La Audiencia quita el Atlético a Jesús Gil
El tribunal le condena a tres años y medio de cárcel y le obliga a restituir las acciones al club cuando el fallo sea firme
La Audiencia Nacional condenó ayer al presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil, a tres años y medio de prisión por delitos de apropiación indebida y estafa, a "restituir" al club sus 236.056 acciones, así como a hacerse cargo de una deuda de 2.700 millones de pesetas (16,2 millones de euros). Los efectos de la sentencia se verán en diferido, ya que las penas sólo se ejecutarán si el Tribunal Supremo las confirma dentro de un par de años aproximadamente. Hasta entonces, las cosas en el Atlético parece que seguirán más o menos como están: las acciones, embargadas en el juzgado, y los Gil, aunque no pisarán la cárcel, administrarán en precario un club bajo intervención judicial con el primer aviso serio de que lo van a acabar perdiendo.
La sentencia condena a Jesús Gil a dos años de prisión por apropiación indebida y a otra pena de un año y seis meses por delito de estafa al simular los contratos de cuatro jugadores del Atlético; al vicepresidente Enrique Cerezo, como cooperador necesario en la apropiación indebida del club, a un año de prisión y al director general, Miguel Ángel Gil Marín, a un año y medio de prisión como autor de un delito de estafa por simulación de contrato.
Las penas de prisión no se harán efectivas hasta que la sentencia sea firme. Para entonces, Gil habrá cumplido los 72 o 73 años y a partir de los 70 -los cumple el próximo 12 de marzo- se procura que no ingrese nadie en prisión si no es por motivos excepcionalmente graves y menos si tiene un precario estado de salud. En cuanto a las penas impuestas a Cerezo y Gil Marín, dado que no exceden de dos años, se les aplicará previsiblemente la suspensión de la condena bajo la condición de no delinquir durante un periodo de dos a cinco años.
El fallo condena a Gil y Cerezo a "restituir al Atlético de Madrid" 236.056 acciones de las que se apropiaron indebidamente. Estas acciones fueron embargadas durante la instrucción del proceso, pero el presidente alegó que los títulos no habían sido nunca emitidos. Por entonces se encontraba al frente del club el administrador judicial Luis Rubí, quien hizo emitir los títulos, que quedaron depositados en febrero de 2000 en el juzgado central número 6 de la Audiencia, en espera del resultado final del proceso.
La sentencia es bastante confusa sobre el destino final de las acciones. El fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, había pedido el "comiso" de los títulos para su posterior subasta pública. Sin embargo, la sentencia habla de "restitución al club", lo que abre la puerta a dos interpretaciones: que se repartan entre los 3.174 restantes accionistas del Atlético, o que la entidad, como propietaria en abstracto, las saque a pública subasta. Los observadores del proceso se inclinaban ayer por esta segunda posibilidad.
En cuanto a la situación administrativa del Atlético, aunque sobre el papel cabe la posibilidad de retornar a una administración judicial como la de la etapa de Rubí, fuentes jurídicas apostaban por mantener el club bajo el actual sistema de intervención. Otra opción sería la de levantar la intervención, pero parece casi descartada.
La sentencia declara probado que Jesús Gil, "sin antecedentes penales computables", accedió a la presidencia del Atlético de Madrid el 1 de julio de 1987 y desde entonces estuvo "decidido a hacer suyo el club", que en aquellos días arrojaba una situación deficitaria de 1.883.586.643 pesetas.
Confusión de patrimonios
Desde el principio, Gil confundió el patrimonio del club con su patrimonio personal y el de sus empresas. En ese marco de confusión, hizo que el Atlético utilizara como propia una cuenta de Banesto que era de Gil, desde la que se realizaban operaciones financieras de Gil y sus empresas, y operaciones derivadas de la actividad propia del club, como ingresos de taquilla, publicidad y televisión.
Entre 1989 y 1993 el saldo de esa cuenta disminuyó paulatinamente por lo que Gil, en colaboración con Cerezo, hizo que el Atlético le fuera reconociendo deudas no reflejadas en la contabilidad del club, por un total de 1.943 millones de pesetas.
