Un poder judicial a medida del Ejecutivo turco

Las purgas han supuesto que muchas plazas queden vacantes y que los magistrados tengan que atender varios casos de manera provisional. “Debido a que dirigen los juicios de forma interina, prefieren posponer la toma de decisiones hasta que un juez se haga con él de manera definitiva”, explica un letrado estambulí que prefiere no ser citado por su nombre. “Es cierto que los números pueden parecer muy elevados, pero no podemos permitirnos tener jueces que, en lugar de responder a la ley turca, respondan a las órdenes de un loco que vive en EE UU (Fethullah Gülen)”, sostiene Ravza Kavakçi, diputada del partido gobernante AKP: “Para que no haya problemas, estamos tratando de cubrir esas plazas con recién graduados pero sólo tras un profundo escrutinio de sus méritos”. La abogada Ayse Acinikli no opina lo mismo: “Dado que tienen que reponer rápidamente muchas plazas, se ha nombrado a jueces y fiscales muy jóvenes, sin experiencia y que no han hecho las prácticas preceptivas. Además, han reducido los baremos en los exámenes de acceso. Ya no se fijan en el resultado del examen sino en la proximidad al Gobierno por lo que no podemos fiarnos de su independencia”.

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El último golpe al sistema judicial ha sido la reforma judicial que modifica el sistema de elección del Consejo de Jueces y Fiscales (HSK), un organismo similar al Consejo General del Poder Judicial que se encarga de gestionar la judicatura. Si anteriormente, el HSK tenía 22 miembros de los que sólo seis eran elegidos por el poder político —el resto eran designados en un proceso de elecciones en los diferentes estamentos judiciales—, ahora el nuevo organismo rector de la Justicia tendrá sólo 13 miembros de los cuales 4 han sido nombrados por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, 7 por el Parlamento y 2 son miembros permanentes del Gobierno. Kavakçi justifica la reforma en que el grueso de la elección del HSK recae en el Parlamento y, por tanto, indirectamente en el pueblo. Pero entre los nuevos designados, además de varios juristas considerados cercanos al partido de Erdogan, se encuentran un concejal del AKP y el abogado personal del líder del MHP, el movimiento ultranacionalista que ha dado apoyo al Gobierno para llevar a cabo la reforma.

“La Justicia, se ha convertido en una extensión del Ejecutivo. Nuestro sistema judicial ya no cumple ninguno de los criterios que se le suponen a un sistema judicial en un estado democrático, por ejemplo la separación de poderes”, denuncia Ilhan Cihaner, exfiscal de la República y diputado por el partido opositor CHP: “De la forma en que se constituye ahora el HSK tendremos un sistema judicial que simplemente servirá para preparar las justificaciones legales del poder político”. Cuando se le pregunta si todavía hay magistrados que puedan actuar de forma independiente, Cihaner sentencia tajante: No. “Existen mecanismos de castigo y recompensa. Los jueces y fiscales que toman decisiones que gustan al Gobierno son ascendidos, a través del HSK, al cual ahora controla. Y si un juez deja en libertad a un periodista detenido y al día siguiente ese juez es él mismo detenido, eso supone un mensaje para amedrentar al resto de jueces y fiscales. En cualquier momento un juez o fiscal puede ser acusado de gülenista y detenido o expulsado de la carrera. Es trágico porque esto crea una gran incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial”, lamenta el exfiscal y ejemplifica su queja en el reciente y kafkiano caso de un juez arrestado bajo la acusación de gülenista por enviar a prisión a otro juez al que acusó de gülenista pues había dejado en libertad a un tercer juez que supuestamente era gülenista. Parece un trabalenguas, pero es la realidad a la que se enfrenta Turquía.

“Quizás a Occidente le resulta difícil entender lo que está ocurriendo —justifica Kavakçi—, pero también para nosotros fue muy difícil asimilar el horrible golpe de Estado perpetrado por FETÖ (el nombre que se da a los seguidores de Gülen). Tenemos pruebas de que muchos de jueces ignoraban evidencias incriminatorias en los juicios sólo por orden de Gülen”. Cihaner concuerda en esto con la diputada oficialista: “La cofradía gülenista es un peligro para Turquía, y diría que para el mundo. Me doy cuenta de que en Occidente se toma a la ligera y creo que tiene que ver, primero, con que en el periodo en que el AKP llevó a cabo una falsa democratización y una apertura hacia el exterior, quienes contactaban con Occidente eran precisamente los gülenistas, entonces aliados con el gobierno de Erdogan. Y en segundo lugar, tiene que ver con el carácter secreto de la organización”. El exfiscal pone el ejemplo de las últimas elecciones al HSK con el antiguo sistema, cuando una lista de nombres cercanos a Gülen, pero que apenas eran conocidos en la judicatura, fue elegida con una votación en bloque, mientras otros magistrados más conocidos quedaban relegados.

El propio exfiscal conoció en sus carnes la influencia de los gülenistas cuando en 2007 inició pesquisas sobre las presuntas actividades ilegales del grupo en la provincia de Erzincan. Fue inmediatamente detenido y encerrado en prisión durante cuatro meses, aunque posteriormente resultó absuelto. Finalmente, el tiempo le ha dado la razón y ahora se han incluido en los procesos contra Gülen las mismas acusaciones que entonces llevaron a Cihaner a la cárcel: los gülenistas filtraban respuestas de las oposiciones a la Administración entre sus seguidores, blanqueaban capitales y espiaban ilegalmente a sus adversarios.

El temor de este diputado es que ocurra como con los juicios del proceso Ergenekon, en los que se comenzó sentando en el banquillo a conocidos personajes de la guerra sucia de las décadas anteriores para terminar incluyendo en el mismo saco a militares, académicos y periodistas opuestos al gobierno de Erdogan y a la cofradía de Gülen, con lo que el proceso resultó en un fiasco pues terminó anulado por defectos de forma, y todos, inocentes o culpables, fueron liberados. “La lucha que está llevando a cabo el Gobierno contra la infiltración gülenista no es efectiva ni justa. Por ejemplo, en la educación están deteniendo y expulsando a sindicalistas que se habían destacado como opuestos tanto al Gobierno como a los gülenistas. Para que este tipo de investigaciones contra los gülenistas sean realmente efectivas habría que empezar por investigar al Gobierno, porque sus relaciones con los gülenistas han sido muy estrechas”, sentencia Cihaner.