Turquía inicia el macrojuicio contra los supuestos autores del fallido golpe de Estado

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El juicio contra el núcleo de militares que presuntamente planeó y ejecutó el fallido golpe de Estado del 15 de julio del año pasado —durante el que murieron casi 250 personas y resultaron heridas más de 2.700— comenzó este lunes en un tribunal situado en las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad de Sincan, a las afueras de la capital turca. En total, hay 221 acusados (12 de los cuales están huidos) para los que se piden un total de 2.988 cadenas perpetuas.

La mayoría de los acusados en esta trama son militares —27 de ellos con rango de general—, y entre ellos destacan Akin Öztürk, acusado de ser el principal mando militar del alzamiento; Ali Yazici, asesor militar del presidente Recep Tayyip Erdogan; Levent Turkkan, ayudante de campo del Jefe del Estado Mayor; Muhammet Uslu, agregado militar de la oficina del primer ministro, y Mehmet Disli, general de división y hermano de uno de los vicepresidentes del partido islamista AKP, en el gobierno desde 2002. De entre los doce civiles incluidos en el sumario de acusación, sobresale el nombre de Fethullah Gülen, un clérigo turco antiguo aliado de Erdogan y actualmente residente en Pensilvania (EE UU) al que se imputa haber instigado el golpe. Ankara ha solicitado en repetidas ocasiones su extradición, que aún debe ser decidida por los tribunales estadounidenses.

Durante la primera sesión del proceso, comparecieron ante los jueces 38 acusados que aparecen en los documentos incautados a los golpistas como integrantes del Consejo Paz en la Patria. La noche del golpe, los militares sublevados declararon que este órgano colegiado se haría cargo del Gobierno del país en sustitución del Ejecutivo derrocado. Aunque llegaron a anunciar su intención por la televisión pública, cuya sede habían tomado, la actuación de las fuerzas leales al Gobierno electo y la resistencia de la población en las calles dieron al traste con el golpe. Según el sumario, aquella noche del 15 de julio, los golpistas movilizaron 35 aviones, 37 helicópteros, 74 tanques, 246 blindados y 8.651 soldados (el 1,5 % del total del personal de las Fuerzas Armadas turcas).

Ahora, los artífices de la asonada militar se enfrentan a un rosario de cargos que van desde “intento de derrocar al gobierno”, “violación del orden constitucional” y “pertenencia a organización terrorista” hasta “asesinato de 250 personas” y “homicidio en grado de tentativa de 2.735 personas”. La acusación afirma que los conspiradores, militares y civiles, comenzaron a reunirse en una villa cercana a Ankara la semana posterior a las elecciones de noviembre de 2015, cuando el AKP renovó por última vez su mayoría absoluta. Además, cita a Adil Öksüz como el principal enlace entre los militares y el clérigo Fethullah Gülen y, de hecho, este profesor de teología visitó la base aérea de Akinci, desde la que se dirigió la sublevación militar, hasta en una docena de ocasiones en los siete meses previos al 15-J y se desplazó en varias ocasiones a EE UU, la última ocasión poco antes del golpe.

Öksüz probablemente podría aclarar muchos de los interrogantes que aún rodean la intentona pues fue detenido la mañana del 16 de julio cuando huía de la base de Akinci. Sin embargo, el juez ante el que compareció lo dejó en libertad y, como era de esperar, se desvaneció. Posteriormente, el juez fue detenido y reconoció haberse mantenido en contacto con la cofradía gülenista. Durante la fase de instrucción varios de los militares han reconocido su participación en el golpe pero parte de ellos han negado su adscripción a la cofradía que dirige el clérigo exiliado en EE UU.

Los presuntos golpistas llegaron este lunes al tribunal entre fuertes medidas de seguridad —incluyendo baterías antiaéreas y numerosos francotiradores— y les recibieron manifestantes de varias organizaciones al grito de “traidores”. También se les lanzó calderilla y trozos de soga, en referencia a la pena de muerte que el presidente Erdogan ha amenazado con reintroducir (aunque no podría ser aplicada a los autores del golpe pues en el momento de sus acciones no estaba vigente). Durante la audiencia, los abogados de la defensa fueron increpados con frases como “Quienes defienden a los terroristas son también terroristas” o “Vendidos” por los familiares de las víctimas, algunos de los cuales fueron expulsados de la sala por obstaculizar el juicio.

Actualmente hay varios procesos en marcha en diversas localidades en los que se juzga el intento de golpe de Estado, a los que hay que sumar diversos juicios contra la llamada Organización Terrorista Fethullahista-Estado Paralelo (FETÖ-PDY), la denominación que utiliza el Ejecutivo para referirse a las estructuras creadas por la cofradía gülenista. De acuerdo con datos del Gobierno, 103.850 personas han sido investigadas en relación a su supuesta participación en la trama golpista, de las cuales 41.325 permanecen en prisión de forma preventiva y 35.495 están en libertad con cargos. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado en varias ocasiones que los detenidos por estos casos han sufrido malos tratos y torturas.