Hospitales sin medicinas en Venezuela
La escasez de fármacos obliga a las ONG a movilizarse para salvar a miles de ciudadanos sin tratamiento
La cura de Ángel Gutiérrez, un niño de cinco años con cáncer, está en el centro de un laberinto político. “Lo que más me angustia es que su tratamiento médico se interrumpa por la crisis que hay en Venezuela”, dice frente al hospital su madre, Marilyn Ochoa, en referencia a la deriva económica e institucional del país sudamericano. “Hasta mi esposo se fue a Colombia para intentar establecerse y poder llevar al niño. Por ahora debemos resistir aquí”. Mientras se remodela la fachada del lugar, el hospital José Manuel de los Ríos —el principal centro de atención para niños de Caracas—, los doctores explican a los padres de los pacientes que no tienen insumos para atender emergencias. “No necesitamos paredes pintadas, sino un quirófano que funcione y medicamentos para los niños”, critica Marilyn.
Según estimaciones de Bank of America Merrill Lynch, Venezuela fue el principal importador de medicinas de América Latina en 2013 con compras por 3.700 millones de dólares (3.150 millones de euros). La caída desde entonces ha sido estrepitosa. El desplome del precio del petróleo a partir de 2014 ha dejado al Gobierno sin divisas para importar productos de primera necesidad ni para distribuir entre la ya de por sí escasa industria farmacéutica venezolana, ahora sin acceso a insumos para producir. De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, entre 2013 y 2015, la disminución de la importación de medicinas fue del 39,1% en el país. La Federación Venezolana Farmacéutica cifraba la escasez de medicamentos el año pasado en el 80%.
El Gobierno impide la entrada de ayuda humanitaria porque, según coinciden críticos del régimen, eso implicaría reconocer la existencia de la crisis. Mucha gente apela a las donaciones internacionales, para lo cual se han movilizado numerosas ONG, al intercambio o la compra de medicinas en el mercado negro como alternativas. Ángel debe trasladarse mensualmente desde la ciudad de San Cristóbal, en el Estado de Táchira (Andes), hasta Caracas para ser atendido en el centro médico. Se trata de un viaje de entre 12 y 24 horas por carretera. “Si no lo hacemos, lo condenaríamos a muerte. En San Cristóbal solo hay un oncólogo pediátrico. No hay insumos médicos, tampoco equipos”, explica la madre.
Su hijo necesita una Gammagrafía con MIBG para evaluar el avance de su enfermedad, un neuroblastoma de alto riesgo —un tumor maligno formado por células nerviosas—. Pero no existen las sustancias indispensables para realizarlo en el hospital. “No se está haciendo en Venezuela por falta de reactivos. Nuestra opción sería hacerlo en Colombia, donde es muy costoso para nuestra familia”, se lamenta Marilyn.
Cerco sanitario
La ONG Una Medicina para Venezuela es una de las que recolecta medicamentos para ayudar a enfermos como Ángel, atrapados en el cerco sanitario. La organización envía las medicinas por medio de compañías locales que deben sortear una sarta de obstáculos en cuyo extremo se encuentra el Seniat, la autoridad aduanera venezolana, dirigida por el hermano de Diosdado Cabello, el número dos del chavismo y hombre fuerte del régimen que desde la elección de la Asamblea Constituyente el 30 de julio ha visto acrecentarse aún más su poder.
Caracas prohíbe el transporte privado de medicinas y alimentos, a lo que se suma la corrupción campante en las aduanas, según explican en una entrevista los venezolanos Vanessa Pineda, presidenta de la ONG, y el cantante Carlos Baute, miembro de la organización. Una vez superadas las numerosas barreras, la red de ayuda debe cuidarse de llamar la atención con grandes almacenamientos so pena de ser acusados de acaparar las medicinas o de contrabando.
La ONG venezolana Codevida se encarga de la distribución sobre el terreno por medio de una droguería telefónica. “La farmacia pasó de recibir 300 llamadas al mes en 2016 a 5.000 este año”, afirman Pineda y Baute. Codevida reúne información sobre las medicinas más demandadas, entre las que se encuentran las necesarias para operaciones de trasplante de órganos, analgésicos para terminales, medicamentos para la esclerosis múltiple, la hepatitis...
“Lo único que no podemos mandar es insulina, porque necesita un control de cadena de frío”, explica Pineda. En el proceso participa una base de 30 voluntarios fijos que gestionan las donaciones, la mayoría de las cuales se tramitan por la página de Facebook o con aportaciones de laboratorios y farmacias.
El médico Carlos Ponte Negretti y otros expertos de la Sociedad Venezolana de Cardiología han coordinado una encuesta sobre la situación de los 43 principales centros de salud del país sudamericano enfocada en la dotación para tratar enfermedades cardiovasculares. Un 75% de los hospitales no tenía ni aspirinas, un fármaco indispensable para el tratamiento de enfermedades del corazón. “Se están atendiendo a pacientes con infartos como se hacía hace 40 años, época en que la incidencia de muertes por este motivo alcanzaba un 15%. Nuestra terapia se ha convertido en contemplativa”, asegura Ponte Negretti.
El Gobierno no divulga cifras de mortalidad desde 2013. Eso dificulta conocer las dimensiones reales de la crisis. Francisco Valencia, presidente de Codevida, está convencido de que las muertes han aumentado por la escasez de medicinas o los fallos en los hospitales. “Ya casi no quedan medicamentos de alto costo. Las personas con cáncer, hemofilia y diabetes no hallan tratamiento. El Gobierno condena a una muerte silenciosa a los pacientes con enfermedades crónicas”.
Sin dormir por miedo a una recaída
Beatriz Penín, una traductora de 41 años, encontró la salida a miles de kilómetros de Venezuela. Tras superar un agresivo cáncer de ovarios hace cinco años, “cuando ya empezaban a escasear las medicinas y los servicios médicos”, según cuenta en una llamada telefónica, Beatriz se tropezó con una creciente dificultad para que le practicaran los exámenes de seguimiento de la enfermedad, cuya reaparición es más probable en los primeros años de la recuperación. “Conseguí el contraste (la sustancia para hacer una tomografía) después de un mes de estar buscándola, un mes en el que prácticamente no pude dormir”, recuerda. “Si el examen valía 25.000 bolívares en 2014, en un centro público, a mí me costó unos 77.000 en uno privado el año siguiente (cerca de 10 veces el salario mínimo de la época)”. El temor a una recaída que no pudiera ser diagnosticada la llevó a marcharse a España, el país de su padre, ya fallecido.
