Un acuerdo de mínimos permite reabrir la Administración federal de EE UU

Fin del primer episodio. La Administración federal de EE UU reabrirá este martes sus puertas. Tras 60 horas de cierre, con 800.000 empleados públicos licenciados y millones de ciudadanos hartos, los demócratas concedieron este lunes en el Senado una nueva prórroga a los fondos federales. La votación, con 81 votos a favor y 18 en contra, supone un alivio para una nación cada día más fracturada, pero no deja de ser un pacto agónico. Solo fija tres semanas de financiación y basa su supervivencia en un acuerdo migratorio, el punto de quiebra con la Casa Blanca.

Republicanos y demócratas se vieron en el abismo y decidieron hacer un alto. El cierre de la Administración federal, el llamado shutdown, es tóxico para ambos. No solo muestra la incapacidad del presidente Donald Trump para el diálogo, sino que enfrenta a los demócratas a la paradoja de estar actuando igual que los republicanos radicales con Barack Obama en 2013.

Para salvar el escollo, los sectores moderados de los dos partidos auspiciaron una propuesta de mínimos. Sus dos pilares eran la prórroga de la financiación hasta el 8 de febrero y la promesa republicana de tratar de alcanzar un acuerdo migratorio . “Debatiremos el futuro de los dreamers [inmigrantes llegados siendo menores a EE UU], la seguridad fronteriza y otros temas relacionados", explicó el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Era una forma esquemática y provisionalísima de conciliar los intereses de la Casa Blanca con los de la oposición, y lograr así la mayoría cualificada (60 votos sobre 100) que se requería en el Senado, donde los conservadores disponen de 51 escaños.

La oferta fue aceptada por el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y presentada no como una capitulación, sino como el inicio del gran debate. “Votaremos a favor, pero los republicanos tendrán que cumplir”, advirtió Schumer.

El año pasado, los demócratas ya concedieron dos prórrogas sin ver sobre la mesa una propuesta de reforma migratoria que haga frente a su principal preocupación: los 700.000 dreamers a los que Trump puso al borde de la deportación en septiembre, cuando suspendió el programa que les daba cobertura legal y daba una fecha para que pudiesen empezar las expulsiones: el 5 d marzo. Viendo el reloj correr sin ningún avance, Schumer y los suyos decidieron la semana pasada forzar un acuerdo y presionaron en el talón de Aquiles de la Casa Blanca.

Desde hace nueve años, los presupuestos no logran la aprobación parlamentaria y esto obliga al Gobierno a acudir cíclicamente al Congreso a pedir una prórroga de fondos. La última, el pasado viernes, fue rechazada por los demócratas. La negativa desencadenó el temido shutdown. La crisis, aunque erosionante para todos, logró su objetivo: hacer patente la dificultad de Trump para llegar a un acuerdo en materia migratoria.

En estos meses, su única oferta ha sido pedir 18.000 millones de dólares para el muro con México. La propuesta, muy cercana a un chantaje, no admitía rebaja. Cuando el pasado viernes, en el fragor de la negociación, el líder demócrata, renegando de su postura oficial, aceptó financiar la obra a cambio de rescatar de la pesadilla a losdreamers, el presidente rechazó reducir la exorbitante cantidad pedida. O todo o nada. Esa fue la respuesta binaria del presidente.

Fracasado el acuerdo, el presidente tuvo que soportar la humillación de celebrar su primer aniversario en el poder con un apagón administrativo. En respuesta dio otra vuelta de tuerca y estableció como condición necesaria para cualquier pacto futuro que se restableciese primero la financiación federal. La exigencia, aparte del ruido habitual, tenía como fin invertir la carga y presentar como responsable del cierre a la oposición.

La idea, machaconamente repetida por Trump y sus adláteres, era venenosa. El próximo 6 de noviembre se celebran unas elecciones legislativas claves. En juego estarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los estrategas demócratas son conscientes de que un mal paso puede perjudicarles, incluso más que a los republicanos, en la medida en que 10 reelecciones suya a la Cámara Alta tienen lugar en estados donde Trump ganó a Hillary Clinton en 2016.

La contestación demócrata a este desafío fue mantener que la culpa del shutdown era de Trump, pero mostrarse abiertos a la negociación con los republicanos, entre cuyos votantes la deportación de los dreamers es mayoritariamente rechazada. El resultado fue la rúbrica de un acuerdo, consagrado ayer por el Senado, que reducía la tensión ambiental y devolvía al pelota a su punto de partida.

“El presidente, ese gran hacedor de acuerdos, se ha quedado al margen de este pacto. Ha habido discusiones, ofertas y contraofertas; finalmente, vamos a votar a favor de la reapertura de la Administración en la esperanza que se dé una solución a los dreamers. Si los republicanos no lo hacen, habrán quebrantado no solo la confianza de los demócratas, sino de muchos miembros de su propio partido”, sentenció Schumer.

Con el pacto, se abre un nuevo periodo de duda. El daño ha sido amplio y ambos contendientes han visto hasta dónde pueden llegar sus diferencias. Pero nadie sabe si esto bastará para superar las diferencias. El plazo para la discusión vence en solo tres semanas. Poco tiempo para un debate que en Estados Unidos, con 13 millones de indocumentados y un presidente atrincherado en posiciones ultras, se ha vuelto la principal batalla política. "Como dije, una vez que el Gobierno recupere la financiación, mi Administración trabajará para resolver el problema de la muy injusta inmigración ilegal. Haremos un pacto a largo plazo en inmigración si, y solo si, es bueno para el país”, alertó Trump. La negociación no ha hecho más que empezar.