A seis años de la tragedia de Once, Macri recibe a los familiares de las 51 víctimas

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La lentitud judicial en Argentina convierte cada aniversario de una tragedia en un acto lúgubre y repetitivo. El 22 de febrero de 2012, una formación del ferrocarril Sarmiento que llegaba a la terminal de Once, una de las más concurridas de Buenos Aires, no se detuvo a tiempo y chocó contra el paragolpes de amortiguación del andén. La formación iba a sólo 20 kilómetros por hora pero el impacto causó la muerte de 51 personas, por el pésimo estado de la formación y el deterioro de las medidas de seguridad. Los cuerpos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y los sobrevivientes debieron salir por las ventanas, en medio de una desesperación generalizada. Por el hecho, hay tres condenas en suspenso que deberán decidirse en abril próximo, pero el entorno de las víctimas presiona para que haya una cuarta, la del exministro de Planificación del gobierno kirchnerista, Julio de Vido, responsable político del sistema de transporte.

Este jueves se realizó el acto en conmemoración de las personas que perdieron la vida en el andén 2 de la estación inaugurada en 1882. A las 8.32 -hora del siniestro-, los allegados a las víctimas y sobrevivientes renovaron el pedido de “ver tras las rejas a los culpables de la masacre”. También se leyeron los nombres de los fallecidos y de quienes murieron en estos años de impunidad. “A seis años venimos a reafirmar con la convicción de siempre que el dolor dio paso a una lucha irrenunciable para ver tras las rejas a los culpables de esta masacre”, afirmó María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, hallado entre los fierros del tren dos días después del choque.

Sin embargo, los cañones de los damnificados siguen apuntando contra Julio de Vido, hombre fuerte del kirchnerismo y preso desde octubre por otra causa: el presunto desvío de fondos públicos en las obras del yacimiento carbonífero de Río Turbio. En ese entonces, el cargo era el responsable de monitorear y autorizar los servicios que prestaba TBA, la empresa concesionaria del servicio del tren Sarmiento, a cargo de Claudio Cirigliano, uno de los condenados, junto a los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

“Al presidente le vamos a llevar nuestra experiencia en la lucha por justicia, hablaremos del proceso judicial y los elementos que le faltan a la justicia para hacer más expeditivos los procesos judiciales”, dijo a EL PAÍS Paolo Menghini, padre de Lucas. “La intención es hablar de las carencias que tienen con respecto a estructuras de personal y recursos en el sistema ferroviario y la necesidad de que los estados tengan una cobertura para víctimas de procesos como el nuestro”, agregó.

“Creemos fervientemente en que es al Estado al que le corresponde asistir a los ciudadanos sin tener que ver quien gobierna o deje de gobernar el país. Tiene que haber políticas de Estado para asistir a las víctimas y creo que a Argentina le falta mucho aprender de las grandes tragedias que ha vivido”, opinó el hombre.

El grupo de allegados a las 51 víctimas ha vuelto a sufrir tres decesos. Uno de ellos, no tuvo que ver con la tragedia pero a fines del año pasado murió Horacio Garbuio, quien sufrió un accidente cerebro vascular el mismo día en que tuvo que reconocer a su hijo en la morgue. “Desde ahí entró en una pendiente física que lo llevó a la muerte y además hubo otro caso de suicidio de un sobreviviente hace unos años”, contó Menghini.

La masacre de Once supuso un antes y un después en el manejo de los ferrocarriles del área metropolitana de Buenos Aires. Consumadas las renuncias y procesamientos de los cargos implicados, el Estado compró más de 1.000 vagones y 111 locomotoras luego de 50 años de olvido. Además se electrificaron viejos ramales. El plan también incluyó el soterramiento de las vías del ferrocarril Sarmiento que atraviesan Buenos Aires, con un polémico contrato a la cuestionada firma Odebrecht. El servicio ha mejorado en la actualidad, aunque resta mucho por hacer.