Ejército birmano. Según un informe de Amnistía Internacional (AI) hecho público este lunes, bases militares, helipuertos y carreteras han sido construidos en la zona de procedencia de la minoría musulmana, lo que plantea todavía más dudas sobre la viabilidad de un plan de repatriación que debería haber comenzado el pasado enero.
Las demoliciones de poblados y los desahucios de rohingyas que aún están en Rakhine —se calcula que antes de agosto vivían cerca de un millón— para dar espacio a las nuevas construcciones se han multiplicado desde comienzos de año, indica AI. Llamado Rehaciendo Rakhine y elaborado a través del análisis de imágenes obtenidas por satélite, fotografías, vídeos y entrevistas con rohingyas en Myanmar y en el vecino Bangladésh, adonde huyen, el informe asegura que el paisaje de dicho Estado occidental birmano, con no solo casas, sino también árboles y vegetación arrasados, es “irreconocible” en contraste con hace unos meses.
Según el informe de esta organización, que va en línea con investigaciones previas de Human Rights Watch, imágenes por satélite confirman la construcción de al menos tres bases militares en el norte de Rakhine. Las mismas también muestran cómo los nuevos centros de refugiados, en principio construidos para alojar a los rohingya que regresen de Bangladésh, aparecen cercados y vigilados por fuertes contingentes militares. “Esto hace que el retorno voluntario, seguro y digno de los refugiados rohingya sea una perspectiva aún más lejana. No solo se han destruido sus casas, sino que las nuevas construcciones deshumanizan aún más la discriminación que ya padecían”, subraya Hassan.
“Las autoridades de Myanmar (antigua Birmania) están destruyendo pruebas de crímenes de lesa humanidad, haciendo extremadamente difícil cualquier intento de hacer que los culpables respondan por sus actos”, señala Tirana Hassan, de AI.
El pasado miércoles, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, elevó el tono contra los ataques sistemáticos que padecen los rohingya en Myanmar, asegurando tener “fuertes sospechas” de que se trata de “actos de genocidio”. La operación contra los rohingya, a quienes Myanmar, de mayoría budista, considera inmigrantes ilegales bangladesíes pese a llevar siglos viviendo en Rakhine (llamado antiguamente Arakan), comenzó el 25 de agosto de 2017, a raíz de varios ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA) contra puestos de seguridad en Rakhine. En respuesta, el Ejército birmano —el Tatmada— inició una campaña de magnitud sin precedentes contra los rohingya, que incluye la quema de más de 350 aldeas, violaciones grupales y un número incierto de asesinatos de hombres, mujeres y niños.
En solo un mes, alrededor de medio millón de rohingyas cruzaban azarosamente la frontera con Bangladésh, donde viven repartidos entre campos de refugiados provisionales y otros dos permanentes que se encuentran saturados. Se estima que el total de refugiados en Cox’s Bazar, el distrito bangladesí lindante con Myanmar al que llegan, ronde el millón, si se suman los alrededor de 300.000 que ya vivían allí debido a olas de violencia anteriores.
En un discurso frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid aseguró que los rohingya aún huyen de Myanmar porque la violencia “sistemática”, aunque de menor intensidad, persiste. Mohammad Rafique, rohingya que colabora con varias ONG y medios desde Cox’s Bazar, afirma que el flujo de refugiados ha disminuido, pero continúa. “Solamente hoy han llegado 51, que aún se encuentran en los puestos de control fronterizos y que serán transferidos a un campamento temporal en Teknaf [Cox’s Bazar]”, advierte.
Repatriación lejana
La incierta situación en Rakhine dificulta aún más los planes de repatriación de los rohingya huidos desde agosto que Bangladésh y Myanmar acordaron el pasado noviembre, y que en principio deberían haber comenzado en enero de este año. “Lo que estamos viendo en Rakhine es una ocupación de tierras por parte del Ejército a una escala dramática. En ellas se están construyendo centros para alojar a las mismas fuerzas de seguridad que han cometido crímenes de lesa humanidad contra los rohingya”, apunta Hassan, de AI.
El plan de repatriación, aplazado por el momento, encaja con una hoja de ruta de tres pasos planteada por China, el mayor socio comercial de Myanmar y Bangladésh. El último paso de la iniciativa de Pekín, que invierte en proyectos de distinta índole en Rakhine, es dar con una solución a largo plazo basada en desarrollar el Estado, uno de los más depauperados del país. Myanmar, que impide la entrada en Rakhine de investigadores independientes de la ONU u organizaciones de derechos humanos, ha defendido en el pasado que su necesidad de reforzar la seguridad e invertir en infraestructura en dicha zona responde a la necesidad de hacer frente a la amenaza presentada por el ARSA, al que considera un grupo terrorista.
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