Ante la conversión el club en sociedad anónima deportiva, Gil propone el pago de esa deuda mediante la cesión de los derechos federativos de los 30 jugadores de la plantilla, para aportar, después de la transformación, los derechos al club. Gil obtuvo de la sociedad Dorna Promoción del Deporte un préstamo de 1.300 millones de pesetas que depositó en una cuenta del Atlético de Madrid y que le permitió hacerse con el 63% de las acciones del club, al que, acto seguido, revendió los derechos federativos antes citados por los mismos 1.943 millones de pesetas. Así, "los 1.300 millones de pesetas volvieron de nuevo a Dorna el mismo día en que se abonaron en la cuenta de Jesús Gil, sin que el Atlético de Madrid dispusiera de una sola peseta de ese dinero".
La segunda condena, de estafa por simulación de contrato, se refiere al periodo 1992-1997 en que Gil y su hijo Miguel Ángel, para saldar una supuesta deuda contable de Promociones Futbolísticas, -propiedad de Gil-, con el club, simuló la cesión de los derechos de cuatro jugadores (Lawal, Maxi, Lima y Djana) a los que valoró en 2.740 millones cuando su valor era "casi inexistente".
La sentencia les absuelve de un delito continuado de apropiación indebida por obras en Rancho Valdeolivas y otros inmuebles porque no consta acreditado que se cargaran al Atlético de Madrid y de otro delito societario porque algunas irregularidades contables no afectaron al patrimonio del club.
Horacio Oliva, abogado defensor de Jesús Gil: "Recurriremos por no haber apreciado la prescripción"
Horacio Oliva, abogado defensor de Jesús Gil, no quiso hacer comentarios a la sentencia y únicamente aseguró que tenía intención de recurrir la decisión de la Audiencia Nacional.
Fuentes de la defensa, sin embargo, señalaron que el tribunal no ha resuelto la cuestión de la prescripción planteada por los abogados de Gil y que, a su entender, deja claro que el delito de apropiación indebida -aquel por el que le condenan a restituir al club las 236.056 acciones- estaría prescrito. Ésta es la base principal del recurso que piensan presentar.
La sentencia aplica el Código Penal de 1973 y considera que los hechos constituyen delito de apropiación indebida con una agravante cualificada, y habría sido cometido el 30 de junio de 1992. El plazo de prescripción para ese delito sería de cinco años, por lo que la prescripción cumpliría en 1997, mientras que la querella contra Gil se presentó en 1999. Cosa distinta sería si la sentencia hubiera apreciado la existencia de múltiples perjudicados, porque el plazo de prescripción hubiera sido de 10 años. Pero el tribunal ha excluido esa posibilidad.
La defensa ha hecho hincapié en que Gil recuperará todos los bienes que tenía trabados porque ha sido absuelto de los delitos en los que figuraban como responsables civiles las sociedades en las que participa. Además, la defensa estima que la restitución al club de las acciones supone su devolución al control de los Gil.
Carlos Castresana, fiscal anticorrupción: "Lo que queda claro es que el club no es de Gil"
Carlos Castresana, el fiscal anticorrupción al que Gil acusa de persecución sin cuartel desde que consiguió su inhabilitación como alcalde de Marbella, se encontraba ayer más que satisfecho por la sentencia, por más que las penas de 17 años que solicitaba se quedaran reducidas a tres años y medio.
"La pena de cárcel no me importa porque además no la va a cumplir. Pero lo que sí deja claro la sentencia es que ni Jesús Gil ni Enrique Cerezo son los dueños del club y que Jesús Gil tiene con el club una deuda de 2.700.000 millones de pesetas".
Castresana no sabe aún si recurrirá la sentencia, aunque antes de decidirlo podrá pedir al tribunal de la Sección Primera Penal de la Audiencia Nacional un auto de aclaración de algunos extremos del fallo, referidos al alcance de la "restitución" de las acciones.
Será a partir del lunes, cuando Castresana despache con el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, cuando se decida la posición oficial de Anticorrupción en la prosecución del pleito, así como la eventual solicitud de medidas cautelares.
Castresana ve "muy complicado" el futuro inmediato del Atlético "porque Gil ya sabe que va a perder el club" y queda la incógnita de cómo lo va a gestionar hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie en firme sobre el fallo de la Audiencia. Sin embargo, tampoco se mostraba proclive a ninguna medida convulsiva que pueda emperorar la situación.
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