Gotas de agua en el océano

La falta de acceso al agua potable y a un saneamiento digno lastra el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas del planeta. Sin poder llegar a este suministro básico, los programas contra la pobreza o en favor de una alimentación segura carecen de efectividad. En pleno siglo XXI la ONU calcula que 2.100 millones de personas no tienen agua apta para el consumo y que 4.500 millones carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Algunas empresas han creado programas especiales para intentar aportar soluciones y extender la concienciación ante el problema. El grupo Ferrovial, por ejemplo, tiene en marcha el proyecto Infraestructuras Sociales para acercar el agua potable a comunidades de África y América. Dentro de este marco, ayer la compañía firmó el acuerdo de colaboración con varias ONG internacionales según el cual este año destinará 500.000 euros a proyectos en Colombia, Perú y Tanzania.

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, e Íñigo Meirás, consejero delegado, se reunieron con José Luis Leal, presidente de Acción contra el Hambre; Clara Pardo, presidenta de Manos Unidas; Robert Good, presidente del patronato de Save the Children y Manuel Gómez Galán, director general de CIDEAL, para hacer efectivo el acuerdo. También participó Javier Senent, presidente de Cruz Roja, entidad con la que Ferrovial colaborará, dentro del territorio nacional, en la rehabilitación de comedores sociales y almacenes de alimentos.

En total se beneficiarán 15.000 personas. La empresa no se limita a entregar el dinero a las entidades, sino que trabaja con ellas sobre el terreno. Lo hace a través del voluntariado de sus propios empleados, que aportan su conocimiento desde España y en las zonas de trabajo. Elena Martínez acaba de volver de Colombia, donde ha hecho una visita de diagnóstico para instalar una planta potabilizadora que suministrará agua a 300 personas. Ella es gestora de talento en la compañía y su labor ha sido la de recopilar datos sobre el contexto previo a la puesta en marcha de la planta. Allí los animales se bañan en la misma alberca de la que la población coge agua para cocinar, beber y lavarse. “Hay que asegurarse de que las acciones que se desarrollan son las adecuadas para ellos; el proyecto no tendría éxito si no nos aseguramos de que esa comunidad va a hacer buen uso del agua”.

Los voluntarios inciden primero en la sensibilización de la población sobre el problema, con la promoción de la higiene, ya que, como explica Martínez, en muchos casos no son conscientes de las enfermedades asociadas al agua contaminada. “No acuden a la enfermera cuando tienen diarreas porque están acostumbrados y muchos se medican solos”. Pero además, es imprescindible la capacitación, que la propia comunidad sea la que gestiona el agua. “Es un sistema que ellos mismo van a tener que establecer: qué consumo hace cada uno, qué cuota se va a cobrar, organizarse, saber quién va a llevar al día el sistema de filtros y mantenimiento de la planta…”

La “apropiación” del proyecto por parte de los locales es la clave del éxito, según indica Gonzalo Sales, responsable del programa Infraestructuras Sociales. Sales desecha la idea de una “antigua cooperación” en la que los donantes dan dinero y se despreocupan, decidiendo además cuáles son las necesidades de los beneficiarios: “Hay que dejar que ellos expresen sus prioridades; lo importante es que la comunidad aprecie el proyecto, que la ONG tenga una buena relación con ellos y que lo que nosotros aportemos sea valorado y aprendido para hacer un buen uso del mantenimiento de los sistemas”.

Cada proyecto tiene 12 meses para hacerse efectivo, pero la labor no termina ahí. Durante los siguientes tres años los empleados de la compañía realizan un viaje anual para certificar que las instalaciones siguen funcionando y llevar a cabo los ajustes necesarios. “Somos supercautelosos porque normalmente ni en la cooperación tradicional hay un seguimiento tan riguroso y cercano de los proyectos”, considera Sales, que añade que están desarrollando una metodología de medición de impacto social de los proyectos.