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“Mi vida no ha cambiado nada, pero al menos esto es mío”

Lula da Silva, y todos los gobernantes que se lo propusieron, no cumplieron su promesa de entregar millones de títulos de propiedad en Brasil

Vista de la Rocinha, considerada la mayor favela de Brasil.
Vista de la Rocinha, considerada la mayor favela de Brasil.

Maria dos Reis, de 57 años, vive en Vidigal, una favela de Río de Janeiro que trepa por las faldas de una montaña de más de 500 metros de altitud. Su casa tiene dos pisos y una terraza, tres habitaciones pequeñas y dos baños y desde sus ventanas corredizas se ve el mar que baña la playa de Ipanema. Comprada hace 17 años, cuando llegó a Río desde el interior de Brasil, Maria consiguió ser propietaria oficial de esa modesta joya en la que hoy vive con su marido, su hermana, su hija y sus tres nietos, hace solamente tres años. Fue en una de las diversas campañas que autoridades de todas las esferas –estatal, municipal y federal–, emprenden de vez en cuando para regularizar la precariedad, sin acabar con ella. Mientras Maria tiene su registro oficial, muchos de sus vecinos, a apenas 200 metros de distancia, viven a la espera de un documento que les convierta en dueños de sus casas construidas con sus propias manos.

“Mi vida no ha cambiado mucho, pero tengo la seguridad de que esto es mío, de que nadie me lo va a quitar”, dice la vendedora. Maria podría ser el ejemplo del combate contra la desigualdad que comienza con un simple papel, si no fuese porque Brasil lleva años tropezando en el mismo desafío: el país no sabe ni cuántas personas viven en la irregularidad, sin títulos de propiedad. Sí sabe que el problema se extiende más allá de las favelas revelando el desorden de su crecimiento urbano en las últimas décadas. Sin políticas habitacionales para todos, los trabajadores más pobres fueron ocupando terrenos y hoy decenas de miles de domicilios de barrios integrados en las ciudades tampoco aparecen en los registros inmobiliarios. Oficialmente, son casas de nadie.

En Brasil, cerca de 11,5 millones de personas viven en favelas, casi un 6% de la población, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. En la ciudad de Río de Janeiro, 22% de sus habitantes ocupa estos barrios donde la improvisación de estructura básica suele ser regla y los títulos de propiedad, excepción. Luiz Inácio Lula da Silva se estrenó en la presidencia en 2003 prometiendo registros de propiedad para millones de personas, meta de gobiernos para combatir la desigualdad, estimular el crédito y la economía local. Pero el plan, tan complejo como las leyes y burocracias brasileñas, no cuajó así como el de tantos otros alcaldes y gobernadores en busca de popularidad entre los más pobres. Ante la complicación de legalizar una favela entera, se reparten algunos puñados de títulos aquí y allá sin terminar de igualarla nunca a la ciudad. La informalidad se ha ido resolviendo con más informalidad y, donde no hay Estado, asociaciones de vecinos y ONGs asumen la función de notarios para dar alguna dirección postal al caos.

A menos de cinco quilómetros de la casa de Maria, René Melo, de 40 años, vive y regenta una panadería en una de las mayores favelas de Brasil y de América Latina. La Rocinha, enclavada en el barrio rico de São Conrado, tiene, según cálculos no oficiales de las asociaciones de vecinos, cerca de 200.000 habitantes: la población de Castellón concentrada en una ladera. Una maraña de cables cruza sus callejones, huele a moho y las aguas fecales corren por sus calles, el narcotráfico continua imponiendo sus leyes mientras disputa poder con la policía y el correo solo llega a algunos puntos gracias a la ayuda de carteros comunitarios o el dueño del bar que presta su dirección a los vecinos. En un laberinto de construcciones superpuestas, considerado uno de los principales focos de tuberculosis de todo el país, no resulta nada fácil encontrar la calle 1, callejón 10, casa 55.

René, como cerca del 90% de sus vecinos, no tiene el título de la casa que sus padres compraron en la parte más alta del barrio, donde solo se llega previa autorización del traficante considerado el dueño de la favela. Ahora que su madre se hace mayor, decidieron mudarse a una parte más accesible y pasaron a pagar un alquiler de 300 euros. “Dejé mi casa vacía, porque necesito reformarla antes de poder alquilarla ¿Pero de dónde saco el dinero? Si tuviese un préstamo no solo podría renovar la casa sino que compraría unas máquinas para mi negocio, para hacer panes diferentes. Compraría sillas y mesas para abrir la panadería por la noche como pizzería. Pero sin título de propiedad el banco ni te abre la puerta”, explica.

“La exclusión comienza con la falta de propiedad”, afirma Paulo Rabello Castro, hoy presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y que en 2008 lideró como abogado, pro bono, un proyecto para regularizar las casi 1.500 casas de la favela Cantagalo, entre los turísticos barrios de Ipanema y Copacabana. Era un proyecto piloto que buscaba seguridad, crecimiento y reconocimiento pero “la burocracia y la política pararon el proceso”, lamenta Rabello, frustrado porque después de nueve años los títulos aún no se entregaron. Rabello, defensor del estimulo económico que supone integrar una comunidad entera al sistema y no solo un puñado de casas, insiste: “No adelanta invertir millones en asistencia social. Si alguien se ve con una condición patrimonial diferente del resto, por más que lo cubras de oro continuará sintiéndose excluido”. René, a su manera, dice lo mismo: “Es una falta de respeto. Si todos nosotros vivimos en el mismo agujero y pagamos los mismos impuestos, ¿por qué unos tienen algo que otros no tienen?”

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