Turquía detiene nuevamente al presidente local de Amnistía pese a que un juez ordenó su liberación

Poco duró la alegría. El aplauso con el que fue recibida la decisión judicial de poner en libertad condicional de Taner Kiliç, presidente de la sección turca de Amnistía Internacional y encarcelado desde el pasado junio, fue sustituido por el asombro, la tristeza y la indignación de sus allegados. Si en la tarde de el miércoles un juzgado de lo penal de Estambul decretaba su libertad, al caer la noche, mientras su familia y sus compañeros de Amnistía Internacional (AI) esperaban su excarcelación a las puertas de la prisión de Sakran, en Esmirna, se enteraban de que el fiscal del caso había recurrido la decisión.

Kiliç salió de prisión, pero sólo para ser llevado a un cuartelillo de la Gendarmería pues un segundo tribunal decretó de nuevo su detención atendiendo al recurso de la Fiscalía. “Hemos hablado con la Gendarmería en la comisaría en la que se encuentra Taner y nos han confirmado que será llevado al Tribunal de Aliaga, en Esmirna, por la mañana, que decidirá sobre su detención”, escribió de madrugada en Twitter Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional en Europa y desplazada a Turquía para seguir el caso.

Por la mañana, el tribunal de Esmirna daba la razón a la Fiscalía y, en una decisión bastante chocante, el juzgado de Estambul se desdecía de su primer fallo y aceptaba el recurso de la Fiscalía. “En las últimas 24 horas hemos sido testigos de una farsa judicial de proporciones espectaculares. Garantizar su liberación para cerrarle la puerta de la libertad en la cara de forma tan despiadada, resulta devastador para Taner, su familia y todos aquellos que defienden la justicia en Turquía”, denunció el secretario general de AI, Salil Shetty.

Pese a lo sorprendente de la decisión judicial, no se puede decir que carezca de precedentes en Turquía, donde la oposición denuncia que el Gobierno controla los resortes del sistema judicial. El pasado 11 de enero, el Tribunal Constitucional decretó que los periodistas Mehmet Altan y Sahin Alpay, detenidos desde 2016, debían ser liberados pues sus derechos habían sido conculcados. Pero poco antes de que los detenidos volvieran a respirar en libertad, el Ejecutivo islamista dijo que el Constitucional se había “extralimitado en sus funciones” y, efectivamente, sendos tribunales de primera instancia decidieron saltarse a la torera la decisión de la corte superior y prolongar la detención de Altan y Alpay. Eso pese a que, legalmente, las decisiones del Constitucional son vinculantes para todos los tribunales inferiores.

El juicio contra Taner Kiliç es uno de los que más críticas internacionales ha despertado y, de hecho, AI ha recabado un millón de firmas por su liberación. Kiliç fue capturado el pasado junio junto a otros 22 abogados en Esmirna, a los que se acusa de pertenencia a organización terrorista y de estar involucrados en la cofradía de Fethullah Gülen —artífice, según el Gobierno, del intento de golpe de Estado de 2016—. Pero posteriormente su juicio fue subsumido en la causa contra los Diez de Estambul, una decena de activistas detenidos en julio del año pasado en la isla estambulí de Büyükada cuando asistían a un taller de formación. Los Diez de Estambul —entre los que se incluyen la directora de Amnistía Internacional en Turquía, Idil Eser, y los activistas Peter Steudtner (de nacionalidad alemana) y Ali Gharavi (ciudadano sueco)—, habían quedado ya en libertad con cargos, por lo que la liberación de Kiliç parecía lo lógico.

Más aún cuando la principal acusación contra Kiliç es que utilizó la aplicación ByLock, un programa cifrado de mensajería móvil distribuido ampliamente entre los gülenistas. Kiliç ha negado por activa y por pasiva su uso y, de hecho, tres informes periciales encargados por Amnistía Internacional demostraban que Kiliç jamás se descargó tal aplicación. Es más, la propia Fiscalía General de la República admitió recientemente haber acusado erróneamente a 11.480 personas en cuyos teléfonos se descargó la aplicación sin permiso del usuario. “Con las abrumadoras pruebas de su inocencia y la inexistencia de indicios de que haya cometido ningún delito, la excarcelación de Taner debía haberse producido hace tiempo. El hecho de que lleve casi ocho meses entre rejas dice mucho sobre el deficiente sistema de justicia de Turquía y la implacable persecución de quienes defienden los derechos humanos”, denunció Van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa.

La purga de más de cien mil funcionarios en Turquía; el encarcelamiento de más de 50.000 personas acusadas de golpismo; la detención de los dirigentes de Amnistía y los demás activistas; así como la del filántropo y activista Osman Kavala el pasado octubre y la de la cúpula de un reputado sindicato de médicos esta semana (por criticar la operación militar turca contra el cantón kurdo-sirio de Afrin) han despertado fuertes críticas de las organizaciones internacionales de derechos humanos. También varios Gobiernos han mostrado su malestar y, de hecho, diplomáticos de doce países (España no) han estado presentes en la sala donde se juzga a los Diez de Estambul y a Taner Kiliç.