'"Blair, Frei y Aznar permitieron que Pinochet no fuera juzgado"

El fiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana (Madrid, 1957) puso la primera piedra de la persecución judicial de Pinochet, al presentar en julio de 1996 una denuncia contra el dictador chileno amparándose en la jurisdicción universal establecida en los principios de Núremberg. Aquella denuncia inició el caso Pinochet, el que estalló con la detención del general golpista en Londres y el que le amargó los últimos años.

El fiscal español, que hoy dirige en Monterrey la oficina de coordinación de proyectos de Naciones Unidas en México, pronuncia sin dudar tres nombres como los máximos responsables de que Pinochet no se sentara en el banquillo de los acusados: "Tengo muy claro que son Tony Blair, José María Aznar y Eduardo Frei. Ellos sabían perfectamente que si volvía a Chile no iba a ser juzgado. De hecho, el ministro Jack Straw lo reconoció públicamente".

Quienes desde España persiguieron a Pinochet hicieron "exorcismo de Franco", dice el fiscal

"No ha habido un compromiso suficiente del poder judicial chileno en el caso"

Castresana acusa a quienes gobernaban en el Reino Unido, España y Chile de acordar el envío del dictador a su país desde Londres "con un falso argumento de mala salud, que enseguida se desvaneció y que consagró la impunidad". En opinión del fiscal, había una salida factible, jurídica y políticamente digna, que hubiera obligado a juzgar a Pinochet: "Que Chile pidiera la extradición a las autoridades británicas".

No imaginaba Castresana el alcance de su decisión cuando al poco tiempo de llegar a la Fiscalía Anticorrupción en 1996 decidió presentar una demanda firmada por la Unión Progresista de Fiscales contra la Junta militar argentina, en marzo, y contra Pinochet, cuatro meses después. Ante los medios de comunicación, la lista de las víctimas que acompañaba la denuncia estaba encabezada por una docena de víctimas españolas de la dictadura chilena, pero en realidad la iniciativa apelaba a la jurisdicción universal. En un principio tomó el caso el juez Manuel García Castellón, que en 1998 y cedió el testigo a Baltasar Garzón. Enterado de la presencia de Pinochet en Londres, Garzón dictó la orden de captura. "Fue una orden de detención cogida por los pelos", recuerda Castresana, "porque se apoyaba en un único caso de un chileno secuestrado en Argentina en el marco de la Operación Cóndor".

Desde aquella denuncia de 1996, Castresana ha actuando "entre bastidores" prestando su colaboración para resolver distintos problemas jurídicos, como la extradición, la inmunidad, etc. "Hice dictámenes, que en ocasiones fueron públicos y oficiales y presentados al fiscal general, y en otras, a través de la acusación privada". Quienes desde España desencadenaron la persecución contra Pinochet hicieron de alguna manera "exorcismo de Franco", reconoce el fiscal.

Desaparecido Pinochet, las causas por violaciones de derechos humanos que involucran a altos mandos militares y policiales del régimen deberían poder continuar con más facilidad, "porque la presión será menor", estima el fiscal. "Es posible que los jueces demuestren ahora más voluntad, que es lo que ha fallado. No ha habido el suficiente compromiso del poder judicial chileno". Mi pronóstico, prosigue, "es que el pinochetismo se habrá disuelto antes de un año, porque los propios pinochetistas son los primeros interesados en deshacerse de esta figura que hoy es una pesada carga para la derecha".

Los procesos que avanzarán con mayor celeridad, vaticina Castresana, serán los vinculados a delitos económicos, como el caso Riggs. "Está involucrada toda la familia de Pinochet, que en su dolor se verá consolada por los millones de dólares de las cuentas secretas".