Los secretos de la gran petroquímica de América
Odebrecht adquirió Quattor mediante una fraudulenta operación financiera, según la Policía de Andorra
La constructora Odebrecht, considerada la mayor contratista de Latinoamérica, se valió de la Banca Privada de Andorra (BPA) -una entidad intervenida en 2015 por presunto blanqueo de fondos- para ocultar la trastienda de la compra de la petroquímica Quattor-Unipar, según un informe de la Policía del Principado al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento forma parte de una investigación que desarrolla la juez Canòlic Mingorance.
La adquisición de Quattor-Unipar se cerró en enero de 2010. Odebrecht y la petrolera estatal brasileña Petrobras desembolsaron más de 500 millones de dólares (425 de euros). La transacción convirtió a la filial de Odebrecht Braskem en la primera petroquímica de Latinoamérica. Un gigante con 26 plantas y músculo para procesar 5,5 toneladas de resina al año.
La operación de Braskem conllevó el pago de 150 millones de dólares (128 millones de euros) en Suiza al entonces presidente de Unipar Carbocloro, Frank Geyer. Los investigadores sostienen que este desembolso se urdió a espaldas del resto de accionistas de la compañía.
Fundación panameña
La policía explica así la supuesta mecánica fraudulenta: “Para concretar el negocio, Odebrecht creó la fundación (Lodore) desde donde autorizaría un pago oculto al resto de socios de Braskem de 100 millones de dólares de los 150 acordados a favor del principal accionista de Quattor y expresidente de Unipar Carbocloro, Frank Geyer Abubakir, el cual recibía esta cuantía a cambio de autorizar la venta de Quattor a favor de Odebrecht. El pago debía hacerse de forma que no apareciera ni fuera conocido por el resto de los accionistas del consorcio (Unipar, Petrobras, otros accionistas minoritarios y el Consejo Administrativo de Defensa Económica CADE)”. Geyer reconoció a la fiscalía brasileña los pagos ocultos por la venta de la compañía.
La policía destaca la participación de la BPA en la transacción. Y pone el foco en la sociedad panameña Lodore Foundation. Se trata de una firma representada por Cristina Lozano, exdirectora de la filial de la entidad andorrana BPA Serveis, y el agente del banco en Uruguay, Norberto Sanguinetti Barros, Betingo. “Con el consentimiento y beneplácito de sus superiores jerárquicos tuvieron un papel importante en la logística, formulación y construcción de los entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht a través de la BPA”, recoge el documento.
La compra de la petroquímica Quattor se disfrazó con una operativa compleja. La mecánica incluyó la adquisición de casi 100 millones dólares (85 millones de euros) en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Según la Policía de Andorra, Lodore Foundation fue constituida con el fin de ejecutar una inversión millonaria de compra de activos (bonos) del Tesoro norteamericano denominados Tbills y “tenía como principal fin, amagar u obstruir la identificación del verdadero ordenante o propietario de los fondos, en este caso la mercantil Klienfeld (constructora Odebrecht)”.
Klienfeld forma parte de la madeja societaria utilizada por Odebrecht para pagar sobornos a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de países de Latinoamérica a cambio de la adjudicación de obras.
En el contrato de gestión firmado entre Klienfeld y BPA Serveis para la compra de los bonos se establece que los títulos adquiridos por Lodore, la sociedad que administraba la directiva de la BPA, deberían ser transferidos a favor de una compañía suiza denominada Gestar Financial Services. Y, desde ahí, al banco portugués Espíritu Santo. Según la policía, fue el exdirectivo de Odebrecht Luiz Eduardo Da Rocha Soares, “utilizando recursos (fondos ilícitos procedentes de obras sobrefacturadas) del denominado Departamento de Operaciones Estructuradas el que en colaboración con la BPA creó una fundación constituida en Panamá para formalizar el pago”. BPA Serveis cobró una comisión del 2,5 por ciento de los bonos adquiridos.
Por otra parte, la juez andorrana Canòlic Mingorance tomará declaración próximamente al exgestor de la BPA en Uruguay Andrés Sanguinetti, Betingo. El también dirigente del club de fútbol uruguayo Peñarol deberá responder ante la instructora por su presunta vinculación con la estructura de blanqueo de Odebrecht en la entidad del Principado. Betingo fue detenido el pasado agosto, abonó una fianza de 30.000 dólares (25.111 euros) y se encuentra a la espera de su extradición a Andorra.
Un funcionario clave en los sobornos de Odebrecht en Perú ocultó fondos en Andorra
El funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú Santiago Chau Novoa ocultó 373.014 euros en una cuenta de la Banca Privada d’Andorra (BPA), según un informe de la Policía del Principado al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Chau Novoa perteneció al Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, el organismo que adjudicó esta obra de más de 400 millones de dólares (340 millones de euros) a la constructora Odebrecht. La decisión se adoptó durante el segundo mandato presidencial de Alan García (2006-2011).
La mención al funcionario, que ocupó la gerencia del organismo público denominado Provías Descentralizado (MTC), figura en un informe policial fechado el pasado 10 de mayo encargado por la jueza Canòlic Mingorance.
La investigación conecta a Chau Novoa con la sociedad offshore Aeon Group, una de las firmas utilizadas por el gigante brasileño de la construcción para pagar sobornos a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de países de Latinoamérica.
Chau Novoa aparece en una tabla de la entidad de Andorra –donde hasta el pasado enero regía el secreto bancario- vinculado a un número de cliente, el 10096822.
Las actas internas de la BPA también recogieron un pago de 500.000 dólares (418.235 euros) a Edwin Martin Luyo Barrientos, expresidente del Comité de Licitaciones del Metro de Lima, que fue detenido el pasado enero por recibir supuestamente sobornos de Odebrecht.
Por otra parte, la fiscalía peruana está investigando a Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014), según el diario El Comercio. El ministerio público abrió diligencias a Prado Ramos después de que EL PAÍS publicara que este antiguo cargo público tuvo una cuenta en la BPA gestionada por una empresa de Odebrecht.
investigacion@elpais.es
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