El saqueo de PDVSA eleva la presión sobre la cúpula de la petrolera

La investigación de EL PAÍS sobre el saqueo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) elevó ayer la presión sobre la gestión corrupta de la empresa estatal del país caribeño, que atraviesa una grave crisis y se encuentra próxima al colapso. Antiguos altos cargos del expresidente fallecido Hugo Chávez ocultaron en Andorra más de 2.000 millones de euros que recibieron presuntamente por arreglar contratos con compañías extranjeras, según el caso que instruye una magistrada del Principado. El escándalo avala las denuncias de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

La mala gestión de PDVSA y las prácticas ilegales de las que han sido acusados varios de sus dirigentes son uno de los reflejos de la decadencia de los Gobiernos de Chávez y Maduro que más ha señalado la oposición en los últimos años. La publicación de los detalles de esta red de sobornos, en la que participaron el exministro y expresidente de la petrolera Rafael Ramírez, exviceministros como Nervis Villalobos Cárdenas y Javier Alvarado Ochoa, y testaferros, aumentó ayer la indignación por el hundimiento de la que fuera la primera compañía de Venezuela y fue uno de los temas candentes de conversación pública, recogido por algunos de los principales medios del país.

Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional laminada en julio por la Constituyente del presidente Maduro, presidió el año pasado los trabajos de una comisión parlamentaria que declaró la “responsabilidad política” de Rafael Ramírez, entonces representante del Gobierno chavista ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, y de Javier Alvarado Ochoa, por estar presuntamente vinculados a casos de corrupción.

La respuesta del oficialismo fue la represión y el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la investigación de Guevara, dirigente del partido opositor Voluntad Popular actualmente refugiado en la Embajada de Chile, por una usurpación de funciones. Es decir, el régimen trató en ese momento de enterrar el caso.

“Nosotros tenemos ya varios años anunciando la fuga de capitales. En el caso de PDVSA, hablábamos de 215.000 millones de dólares (182.000 millones de euros) de descuadre de caja sumados a la fuga de capitales. Ese descuadre de caja lo recibimos como información interna del balance del año 2015, en donde la rendición de cuentas de PDVSA [para los ejercicios anteriores] no cuadraba”, asegura a EL PAÍS Nicmer Evans, portavoz del opositor Movimiento por la Democracia y la Inclusión y exdirigente de Marea Socialista.

“Estamos totalmente convencidos de que esto es precisamente parte de todo el descalabro que se generó como consecuencia de una errática política de desmantelamiento de la industria petrolera. Lograron generar la fórmula perfecta para su protección en función de poder, enriquecerse de manera absolutamente desproporcionada y, por supuesto, ilegal”.

La maniobra de Maduro

A mediados de noviembre, las agencias de calificación Fitch y Moody’s declararon en suspensión de pagos a PDVSA, mientras se conocía que la producción petrolera había rozado mínimos históricos. Conforme avanzaban las investigaciones internacionales sobre la antigua cúpula de la compañía, Maduro aceleró la purga, con detenciones y destituciones, de los hombres de confianza de Chávez en esa empresa.

“No hay ninguna duda en que gran parte en las responsabilidades están en el Gobierno de Chávez, pero lo que hoy está sucediendo es quizá la implosión como consecuencia de la pelea entre las mafias que se ha generado en el madurismo y la necesidad que tiene el sector madurista de echar mano del control administrativo de la industria petrolera, al punto de que han decidido ahorcar a la gallinita de los huevos de oro solamente para una sustitución de élites”, continúa Evans. Es decir, no para combatir la corrupción, sino para asumir el pleno control de la industria petrolera.