¿Dónde metemos los millones de la marihuana?

La actividad bancaria que se da por supuesta en cualquier negocio, como abrir una cuenta corriente, tener una línea de crédito, hacer transferencias o aceptar el pago con tarjeta, es impensable en el negocio de la marihuana en Estados Unidos. Es ilegal. Los bancos que aceptan un dispensario de marihuana como su cliente están colaborando con el narcotráfico a ojos del Gobierno federal. Existe un pacto tácito entre Washington y los estados de no perseguir policialmente la marihuana legal mientras esté fuertemente regulada, pero los bancos no se la juegan. Este es el principal problema asociado al mercado de la marihuana, que ya es legal en ocho estados de EE UU y el 1 de enero de 2018 se estrena en el más grande de ellos, California.

El secretario del Tesoro de California, John Chiang, publicó un informe a principios de noviembre en el que advertía de que esta es una realidad que obligará a almacenar y transportar enormes cantidades de efectivo en un mercado que, según sus propios cálculos, puede llegar a los 7.600 millones de dólares en ventas en solo dos años. La cuestión ya es un problema en otros estados como Colorado o Washington, donde se están produciendo asaltos a mano armada a los dispensarios, con botines que alcanzan los 100.000 dólares en efectivo.

“El acceso normal a los servicios bancarios es esencial para sacar a la industria del cannabis de las sobras y establecerla como una parte de la economía de California transparente, regulada y que paga impuestos”, dice el informe de Chiang. El secretario del Tesoro (que está en campaña electoral para ser gobernador) estima que los ingresos fiscales por la venta legal de cannabis en California llegará a los 1.000 millones de dólares al año.

En esta situación, la máxima autoridad de las finanzas de California hace varias recomendaciones. La primera, que entre todos los implicados se contraten servicios de seguridad privados para recolectar los impuestos en efectivo. Después, sería el Gobierno de California, no los negocios, el que haría el depósito en el banco. Pero la recomendación principal que hace Chiang es que se estudie seriamente la creación de un banco específico para manejar el dinero de la industria del cannabis. El estudio debe explorar la posibilidad de que sea una institución público-privada y que esté montado de forma que no viole las leyes federales.

“Incluso el sistema mejor regulado no tendrá éxito si la industria del cannabis no se convierte en un miembro de la comunidad que paga impuestos de forma transparente y respeta la ley”, escribe Chiang. Sin embargo, “no se podrá alcanzar una solución definitiva al dilema bancario del cannabis hasta que el Gobierno federal lo retire de su lista de drogas peligrosas o hasta que el Congreso apruebe leyes que protejan a las instituciones financieras que sirven a los negocios del cannabis”.