La justicia peruana confirma la prisión para el expresidente Humala

El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia deberán permanecer en la cárcel hasta cumplir los 18 meses de prisión preventiva impuestos por un juzgado de Lima. Así lo dispuso la Segunda Sala de Apelaciones, presidida por el juez César Salhuanay, que declaró infundado un recurso de apelación interpuesto por la defensa de la expareja presidencial.

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Este viernes por la mañana, la sala envió un correo electrónico a los abogados de Humala y Heredia, que contenía la resolución de 57 páginas donde se confirmaba su detención. Los magistrados precisaron haber llegado a esta conclusión considerando que ambos esposos son procesados por "el delito de lavado de activos agravado" y que "su actuación se habría dado dentro del contexto de una organización criminal que rebasa las fronteras nacionales".

A Humala y Heredia se los acusa de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, por presuntamente haber recibido tres millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht como parte del financiamiento de la campaña electoral de 2011. Entonces Humala postuló a la presidencia por el Partido Nacionalista, por el que finalmente resultó elegido.

Los hechos se conocieron gracias a Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú. Barata declaró a un grupo de fiscales que viajaron a interrogarlo a Brasil que, a mediados de 2010, recibió una llamada donde Marcelo Odebrecht le ordenó efectuar donaciones para la campaña nacionalista. Estas gestiones se realizaron a solicitud expresa del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, cuya caja común con el gigante brasileño de la construcción estaba a cargo del entonces ministro de Hacienda, Antonio Palocci, conocido como El Italiano. Los millonarios envíos de dinero habrían sido maquillados a través de falsos donantes.

Los dichos de Barata fueron confirmados por el propio Marcelo Odebrecht. Un escrito del Supremo Tribunal Federal de Brasil señala que, según el empresario de la construcción, "el Grupo Odebrecht, a pedido de Antonio Palocci Filho, habría enviado, a través del Departamento de Operaciones Estructuradas [la dependencia de Odebrecht encargada de administrar los sobornos], tres millones de dólares al candidato a la Presidencia del Perú Ollanta Humala".

El fiscal Germán Juárez Atoche ha investigado durante tres años los hechos de este caso, pero hasta ahora no ha presentado una acusación contra Humala y Heredia. A pesar de ello, hace tres semanas interpuso el pedido de prisión preventiva, que finalmente fue aceptado. Entre la información que aportó figuran documentos sobre el traspaso de dinero entre la cuenta del Partido Nacionalista y Nadine Heredia. Por tratarse de delitos ocurridos antes de asumir la presidencia, a Humala —quien gobernó hasta julio de 2016— no lo ampara el derecho al antejuicio.

"Aquí tenemos a un presidente que llegó al poder y gobernó mediante una campaña electoral basada en dinero ilícito. Eso es serio porque hiere moralmente a la sociedad", declaró entonces el fiscal Juárez. Sus argumentos convencieron al juez de que existían elementos de delito, que se podía presumir una manipulación de las pruebas del caso, y que había peligro de que los acusados intentaran salir del país, lo que hacía del encarcelamiento una medida proporcional.

Conocida la noticia, ambos se entregaron en el Poder Judicial. Humala fue enviado a la prisión de Barbadillo, en la que también está recluido el expresidente Alberto Fujimori. Heredia fue conducida al anexo del penal de Chorrillos, el único para mujeres en Lima.

Consultado sobre el tema, el asesor jurídico de Ollanta Humala y Nadine Heredia, el excongresista nacionalista Santiago Gastañadui, aseguró que la sala de apelaciones debió dictar una comparecencia preventiva contra sus defendidos. Aseguró que ahora podría plantearse un recurso de casación ante la Corte Suprema, que tendría el inconveniente de tardar cinco meses en ser resuelto. Como la fiscalía lleva tres años de investigación sin acusar, indicó que la otra alternativa es un recurso de habeas corpus, que demoraría unos 15 días en resolverse y obligaría a la fiscalía a presentar la imputación.