El fantasma de Odebrecht arrecia en Perú

Keiko Fujimori, la líder de la oposición peruana y presidenta del partido Fuerza Popular, pidió el martes la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, para “aliviar la situación de debatir una nueva moción de [destitución]”. El mandatario ha sido señalado por sus supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, que tejió una trama de sobornos a lo largo del continente para hacerse con contratos de obra pública. El mandatario se salvó el pasado diciembre de ser destituido por ese caso en el Parlamento, entonces con mayoría absoluta del fujimorismo, al negociar con Kenji Fujimori, el menor del clan, presuntamente a cambio del indulto del patriarca Alberto Fujimori, el autócrata que había sido condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

Horas antes de las declaraciones de la líder, un equipo de fiscales y policías allanó la casa de Jaime Yoshiyama, el ex secretario general del partido fujimorista y jefe de la campaña a la presidencia de Keiko en 2011, en busca de documentos sobre aportes de Odebrecht durante esos comicios.

Tras el registro del domicilio, la policía ordenó la detención del político al encontrar una pistola Beretta y 2.000 cartuchos sin licencia. Yoshiyama es uno de los dos exministros de Alberto Fujimori que en 2011 administraron los fondos de campaña de la hija mayor del clan. El miércoles de la semana pasada, el exresponsable de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, aseguró que había entregado a Yoshiyama y a Augusto Bedoya, el otro exministro, 1,2 millones de dólares como aportaciones para la campaña presidencial de 2011.

El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, que investiga a la líder de oposición por una supuesta doble contabilidad en la campaña y lavado de dinero, interrogó la semana pasada en São Paulo a Barata. El exejecutivo afirmó que el dinero procedía de la División de Operaciones Estructuradas, el eufemismo que usaba Odebrecht para la oficina encargada del pago de sobornos en sus operaciones en América Latina y África.

Entretanto, Keiko Fujimori ha seguido perdiendo congresistas que migran al grupo que lidera su hermano menor, cuya salida tras la presunta negociación con Kuczynski hizo perder a Fuerza Popular su mayoría absoluta en el Parlamento. Con la renuncia el lunes de Luis Yika, Fuerza Popular se quedó con 59 escaños, pese a que en julio de 2016 contaba con 73 de 130 parlamentarios. En una encuesta de Datum divulgada ayer, Keiko cuenta con un 24% de favorabilidad, uno de los indicadores más bajos de su carrera política.

Según el mismo sondeo, el presidente tiene apenas un 17% de aprobación de su gestión, y un 63% de los encuestados prefiere que deje su cargo. El clima ciudadano coincide con la nueva moción de destitución presidencial que promueven algunos congresistas de Nuevo Perú, Frente Amplio, Alianza para el Progreso, Partido Aprista y Acción Popular.

El futuro de Kuczynski

Los congresistas buscan lograr las 26 firmas necesarias para iniciar el trámite hoy, a falta de solo dos para conseguirlo. En diciembre, la comisión parlamentaria que investiga el caso Odebrecht —presidida por el fujimorismo— reveló que una empresa de banca de inversión que pertenecía a Kuczynski y la firma de su socio Gerardo Sepúlveda recibieron 4,8 millones de dólares por servicios de consultoría prestados a Odebrecht, mientras el ahora mandatario era ministro de Alejandro Toledo entre 2004 y 2006.

El 22 de diciembre el Parlamento sometió a votación la destitución presidencial, pero la abstención del grupo de congresistas kenjistas y de Nuevo Perú, lo salvó. La nueva moción para la destitución indica que Kuczynski diseñó un esquema financiero para que la constructora brasileña recibiera dinero del Estado anticipadamente, que hay evidencias de los contratos entre las empresas del presidente y Odebrecht, y que el pago de un millón de dólares a la empresa del mandatario no figura en los registros presentados por el propio Kuczynski.