Nigeria juzga a 2.300 presuntos miembros de Boko Haram
Asociaciones de derechos humanos y expertos advierten de los peligros de un proceso sin garantías
Unos 2.300 supuestos miembros de Boko Haram han comenzado a comparecer ante la justicia nigeriana este lunes, según ha anunciado el Ministerio de Justicia de este país, en un macroproceso contra este grupo terrorista que genera grandes dudas. Sólo hay cuatro magistrados para llevar a cabo unos juicios que, aunque se celebran bajo jurisdicción civil, están teniendo lugar en instalaciones militares y a puerta cerrada, sin presencia de público ni medios de comunicación. La mayor parte de los detenidos lleva años en prisión sin que se hubiera presentado una acusación formal contra ellos y sin asistencia letrada.
Se trata de la primera iniciativa judicial de esta dimensión contra el grupo terrorista que ha provocado unos 20.000 muertos y 2,6 millones de desplazados de sus hogares desde 2009 en el noreste de Nigeria. Hasta ahora sólo trece personas habían sido llevadas ante un juez, nueve de las cuales fueron condenadas. Amnistía Internacional ha denunciado en reiteradas ocasiones las malas condiciones en los centros de detención del norte de Nigeria, en los que unas 7.000 personas habrían muerto de hambre, deshidratación o a consecuencia de torturas desde 2011 y otras 1.200 habría sido ejecutadas extrajudicialmente, según esta ONG.
“Si la justicia penal no tiene en cuenta las frustraciones que puede ocasionar un juicio contundente que no respete los derechos de las personas, existe el riesgo de descrédito del discurso de la lucha contra el terrorismo”, aseguró a EL PAÍS el experto Bakary Sambé, director del Timbuktu Institute y autor del libro Boko Haram, de problema nigeriano a amenaza regional. A su juicio, “hay que impedir que este tipo de procesos dé la razón a quienes venden un ideal de justicia para reclutar yihadistas. La Unión Africana y la CEDEAO deberían asistir a Nigeria, porque las consecuencias del fracaso de este proceso serán regionales”.
Los juicios se llevarán a cabo de manera escalonada, según las previsiones del Gobierno. Los primeros en pasar ante el juez serán 1.670 personas detenidas en la base militar de Kainji, en el Estado de Níger, a quienes seguirán otros 651 presos en el cuartel de Giwa, en Maiduguri, Estado de Borno. El ministro de Justicia, Ishaq Khalid, aseguró que al final serán juzgadas más de 6.000 personas en un proceso que se puede prolongar durante meses o incluso años al tratarse de causas individuales.
El propio Ministerio ha reconocido las dificultades a las que se van a enfrentar los jueces, como investigaciones insuficientes para cada caso debido a la inseguridad que existe en una zona de conflicto o acusaciones montadas exclusivamente sobre confesiones. Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional han advertido que muchos de los 20.000 detenidos durante la guerra contra Boko Haram habrían sido obligados a coger las armas y combatir bajo todo tipo de violencia, amenazas y coacciones.
A juicio de Isa Sanusi, portavoz de Amnistía en Nigeria, este proceso es una respuesta a la presión internacional por parte del Gobierno nigeriano en su intento de blanquear su guerra sucia contra el grupo terrorista y una iniciativa para poder comprar más armas, según manifestó a la revista Jeune Afrique. El bombardeo supuestamente accidental de un campo de refugiados por parte de la aviación nigeriana con el resultado de un centenar de muertos provocó una reacción unánime de rechazo de la comunidad internacional y una paralización de la venta de doce aviones de combate por parte de Estados Unidos, ya desbloqueada.
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