“El fin del narcotráfico en México será cuando se retransmita en televisión el juicio al jefe de un cártel”

Carlos Castresana (Madrid, 1957) sabe de sobra los problemas que acarrea luchar contra la corrupción. Es más, los ha vivido en carne propia en ambos lados del Atlántico. Este abogado fue uno de los primeros seis fiscales anticorrupción que tuvo España cuando fue creada una fiscalía especializada, en 1995. En ese entonces, como ahora, el mal estaba enquistado en la sociedad española. Un primer diagnóstico arrojó que el cáncer estaba extendido. No se trataba solo de la política. Las empresas y hasta el fútbol estaban roídas. Eran las épocas en las que el PSOE de Felipe González estaba acorralado por escándalos de financiación ilegal como los de hoy del PP. Aquellos eran los días de Jesús Gil, el popular exalcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid. De Mario Conde y José María Ruiz Mateos. “Eran personajes que tenían un respaldo popular importante. Combatir contra esa corrupción era muy complicado porque no había el menor apoyo social”, afirma Castresana. 

La corrupción es un grave problema desde hace décadas. Es tan vieja que Dante reservó un círculo de su infierno a quienes vendían cargos. Ahora, sin embargo, existe un clamor social que repudia al corrupto. En eso se ha cambiado. Pero basta darse una vuelta por cualquier medio de comunicación para que los escándalos salgan a flote. Casi a diario y sin importar la geografía. ¿Se está ahora peor que antes? “No creo que haya más corrupción. Ahora se ve más, se sabe más. Está en los medios de comunicación y preocupa a los ciudadanos. Eso es lo que da la sensación de que hay más casos”, asegura Castresana. El especialista considera, sin embargo, que en estos años ha habido un cambio importante. “La corrupción privada es hoy ya más grave que la corrupción pública”. “Los ciudadanos tienen una mayor animadversión a los políticos corruptos que al empresario corrupto. Es un espejismo porque el empresario es tan culpable o más que el político”.

El abogado que impulsó el procesamiento del dictador chileno Augusto Pinochet está en México para hablar de su experiencia. Lo hará en una conferencia organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Pero su visita coincide con un momento particular. México, un país en el que no se denuncian el 93,6% de los delitos, tiene vacantes su Fiscalía general, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía para los delitos electorales a ocho meses de unos comicios históricos. “Es un mensaje preocupante”, admite Castresana. “En el caso de México me parece que todo el sistema de seguridad y justicia tiene que ser reconsiderado porque hay una reforma al modelo y no se está aplicando…Una sociedad no es viable con un divorcio entre las instituciones de justicia y seguridad y los ciudadanos porque estos buscan la justicia por su propia mano si no confían en los tribunales”. 

La corrupción privada es hoy ya más grave que la corrupción pública

Castresana asegura que en México es la hora de los jueces. Esto significa todo un cambio cultural en un país que está acostumbrado a desconocer los nombres y decisiones de sus juzgadores. “La gente tiene que ver de alguna manera que el cambio se personifica en alguien”, dice. El abogado madrileño conoce las “resistencias extraordinarias” que han generando localmente los juicios orales. Sobre todo los que juzgan delitos de corrupción y narcotráfico. El jurista habla del “efecto demostración”. “La sociedad no cambia el chip y no apuesta al Estado de derecho hasta que ve que el sistema es capaz de llevarse por delante a ricos y a pobres, a poderosos y desfavorecidos, a militares y a civiles, a millonarios y a sus empleados. Que la ley es igual para todos”. 

“El principio del fin del narcotráfico en México será cuando un jefe de un cártel se siente ante un tribunal y los fiscales demuestren que es culpable y resulte condenado y eso se retransmita en la televisión”, afirma. 

Lo que recita Castresana no es teoría. Es lo que atestiguó en Centroamérica. El abogado dirigió por tres años la Comisión contra la Impunidad en Guatemala por encargo de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Allí inició el proceso contra el expresidente Alfonso Portillo, que fue a prisión, y pidió la captura del exministro de Gobernación, Carlos Vielmann. “Los que estaban más contentos eran los de las maras, que comenzaron a tener compañía de cierta alcurnia en las cárceles, cosa que no había ocurrido nunca”, asegura. 

La batalla no fue sencilla. Castresana vivía rodeado por 16 escoltas las 24 horas del día. Se enemistó con todos aquellos que siempre habían vivido encima de la ley. Llegaron las amenazas y las calumnias. En junio de 2010 dejó la comisión. “Era un fusible quemado”, dice. Pero aún presume los “éxitos clamorosos” de aquel esfuerzo. “Es un orgullo constatar en las estadísticas que cerraron 2016 que el índice de muertes violentas se ha reducido a la mitad. Pasaron de 46 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2007 a 26 asesinatos… El esfuerzo de la Fiscalía y la comisión por hacer funcionales y operativos los tribunales de justicia han salvado entre 8.000 ó 10.000 vidas”. Otros logros no son reflejados por los datos. “En 2007 a los fiscales los insultaban por la calle. Cuando me fui los aplaudían”.