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Lula se dispara en las encuestas mientras avanza el proceso que puede inhabilitarle

La popularidad del expresidente alcanza su máximo tras la pérdida del Gobierno

El expresidente de Brasil Lula da Silva, en una protesta contra el Gobierno, en octubre
El expresidente de Brasil Lula da Silva, en una protesta contra el Gobierno, en octubre AP

La mayoría de los analistas así como de los dirigentes políticos y económicos de Brasil están convencidos de que la justicia impedirá al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva concurrir a las elecciones del próximo octubre. Pero hay una persona que defiende todo lo contrario: el propio Lula. “No voy a ir a la cárcel, porque a la cárcel va el que ha cometido un crimen y yo soy inocente, no hay ni una coma contra mí. No creo que haya un solo brasileño que tenga la conciencia tan tranquila como yo. Si me condenan sería la negación de la justicia”, proclamó el expresidente este miércoles en São Paulo en un encuentro con la prensa.

Lula llegaba espoleado por unas encuestas de intención de voto que cada vez le son más favorables. En los últimos meses, la popularidad del expresidente no ha dejado de crecer hasta alcanzar los niveles más altos desde que los escándalos de corrupción comenzaron a castigar al Partido de los Trabajadores (PT) y abrieron el camino al proceso que, el año pasado, acabó con la destitución de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff. El último sondeo fue conocido este mismo miércoles, del instituto Ipsos para el periódico O Estado de S. Paulo, y ofrece resultados espectaculares para el líder del PT. Su popularidad ha crecido en 16 puntos porcentuales desde junio hasta situarse en un 45%, más del doble que sus potenciales adversarios, el ultraderechista Jair Bolsonaro y el gobernador de São Paulo, el centrista Geraldo Alckmin.

La convicción general de que la justicia dejará a Lula fuera de la carrera electoral se ha acrecentado tras comprobar la inusitada celeridad de los tribunales para tramitar el proceso judicial en el que ya fue condenado, en primera instancia, a nueve años de cárcel. El gran impulsor de la Operación Lava Jato contra la corrupción, el juez Sérgio Moro, sentenció el pasado julio que hay pruebas suficientes de que Lula fue obsequiado con un apartamento en la playa como soborno de una constructora. El expresidente repite que el juez ni siquiera disponía de una prueba documental de que él sea el propietario de esa vivienda. Con bastante más rapidez de la habitual, el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre fijó para el próximo 24 de enero la vista del recurso de Lula contra la condena. Si los tres jueces del tribunal ratificasen a Moro, el expresidente tendría muy difícil escapar a la inhabilitación política e incluso al ingreso en prisión.

El PT ya está preparando una movilización para ese día ante la sede del tribunal. Diversos dirigentes del partido empiezan a deslizar la idea de que dejar a Lula fuera de la carrera sería un “fraude electoral” y la culminación del “golpe” que apartó de la presidencia a Rousseff. El propio Lula se mantendrá al margen de las protestas. Y asegura que no pretende azuzar una campaña de deslegitimación de las instituciones. “Si a mi edad dejo de creer en la justicia y en la democracia, ¿en qué voy a creer? ¿En la lucha armada?”, bromeó este miércoles.

Pero una hipotética condena ofrecería elementos para abonar el discurso del PT y del propio expresidente de que el proceso contra él es fruto de una simple “persecución política” en la que algunos jueces “han actuado como un partido”. Como el líder izquierdista no tiene ningún cargo público, su caso cayó en manos de la justicia de primera instancia, la más ágil en sus actuaciones. La mayoría de sus rivales políticos también están implicados en escándalos de corrupción, pero casi todos disfrutan de foro privilegiado en función de sus cargos y son juzgados por instancias superiores que apenas han conseguido avanzar en esos procedimientos. Algunos incluso gozan directamente de protección política, como el actual presidente, Michel Temer, a quien la Cámara de Diputados salvó de dos denuncias contra él del anterior fiscal general de la República.

La estrategia de Lula es ignorar por completo el proceso judicial y presentarse ya no solo como candidato, sino como el probable nuevo presidente. Durante su encuentro de dos horas con la prensa habló de economía, de política exterior o de posibles alianzas con otros partidos. Anunció medidas como más impuestos para los ricos o un incremento del salario mínimo. Y rescató su gran promesa de siempre, la que le ha permitido mantener casi incólume el apoyo de las clases más desfavorecidas: “Conseguir que los pobres vuelvan a subir un peldaño en la escala social”.

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