Republicanos y demócratas cierran un acuerdo presupuestario sin decidir el futuro de los ‘dreamers’

La paz se hizo entre republicanos y demócratas. Y tuvo un coste. En un gesto al borde del abismo, ambos partidos cerraron hoy un acuerdo presupuestario en el Senado que aumenta el techo de gasto en 300.000 millones de dólares durante dos años. El pacto, que debe ser refrendado en la Cámara de Representantes, permite evitar otro cierre de la Administración federal, pero deja a los dreamers, cuyo futuro los demócratas habían prometido salvar, bajo la amenaza de deportación.

El reloj corría otra vez en contra. El jueves a medianoche terminaba el plazo para prorrogar los fondos federales. El último desacuerdo, en enero, acarreó la licencia de 800.000 funcionarios durante 60 horas. Entonces, el principal punto de fricción fue el destino de los dreamers, los inmigrantes sin papeles que llegaron a Estados Unidos siendo menores y cuya cobertura legal, por orden del presidente Donald Trump, acaba el 5 de marzo.

Para salvar el escollo, los dos partidos forjaron una propuesta de mínimos. Prorrogaban la financiación hasta el 8 de febrero y se comprometían a cerrar un acuerdo migratorio. Era una forma provisionalísima de conciliar los intereses de la Casa Blanca con los de los demócratas, y conseguir así la mayoría cualificada (60 votos sobre 100) que se requería en el Senado, donde los conservadores disponen de 51 escaños. La oferta fue presentada por la oposición no como una capitulación, sino como el inicio del gran debate.

Ahora, a punto de cumplirse el plazo, ambas partes han encontrado la solución dejando fuera justo aquello que iba a centrar la discusión: los dreamers. Su futuro, a menos de un mes de que venza el programa que les da permiso para trabajar, vuelve a ser oscuro. Trump, quien llegó a decir el martes que le “encantaría” un cierre de la Administración si no se cumplían sus exigencias, pide 25.000 millones para construir el muro con México a cambio de darles protección. Una demanda inasumible para los demócratas y que, para sorpresa de muchos correligionarios, les ha llevado a sortearla en el Senado.

Eliminada esta espinosa cuestión, ambas fuerzas han logrado un acuerdo fluido, que pone fin a una larga tradición de renovaciones temporales y que, a juzgar por sus primeras declaraciones, sitúa como vencedores a ambos contendientes. “Esto es un éxito del bipartidismo”, afirmó el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. “Hemos trabajado duramente para lograr un pacto que beneficie al pueblo americano”, remachó su homólogo republicano, Mitch McConnell.

El compromiso tiene dos atractivos. El primero es que acaba con la provisionalidad presupuestaria. Víctimas de los vaivenes negociadores, las prórrogas habían abierto un ciclo de inestabilidad que condujeron al cerrojazo administrativo del pasado 20 de enero. Una experiencia de la que salieron escaldadas ambas formaciones. La segunda ventaja del pacto es que aumenta el techo de gasto en casi 300.000 millones en dos años. 165.000 millones irán a gasto militar, y otros 131.000 millones, a otros apartados, entre ellos infraestructuras (20.000 millones), crisis de los opioides (6.000 millones), salud infantil (5.800 millones) y veteranos (4.000 millones). Unas partidas largamente reclamadas por ambas fuerzas y que en un año de confrontación electoral les permiten quitarse un peso de encima.

Pero todas estas bondades quedan eclipsadas por un fracaso evidente: no se ha dado solución a dreamers. Y esta falla puede acabar siendo letal para el pacto. La líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, horas antes de que se conociera el acuerdo, anunció que no apoyaría ningún texto que no salvara a este colectivo de migrantes de la deportación. Un bloqueo de la minoría demócrata en la Cámara Baja no implica el fin del acuerdo. Ahí solo se requiere mayoría absoluta para hacer prosperar una iniciativa de este tipo, pero dada la eventual deserción de republicanos contrarios a un aumento del gasto público, las posibilidades de naufragio no han desaparecido del todo.

Para conjurar este peligro, la Casa Blanca respaldó públicamente el compromiso, y el líder conservador en el Congreso, Paul Ryan, prometió una ley específica sobre la cuestión migratoria. Esa norma que 1,8 millones de dreamers esperan desde hace años.