La corte de Estrasburgo recibe un aluvión de casos turcos tras la purga de Erdogan
La mayoría de las peticiones son de funcionarios despedidos de sus puestos de trabajo
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recibido más de 6.500 denuncias relacionadas con la purga que ha llevado a cabo el presidente turco Recep Erdogan tras el fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio. El número total de peticiones de ciudadanos turcos en Estrasburgo en 2016 se ha incrementado de más de un 200% respecto al año anterior.
La depuración contra los gulenistas, la organización dirigida por el clérigo Fetulá Gülen a quien Erdogan sitúa detrás del golpe, alcanzó a más de 40.000 personas detenidas y supuso el despido de unos 125.000 funcionarios. “Este incremento no sorprende”, explica Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional en contacto telefónico desde Londres. “En Turquía la situación es cada día peor”, añade.
Las cifras de peticiones aparecen en el balance anual de la Corte publicado a finales de enero. El presidente de Estrasburgo, Guido Raimondi, ha destacado, en el discurso que acompañó la publicación del balance, que es importante no “subestimar el impacto” de la represión sufrida por los turcos. El incremento de las peticiones ha llevado Turquía a ocupar el segundo lugar (con un conjunto de más de 8.300 denuncias) entre los 47 países que forman parte del Consejo de Europa y representa el 10% del total de las peticiones registradas por el Tribunal.
El número de peticiones registradas este año es el más alto desde el recrudecimiento del conflicto entre el Gobierno turco y el PPK kurdo en 2012. Entonces incluso fueron más, unas 9.000. “El conflicto con los kurdos ha sido históricamente el ámbito en el que se han registrado mayores violaciones de los derechos humanos”, dice Gardner al recordar aquellos años.
La purga se ha cebado especialmente con los empleados públicos. 68.000 profesores de primaria, 23.000 policías y 8.000 médicos, entre otros miles de trabajadores, perdieron su empleo por su presunta vinculación con la trama golpista. Eso ha derivado en que la mayoría de las solicitudes en Estrasburgo tengan que ver con la suspensión de empleo. "Hace 20 años las pautas de actuación del Gobierno solían ser más violentas. Las peticiones denunciaban torturas o desapariciones”, añade Gardner.
La represalia de las autoridades turcas se ha extendido a los medios de comunicación, ya que 130 medios han sido cerrados. “Lentamente el pulso de Ankara se ha ido ampliando a los periodistas, opositores políticos y defensores de los derechos humanos, incluso antes del intento de golpe”, añade el investigador. Raimondi, por otra parte, ha recordado que Turquía se comprometió a crear una comisión especial para la revisión interna de los casos de despido de dirigentes, jueces, profesores y de la disolución de asociaciones con la acusación de terrorismo.
“La creación de esta comisión es el resultado de la acción de todos los órganos del Consejo de Europa y creo que esto es una excelente noticia” ha afirmado en su discurso. Sin embargo, Gardner no comparte el mismo optimismo. “Una comisión de siete personas nombradas por el Gobierno es insuficiente para revisar decenas de millares de casos. La propuesta no es creíble", zanja.
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