Un juez paraliza la ley de Texas que criminaliza a las ‘ciudades santuario’

La decisión, dictada por un juez de San Antonio, se produce a 24 horas de que entrara en vigor, el viernes 1 de septiembre, y con todo el país pendiente de Texas, por los efectos de la tormenta Harvey. Se trata solo de una medida cautelar que no entra a valorar el fondo de la ley, pero encuentra que hay razones para frenar los daños que podría causar si entra en vigor mientras se resuelve la demanda de varias ciudades tejanas contra el estado. La decisión es un importante bache, no para Trump, que puede desentenderse de una batalla estatal, pero sí para el futuro de sus políticas.

La SB4 hace realidad la visión del presidente Donald Trump y el fiscal general, Jeff Sessions, de un país en el que todas las fuerzas del orden estén dedicadas a perseguir a los más de 11 millones de inmigrantes sin papeles que se calcula que viven en Estados Unidos. Desde hace años, los cuerpos de policía de ciudades con mucha población inmigrante, que tienen las competencias de seguridad, ignoran el estatus migratorio de cada uno a la hora de aplicar la ley. Es decir, no miran si alguien está buscado por inmigración (una competencia federal). Cada política es distinta, pero en la era Trump se les llama a todas ciudades santuario.

Trump hizo campaña contra estas ciudades, a las que llamó una “desgracia” para el país a pesar de ser prácticamente todas las grandes ciudades de Estados Unidos. En su relato de que los inmigrantes irregulares son una amenaza para la seguridad porque roban y matan descontrolados, el fiscal ha señalado a las ciudades como cómplices de cualquier delito que cometa un irregular. Sessions amenazó con quitar fondos federales a las ciudades que no colaboren con la policía de inmigración. Esa amenaza se demostró dudosamente constitucional y también está pendiente de la decisión de la justicia.

La ley de los republicanos de Texas, que controlan las dos cámaras del Legislativo estatal más el gobernador, se presentó en el Senado estatal a la semana siguiente de ganar Donald Trump las elecciones, el pasado noviembre. El gobernador lo declaró una prioridad de la agenda legislativa, una “emergencia”. La SB4 prohíbe cualquier legislación local que limite la cooperación con la policía de inmigración, bajo pena de multa o cárcel. Pero además permite a la policía a pedir los papeles a cualquiera si sospecha que está ilegalmente en el país. Es decir, Texas hace casi obligatorio en el segundo estado más grande del país lo que el sheriff Joe Arpaio hacía por vocación en el condado de Maricopa en Arizona.

Durante la tramitación, el conflicto fue evidente con policías locales y condados que no solo no lo consideran una prioridad, sino un peligro para la seguridad. Los jefes de policía de Dallas y Houston llegaron a publicar un artículo conjunto en el que alertaban de que aterrorizar a la comunidad inmigrante tiene consecuencias, pues dejan de colaborar con la policía. Las dos grandes ciudades del norte y el sur de Texas son la tercera y cuarta con más inmigrantes irregulares de Estados Unidos, después de Nueva York y Los Ángeles, con alrededor de un millón de personas entre las dos.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la ley el pasado 7 de mayo. Dos días después, una minúscula localidad de la frontera llamada El Cenizo presentó la denuncia de inconstitucionalidad. A esta denuncia se sumaron las grandes ciudades de Texas más dos condados.

Abbott publicó un comunicado en la noche del miércoles en el que decía que la decisión "hace a Texas menos segura" y que "pandilleros y criminales peligrosos (...) serán liberados para atacar a nuestras comunidades". Abbott dijo que recurriría inmediatamente y se mostró confiado en que los precedentes le avalan.

El juez que tomó la decisión, Orlando García, de San Antonio, encontró posibles violaciones de la primera y la cuarta enmienda de la Constitución en las restricciones que impone a los ayuntamientos y los cuerpos de policía locales. El fallo será recurrido ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Con sede en Nueva Orleans y con jurisdicción sobre Louisiana, Texas y Mississippi, se le considera uno de los tribunales más conservadores del país.