Regreso al origen del éxodo

El éxodo no ha acabado, pero los planes de regreso ya han comenzado. Tres meses después de que cientos de miles de rohingya de Myanmar (antigua Birmania) comenzaran una huida colectiva hacia el vecino Bangladés, ambos países han acordado la pronta repatriación de la minoría musulmana. Pero el acuerdo no convence. Ni por su inicial vaguedad y falta de garantías, ni por la ausencia de un cambio de actitud de Myanmar hacia los rohingya, víctimas de una limpieza étnica en dicho país, según la ONU y ahora también Estados Unidos (EE UU).

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La repatriación será voluntaria y comenzará en menos de dos meses. Así lo han determinado Myanmar y Bangladés, que recibirán al papa Francisco esta semana. La crisis es un motivo constante de reprimendas por parte de la comunidad internacional para Myanmar, donde arrancará el delicado viaje del Pontífice, especialmente para su líder de facto, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Para Bangladés, aunque la masiva acogida de rohingya ha sido loada fuera de sus fronteras, su estancia permanente sería una garantía de tensión e inestabilidad que quiere resolver de cara a las elecciones del próximo año.

Myanmar pedirá a Bangladés que le entregue documentos o pruebas de identidad (nombres de familiares, lugar de procedencia o fecha de nacimiento) de los rohingya que den su consentimiento para regresar. Algo que desde los campos de refugiados de Cox’s Bazar —el distrito bangladesí colindante con el Estado de Rajine (hoy conocido como Arakan), del que huyen los rohingya— no parece fácil de lograr.

Zafor, nacido en el campo de refugiados Kutupalong en 1993, en medio de otra ola de violencia entre los rohingya y la población budista (mayoritaria en Myanmar), asegura que los planes de repatriación no son bien recibidos por los refugiados. “Los rohingya queremos volver a nuestro país, pero solo si se trata de una solución duradera. Si no tenemos ningún derecho en Myanmar, ¿para qué vamos a volver?”, asegura en un mensaje.

El acuerdo entre los dos países se basa en otro suscrito durante los enfrentamientos en los 90 que provocaron la huida de miles de rohingya, entre ellos la familia de Zafor. Este pacto no aborda la cuestión de la ciudadanía, retirada a los rohingya en 1982 por Myanmar, que les considera inmigrantes bengalíes escudándose en los cientos de miles que fueron trasladados del actual Bangladés a Rajine durante la incorporación de Birmania a la India británica en el siglo XIX. El acuerdo indica que los refugiados pasarán un “periodo de tiempo limitado” en refugios temporales antes de ser destinados a sus “antiguas residencias o zonas cercanas a su elección”.

Con miles de aldeas quemadas en Rajine desde finales de agosto de este año, como parte de una serie de atroces represalias de las fuerzas de seguridad birmanas por varios ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA) a sus cuarteles, persisten las sospechas de que acaben confinados en campos de internamiento de forma indefinida, contribuyendo a la situación de apartheid denunciada la pasada semana por la ONG Amnistía Internacional (AI). Una expectativa que tampoco persuade al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). “De momento, la situación en Rajine no es adecuada para garantizar un retorno seguro y sostenible de refugiados que aún están huyendo, muchos de los cuales han sufrido violencia, violaciones y profundos daños psicológicos. Es crucial que el regreso no ocurra de forma precipitada o prematura”, apunta en un comunicado.

Pero ni Bangladés ni Myanmar se muestran dispuestos a esperar. Los dos países parecen seguir por ahora parte de un plan propuesto por China que incluye negociaciones bilaterales. Pekín ha prometido a Myanmar cooperación militar y económica y busca reforzar su influencia en dicho país frente a la de India y EE UU, así como en el resto de la región, más aún desde que Washington insistiera en referirse a esta como Indo-Pacífico.

El Gobierno civil de Suu Kyi, aún muy frágil tras solo dos años de existencia, trata de salir del punto de mira y evitar un nuevo aislamiento internacional —como el padecido durante las décadas de la Junta Militar—, después de que EE UU endureciera su discurso hace días refiriéndose a la violencia contra los rohingya como un nuevo caso de limpieza étnica.

Una salida precipitada, según la ONU y expertos, que resucita un viejo temor: que la historia vuelva a repetirse. “Los distintos episodios de tensiones han ocurrido porque, después de otros éxodos en los 70, 80 y 90, no ha habido un programa de integración, sino más segregación y control militar. Sin integración, la misma situación se repetirá una y otra vez”, aventura Moe Thuzar, coordinadora del programa de Myanmar del Instituto de Estudios del Sudeste Asiático (ISEAS).