La policía de deportaciones de EE UU quiere enjuiciar a los políticos que protejan a inmigrantes

California se convirtió el 1 de enero en el primer llamado Estado santuario de Estados Unidos: todos sus cuerpos de policía locales y estatales tienen prohibido colaborar con la policía de inmigración federal excepto en una serie de casos predefinidos. Es un desafío mayúsculo a la política de mano dura migratoria del Gobierno de Donald Trump, que ha reaccionado con rapidez y furia. ICE, la agencia federal de deportación de indocumentados, ha pedido llevar a los tribunales a los políticos que han avalado esas medidas porque su resultado es que "más ciudadanos morirán".

"Tenemos que llevar a estas ciudades santuario a los tribunales y tenemos que empezar a presentar cargos por delitos contra algunos de estos políticos", dijo el martes en Fox News Thomas Homan, el jefe interino de ICE a la espera de ser confirmado oficialmente para el cargo por el Senado. "Estos políticos tienen que rendir cuentas personalmente", subrayó, en una alusión implícita al gobernador de California, el demócrata Jerry Brown.

Brown firmó el pasado octubre la ley, conocida como SB54, que unifica el criterio de todas las policías estatales. Sus promotores esgrimen que el objetivo es evitar que los inmigrantes irregulares dejen de colaborar, por miedo a ser deportados, con las fuerzas del orden en asuntos no relacionados con su estatus migratorio; y que la norma es también una defensa de la aportación de los indocumentados a California, el Estado más rico de EE UU donde se estima que viven una cuarta parte de los 11 millones de sin papeles que hay en el país.

Sin embargo, la ley suscitó el rechazo de las asociaciones de policías e incomodó al propio gobernador y a parte de los demócratas. Eso llevó a los legisladores a imponer una cláusula de 800 delitos que sí permiten a la policía entregar un detenido a ICE.

Al inicio de su mandato, Trump firmó un decreto que incrementó el número de agentes de ICE y relajó las directrices de deportación, haciendo que cualquier persona indocumentada pueda ser expulsada del país. La ofensiva contra los inmigrantes, prometida por el republicano en campaña, también ha golpeado a las llamadas ciudades santuario.

El Departamento de Justicia anunció en julio que, según una ley de 2005, cortaría la aportación de fondos federales a las urbes que no colaboren con ICE. Sin embargo, en septiembre un juez federal de Chicago bloqueó temporalmente esa restricción al considerar que sobrepasaba la autoridad de la norma aprobada por el Congreso hace una década. Todo apunta a que el litigio terminará en el Tribunal Supremo, en un fallo que será determinante en la política migratoria estadounidense.

En la entrevista en Fox, Homan explicó que ha pedido al Departamento de Justicia que examine si California está incumpliendo la ley federal, lo que pareció dar por hecho, y defendió bloquear los fondos a las ciudades que no colaboren con ICE. “Creo que es terrible. Pone la política por delante de la seguridad”, alegó en referencia a la ley que entró en vigor con el nuevo año. Y vaticinó un paisaje sombrío de consecuencias para California: aumento de los delitos y de la llegada de inmigrantes indocumentados peligrosos.

Homan, arquetipo de la mano dura en inmigración, lanzó un reguero de amenazas al gobernador Brown, que se ha erigido en un contrapeso progresista a la agenda de Trump. “Si cree que está protegiendo a las comunidades de inmigrantes, está haciendo lo contrario porque si cree que ICE se va a marchar, no vamos a hacerlo. No hay santuario contra la aplicación de la ley federal”, subrayó. “Más vale que California se prepare. Está a punto de ver muchos más agentes especiales, muchos más oficiales de deportación en California. Si los políticos no quieren proteger a sus comunidades, ICE lo hará”.