Gran batalla en Argentina para conocer los sobornos de Odebrecht

El escándalo del caso Odebrecht ha tenido graves consecuencias en casi todos los países grandes de América Latina, pero en Argentina aún no se ha destapado la caja de los truenos. La multinacional brasileña, corazón de la operación Lava Jato, admitió ante una corte de Estados Unidos haber pagado 35 millones de dólares en sobornos en Argentina para beneficiarse de contratos por "aproximadamente 278 millones de dólares" en obra pública entre 2007 y 2014, durante el kirchnerismo. La Justicia argentina conoce esta información desde enero, pero aún no ha logrado saber quiénes recibieron esos pagos y la trama judicial se ha convertido en Argentina en una batalla política por el control de la información.

Este jueves vence el acuerdo de confidencialidad firmado en Brasil por los directivos de Odebrecht que aceptaron revelar a quién pagaron a fin de obtener una reducción de pena. La información está a punto de llegar finalmente a Argentina, pero se ha abierto una gran disputa entre el Gobierno de Mauricio Macri y la fiscal general, Alejandra Gils Carbó, a la que ha tratado por todos los medios de destituir porque fue nombrada durante el kirchnerismo, para gestionar esos datos clave que podrían afectar a personajes políticos importantes. En un año electoral, una información tan sensible puede ser muy relevante.

Primero negociaron los fiscales argentinos con Odebrecht, sin éxito. Después llegó el Ejecutivo, que ofrece a la empresa seguir trabajando en el país a cambio de la información. Pero Odebrecht, que está dispuesta a pagar una fuerte multa, quiere mucho más. Exige garantías de que no habrá procesos contra ella o sus directivos en Argentina. Y nadie parece dispuesto a llegar a eso, porque la ley argentina no es tan flexible como la brasileña y también porque la batalla entre la fiscalía y el Gobierno dificulta cualquier acuerdo. En este contexto, un juez ordenó allanar el miércoles las oficinas de la compañía en Buenos Aires y el Gobierno estudia la posiblidad de suspender algunas de las obras de Odebrecht en el país austral si la firma no colabora.

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fue clara en una entrevista a EL PAÍS la semana pasada en su advertencia a la empresa: "El Estado puede sancionar, suspender contratos, podemos sacar a la compañía del registro de constructores. La fiscalía ha fracasado, por eso entramos nosotros", explicó. "Este es un caso que debería haber sido encarado por la Fiscalía. Lamentablemente la Procuración a cargo de Gils Carbó no avanzó en este proceso", declaró el ministro de Justicia, Germán Garavano. Desde la Procuración niegan las acusaciones y señalan que se han realizado decenas de pedidos a fiscales brasileños que hasta el momento no han recibido respuesta.

Garavano pretende que toda la información que llegue desde Brasil "se pueda transparentar y hacer pública, y que produzca efectos judiciales sobre exfuncionarios, que es lo que el Gobierno busca desde el primer día en relación a esto". Sin embargo, no parece tan fácil. En Brasil hay causas abiertas y la información recibida por Argentina estará bajo secreto de sumario para no entorpecer la marcha de las investigaciones. En el escrito de la fiscalía brasileña en el que avisa que enviará la información a partir del jueves deja muy claro que no puede hacerse pública.

Gran salto con el kirchnerismo

Odebrecht llegó a Argentina hace 27 años, pero hasta 2005 sólo había construido la represa en Neuquén y la autopista del Oeste, que conecta Buenos Aires con su área metropolitana. El gran salto se produjo con la llegada del kirchnerismo, cuando se convirtió en la empresa extranjera más beneficiada por el Estado argentino. En sociedad transitoria con otras empresas, obtuvo contratos estatales por 10.730 millones de pesos, equivalentes a 2.550 millones de dólares al tipo de cambio de 2011, año de la última licitación obtenida por la empresa, y a 671 millones de dólares si se aplica la cotización actual.

Al frente de todas esas obras estuvo Julio De Vido, ministro de Planificación desde 2003 hasta 2015. De Vido está imputado en varias causas por corrupción, pero niega haber cobrado sobornos de la compañía brasileña. Las sospechas recaen también sobre uno de sus hombres más cercanos, el entonces secretario de Obra Pública José López, detenido tras haber sido capturado in fraganti cuando intentaba esconder nueve millones de dólares en un convento. El caso está provocando incluso una tensión interna dentro del grupo que apoya a Macri, Cambiemos, porque la diputada Elisa Carrió sostiene que algunos estamentos del poder quieren defender a De Vido.

Pero también hay hombres cercanos al macrismo en los contratos realizados por Odebrecht en los últimos años. Por ejemplo, el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, propietario de la firma Iecsa cuando recibió, en conjunto con Odebrecht y otras empresas, la licitación por el soterramiento del tren Sarmiento, una gran obra que aún está en ejecución. O el jefe de los espías y gran amigo de Macri, Gustavo Arribas, a quien uno de los arrepentidos del caso, Leonardo Meirelles, acusó de haber recibido 800.000 dólares en nombre de Odebrecht. Arribas niega la acusación y el presidente le apoya, pero el caso ha supuesto un problema importante para el Ejecutivo porque es una persona de la máxima confianza del jefe del Estado.

Los nombres de los implicados en la red de pago de sobornos empezarán a salir en los próximos meses, en plena campaña para los comicios legislativos del próximo octubre, donde se renueva buena parte del Parlamento. Odebrecht será una pieza clave en la disputa electoral.