La fiscalía en México, víctima de la política

La sede principal de la Procuraduría General de la República (PGR) es estos días un trajín constante. Los funcionarios se afanan en sacar documentación y materiales del edificio, dañado tras el terremoto del pasado 19 de septiembre. A escasos metros, en pleno Paseo de la Reforma de la capital mexicana, permanece inamovible el campamento que familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa levantaron hace tres años. Ambas escenas hacen inevitable la metáfora: mientras en la calle los interrogantes, las denuncias, las protestas continúan, cuando no se multiplican, la PGR no deja de colapsarse.

La renuncia el pasado lunes del procurador Raúl Cervantes a pocos días de cumplir un año en el cargo vuelve a poner en evidencia las fallas crónicas de la institución, dependiente del poder Ejecutivo, encargada de investigar los delitos en un país donde la impunidad alcanza el 98% de los casos. Cervantes es el tercer director que abandona la PGR durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Otros tres lo hicieron durante el mandato de Felipe Calderón. Hay que remontarse al periodo entre 1982 y 1988 para encontrar un procurador que permaneció seis años en el cargo: Sergio García Ramírez.

Durante la comparecencia en el Senado en la que anunció su renuncia, Cervantes lanzó un dardo envenenado. Aseguró que estaba lista la investigación sobre “uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto”, en referencia al ‘caso Odebrecht’, aunque no citó el nombre de la constructora brasileña. Hasta ahora, México ha sido el único gran país de América Latina que apenas se ha visto salpicado por el entramado corrupto. Todas las miradas, no obstante, apuntan al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, acusado por tres exdirectivos de Odebrecht de recibir 10 millones de dólares en sobornos, algunos durante la campaña presidencial de Peña Nieto. Además, México encara otros procesos, como el juicio al exgobernador Javier Duarte o la extradición del también exgobernador Roberto Borge y arrastra otros casos sin resolver, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La renuncia de Cervantes abre un vacío en la cúpula de una institución cuyos cimientos hace tiempo que se tambalean. La preocupación, no obstante, va más allá de quién le sustituya en tanto México busca hacerse justicia con una fiscalía independiente, un cambio de paradigma en el funcionamiento de las instituciones. La creación de un Estado de derecho sólido. La presión no cesa entre las organizaciones sociales, que ven en la salida de Cervantes una oportunidad para acelerar el debate y no dejar pasar más tiempo.

El pase automático del ya exprocurador a fiscal general, como pretendía el PRI, generó muchas críticas. Salvado ese obstáculo, las organizaciones exigen a los políticos que se centren en aprobar la normativa para crear la nueva institución. “Si se posterga esa discusión es que el Estado de derecho no es una prioridad”, afirma Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Las víctimas de los homicidios en el año más violento que se recuerda no pueden esperar hasta las elecciones de 2018”, añade.

El ya exprocurador será sustituido de manera interina sine die. Para nombrar un nuevo responsables de la PGR se necesitan dos tercios de los votos del Senado y se antoja quimérico que el PRI vaya a lograr el apoyo suficiente, como ocurrió con el nombramiento de Cervantes. El enfrentamiento entre las fuerzas políticas, con las presidenciales de julio de 2018 en el horizonte, es total. Horas después de la renuncia de Cervantes el presidente Peña Nieto afirmó que no se dan las condiciones para tener un fiscal “en el corto plazo”. El líder en todas las encuestas sobre las elecciones del próximo año, Andrés Manuel López Obrador, también propuso nombrar al futuro fiscal después de los comicios de 2018.

“Es urgente construir una fiscalía al servicio de los ciudadanos y no del poder, se necesita una institución menos política, la gobernabilidad se ha ido deteriorando y no se han desarrollado los mecanismos para investigar los delitos”, ahonda Ana Laura Magaloni, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. “La institución ha colapsado, es la agonía de un sistema que lleva años descomponiéndose”, añade Magaloni, quien considera que hay que dar prioridad a la construcción de la institución por encima de quién la vaya a dirigir. En este sentido, Mario Patrón, director del Centro Prodh, especialista en la defensa de los derechos humanos, es tajante: “No consideramos mala idea dejar los nombramientos para después de las elecciones, pero antes tiene que estar listo el diseño de la normativa. La PGR es un síntoma de la realidad del país”.